Editorial Gabriel Ignacio Anitua
CONICET/UNPAZ/UBA, Argentina
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Adrián Norberto Martín
UNPAZ/UBA, Argentina
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La publicación del tercer número de Estudios sobre Derecho y Sistema Penal, revista semestral del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales (IIEC) de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), confirma la consolidación de un proyecto colectivo. Como toda iniciativa académica sostenida en el tiempo, su continuidad depende del trabajo articulado de múltiples actores institucionales y de la comunidad académica en sentido amplio. Corresponde reconocer, en primer término, a quienes integran el equipo editorial y al comité científico. Asimismo, resulta imprescindible destacar la tarea de quienes realizaron evaluaciones externas de manera desinteresada, aportando tiempo y conocimiento especializado. También se reconoce el trabajo sostenido del equipo de EDUNPAZ, del IIEC y del conjunto de la comunidad universitaria de la UNPAZ: personal docente, no docente y del equipo de gestión. Este número se produce en un contexto particularmente adverso para el sistema científico y universitario público argentino. Se registran tensiones institucionales derivadas del incumplimiento de normas vigentes y de resoluciones judiciales que procuran garantizar el financiamiento y funcionamiento de las universidades nacionales, pero también derivadas de discursos que declaran una “guerra cultural” y que cuestionan el valor del conocimiento científico. En ese marco, se destaca el esfuerzo de todas estas personas para seguir realizando lo que serían tareas cotidianas en otros momentos. Entre esos esfuerzos se cuenta la aparición de este número de la revista, lo que resulta especialmente valioso y valeroso. Nos enorgullecemos de formar parte de estos esfuerzos de resistencia y confiamos en que más temprano que tarde esas características de valor sean efectivamente valoradas social y políticamente en la Argentina. Con la publicación de este tercer número, y ya transitando el segundo año de trabajo, reafirmamos el valor de la investigación y de la difusión de la labor científica en nuestra universidad y en nuestro país. Como ya hemos dicho, en este contexto fuertemente desafiante para la investigación y la docencia universitaria pública en Argentina –donde, además, se observan ataques abiertos contra los derechos humanos– se impone el deber y la necesidad de remarcar estos objetivos y de la dimensión igualitaria del derecho, así como su función pacificadora. Particularmente, esta función pacificadora también está en cuestión en el ámbito internacional. Los aberrantes acontecimientos y masacres que estamos presenciando –en vivo y en directo como nunca antes en la historia humana, debido al desarrollo de las tecnologías comunicacionales– en Gaza y más recientemente en Líbano e Irán, permiten advertir el rumbo que está tomando el ejercicio del poder frente a toda la configuración jurídica desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente destinada a evitar genocidios. En el momento en que escribimos estas líneas presenciamos azoradas expresiones (“vamos a destruir una civilización”) del presidente de la primera potencia militar del mundo que o bien amenaza o expresa el aspecto subjetivo específico (o ultraintención) del genocidio. La justicia penal internacional no parece tener potencia para impedirlo. Creemos que defender el conocimiento científico y la vigencia del derecho local e internacional es fundamental para el momento histórico. El objeto de nuestra disciplina es insistir en ese programa igualitario y pacificador del proyecto jurídico penal garantista. Por ello, sin dudas, este es el momento de reflexionar y encontrar formas de resistir a esa y a otras, cada vez más variadas, formas de violencia. En el plano interno, las improntas punitivas que desatienden y desarman redes de protección de derechos también están a la orden del día. La última de ellas, al menos a nivel legislativo, ha sido la reforma del régimen penal juvenil, en particular, lo atinente a la reducción de la edad de punibilidad. Nuevamente, y de la misma forma que se hace a nivel internacional, las excusas radican en discursos de seguridad. Sin embargo, sabemos que la evidencia empírica indica que la ampliación del sistema penal hacia franjas etarias más bajas tiende a agravar las condiciones de la niñez, sobre todo de la más vulnerable por sus condiciones socioeconómicas, sin modificar un ápice la situación de la comisión de delitos. Es sabido que, en contextos de desigualdad estructural, el ejercicio del poder punitivo no se distribuye de manera homogénea, sino que recae con mayor intensidad sobre poblaciones ya expuestas a condiciones de exclusión. Organismos internacionales han sostenido de manera consistente que las respuestas estatales frente a conflictos penales que involucran a personas menores de edad deben priorizar enfoques restaurativos, educativos y de inclusión social, en línea con estándares derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, al igual que ocurre en el plano internacional, esa producción jurídica desarrollada en la segunda parte del siglo pasado es desoída. En este contexto, el campo de los estudios sobre sistema penal mantiene una responsabilidad específica: sostener una perspectiva crítica que reafirme los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos. Ello implica no solo analizar las formas tradicionales de violencia institucional, sino también comprender nuevas modalidades de ejercicio del poder punitivo y sus articulaciones con procesos políticos y económicos. Desde su origen, la revista se propuso promover la producción y circulación de investigaciones bonaerenses, nacionales y latinoamericanas. En esta etapa, se considera necesario profundizar el diálogo con problemáticas de alcance global, especialmente aquellas vinculadas con violencia, guerra y transformaciones del orden jurídico internacional. Así, invitamos a la comunidad académica a contribuir con trabajos que aborden estas cuestiones desde perspectivas teóricas y empíricas. Especialmente interesantes resultan los aportes que cuentan con miradas críticas, alternativas a la penalidad tradicional o que respondan a miradas de género, interseccionalizadas con otras situaciones como la clase, la característica de migrante, etc. Los trabajos incluidos en este número fueron seleccionados mediante convocatoria abierta y evaluados conforme a estándares académicos reconocidos. El proceso incluyó una revisión preliminar por parte del comité editorial, seguida de una evaluación externa bajo el sistema de doble ciego. Se consideraron criterios de originalidad, relevancia, rigor metodológico y calidad expositiva. Este procedimiento se ajusta a los requisitos de indexación científica internacional y garantiza la calidad del contenido publicado. La sección de Artículos, ensayos y avances de investigación reúne contribuciones que reflejan diversidad temática y enfoque crítico. Así, el trabajo de Teresa Ferrería y Magalí Huayra, “Propuestas para la supervisión de alternativas a la prisión. Enfoque de derechos y perspectiva de vida cotidiana”, es una muy interesante producción sobre un terreno poco explorado de nuestra disciplina, que no solamente se relaciona con el control y ayuda para el cumplimiento de esa salida de calidad a los problemas criminales, sino que también aporta sobre el campo postpenitenciario y la eficacia de la reinserción social tanto de personas con suspensiones del proceso como de otras con condena. El trabajo de Sebastian Pablo Ocipitale, “Legítima defensa de mujeres víctimas de violencia de género. Aspectos de una dogmática en conflicto”, se suma al muy interesante desarrollo de una dogmática penal con perspectiva, o que presta atención a la cuestión, de género. Posee una perspectiva empírica que lo convierte en un aporte particularmente interesante para el análisis de prácticas cotidianas. También con esa perspectiva de género se presenta el trabajo de Natalia Saralegui, “Estereotipos de género en condenas a prisión perpetua a mujeres en Argentina (2010-2020)”, que presenta un trabajo empírico muy relevante sobre esa situación penal en nuestro país. Finalmente, la sección se cierra con el trabajo de Juan Pablo Quiroga, “Fraude de etiquetas y proceso penal juvenil: ¿es posible asignar al proceso penal juvenil una finalidad socioeducativa? A propósito del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe”, que aporta una mirada crítica sobre el área de confluencia de dos procesos de reforma que resultan de gran actualidad en ámbitos provinciales y en el nacional: el procesal penal y la justicia penal juvenil. La sección Comentarios jurisprudenciales, destinada a publicar contribuciones originales, inéditas y críticas que den cuenta de decisiones judiciales locales, nacionales o internacionales, ya se ha afianzado. Con los trabajos presentados en este tercer número se constituye en un espacio de interés tanto académico como político, por cuanto aporta material de utilidad a quienes trabajan en el sistema judicial, tradicionalmente urgido de los estándares de interpretación crítica que permiten los comentarios a fallos relevantes. En este número contamos con el trabajo de Javier Teodoro Álvarez sobre una decisión muy relevante de la Corte Suprema de la Nación. El trabajo se titula “El debate permanente sobre la prescripción de la acción penal de los delitos sexuales contra las infancias. Reflexiones a partir de la sentencia Ilarraz de la CSJN”. Finalmente, en la sección Recensiones se reciben comentarios originales e inéditos breves sobre publicaciones bibliográficas de los últimos cinco años vinculadas con la temática de nuestro interés. En este caso contamos con los trabajos de Agustín Nahuel Forcinito, que reseña el libro “Narcomenudeo: controversias entre lo que se persigue y lo que se castiga en la Ciudad de Buenos Aires”, escrito por Ariel Larroude, Juan Bautista Líbano y Santiago Zurzolo Suarez; de Melisa Brito Aller y Nicolás Pablo Gulman, que realizan el comentario del libro “Rendición de cuentas a la ciudadanía: un ejercicio democrático”, de Mario Reinaldo Velázquez y Félix Maximiliano Ghio; de Agustina Sarati y Estefanía Gelso, que reseñan el libro de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser. “Feminismo para el 99%”; de Paula Mallimaci Barral, que comenta el libro “La orientación sexual y la identidad de género en el derecho internacional de los derechos humanos. Diálogos entre la Corte IDH y el TEDH” de Javier Teodoro Álvarez; de Alan Román Serra Páez, que realiza una recensión al libro “Penas ilícitas y hermenéutica jurídica. Un análisis a propósito de las medidas de la Corte IDH respecto del IPPSC” de Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia, Alejandro Walter Slokar, Gabriela Gusis, Nadia Espina, Lucas Ciarnello, Pablo Andrés Vacani y Mariela Barresi; de Guadalupe Parra que comenta “El malentendido de la víctima: Una lectura feminista de la cultura punitiva” de Tamar Pitch; y de Nayla Santisteban que analiza el libro “La Defensa Pública en América genealogía, devenir y porvenir desde una perspectiva Latinoamericana” de Nicolás Omar Vargas. Finalmente, corresponde agradecer a quienes contribuyeron con sus trabajos y a quienes integran el público lector. Esperamos que este número estimule el debate y la investigación, fortaleciendo nuestro compromiso con la búsqueda de un sistema penal menos injusto y que limite de mejor manera las emergencias de un poder salvaje que aparece como tenebrosamente propiciador de violencias. Se invita a la lectura y a la participación en este espacio de intercambio académico, en la convicción de que la reflexión crítica constituye una herramienta indispensable frente a los desafíos actuales del derecho por reducir la violencia y la arbitrariedad en el sistema penal. Ello es, hoy más que nunca, imprescindible.