Recensión a Tamar Pitch, El malentendido de la víctima. Una lectura feminista de la cultura punitiva (Tinta Limón, 2024) Guadalupe Parra
UBA, Argentina
guadaluparra95@gmail.com | ORCID: 0009-0000-1507-1520 Recibido: 20 de agosto de 2025. Aceptado: 3 de octubre de 2025.

Review of Tamar Pitch, The victims’ misunderstanding. A feminist reading of punitive culture (Tinta Limón, 2024) Pitch, Tamar (2024). El malentendido de la víctima: Una lectura feminista de la cultura punitiva. Buenos Aires: Tinta Limón.

En El malentendido de la víctima, Tamar Pitch –jurista italiana y referente del pensamiento crítico feminista– analiza con agudeza como el discurso de la víctima ha sido cooptado por el poder punitivo, incluso dentro del propio feminismo. El texto propone revisar críticamente los supuestos sobre los que se construyen las políticas de seguridad, la justicia penal y las luchas sociales actuales. Va desarrollando a través de algunos ejemplos y teorías una serie de procesos y fenómenos que ejemplifican la deriva punitiva. La autora parte de la idea de que la justicia es clasista, racista y sexista, en la cual lo que se considera delito (criminalización primaria) y quienes serán criminalizados (criminalización secundaria) deviene de una construcción social, bajo la premisa de no todos somos iguales ante la ley. Clasista y racista, porque siempre terminan detenidas personas en situaciones de vulnerabilidad económica y social, por delitos contra la propiedad o uso y tráfico de drogas –que no siempre son los más graves necesariamente–. Y sexista, porque es de difícil acceso para reconocer y enjuiciar como delitos las ofensas y las violencias perpetradas contra las mujeres, aunque –como hablaremos más adelante- estas son utilizadas por los gobiernos o algunos movimientos sociales para justificar el punitivismo. Este cambio social, explica la autora, comenzó aproximadamente en la década del ochenta –aunque fue variando en cada país– con el cambio del término seguridad. Tiempo atrás, en el discurso público, seguridad hacía referencia a seguridad social, tener un trabajo, salud, derechos garantizados, provisión de recursos, entre otras cosas, pero ese concepto empezó a declinar en los últimos 40 años. La seguridad cambio radicalmente y empezó a relacionarse con una inmunidad personal frente a la falta de civismo y el riesgo de ser víctima de un delito. Estar seguro hoy, ya no es tener un trabajo estable, acceder a una casa, proyectar, sino no ser víctima de un delito o convertirse en una potencial víctima. Este cambio de concepto trajo consigo una respuesta política a la criminalidad –más controles, penas más altas, nuevos delitos, etc.–, que siempre es aplicada sobre los más vulnerables, en barrios de inmigrantes o bajos recursos. Se produjo un cambio del foco de atención, ya no está en los “criminales” sino en las “víctimas”. El delincuente ya no es visto como una víctima del sistema sobre el que hay que trabajar, resocializar o aplicar políticas, sino como opresor de otros pobres que sufren esa delincuencia, entonces empezó a legitimarse el castigo bajo el nombre de justicia social para así proteger a las víctimas buenas (los pobres buenos). Este argumento termino siendo muy funcional al punitivismo y neoliberalismo, porque ya no se discute la raíz del problema y sus causas sociales (desigualdad estructural, falta de oportunidades, educación, economía), sino que se responde de manera individual con control, represión, vigilancia y penas para “proteger” a las víctimas reales potenciales, reforzando esta idea paternalista y selectiva, en la que se protege a la víctima del delincuente. Al pobre bueno, del pobre malo. Pitch habla de una privatización de la seguridad, la cual ya no puede considerarse como un “bien público” sino como un privilegio de clase, quienes más tienen, más protegidos están, porque son quienes pueden sustentarse su propia seguridad –barrios privados, seguridad privada, vigilancia, contratación de seguros, etc.–. El estado se desliga de esta responsabilidad porque comienza a utilizarse en el discurso público como un derecho ciudadano, delegando y entregándolo a la esfera privada de cada persona, cada uno pasa a ser responsable de su propia seguridad, generando una individualización de los riesgos. Ya no se puede confiar en el Estado ni en la comunidad, solo en tu “capital humano” y es en esta sensación de inseguridad social estructural que se construye la “seguridad” como seguridad frente al delito. Se redirige el miedo social hacia el otro pobre, migrante, marginal y se construye una política criminal basada en el control, la vigilancia, la exclusión y el castigo. Esto trae aparejado varios problemas, por un lado, que seas culpable de lo que te sucede por no haberlo prevenido, y a su vez, al construirse como un derecho individual, no hay consenso, no se discute, deja de pertenecer a la esfera de lo público. El problema pasa a ser el de expulsar al diferente, lo que termina generando comunidades en base a lo que se teme, a esa idea de crimen. Esta sociedad securitaria surge en un contexto neoliberal y globalizado, donde los Estados se debilitan y ya no garantizan seguridad social. La desindustrialización, la precariedad laboral, los bajos salarios, la caída de sindicatos y las desigualdades crecientes generan una sensación general de inseguridad, que alimenta cada vez más la demanda de “seguridad”. Ya no se distribuyen bienes, sino males, y la política y el discurso público giran en torno a la gestión y control de estos últimos. No se invierte en políticas de redistribución y derechos sociales concretos para modificar lo social y estructural, sino que se crean mayores controles y medidas punitivistas. Se instala la idea de que cada persona es responsable de su destino, incluso si el contexto es hostil, y la política deja de ser una herramienta de justicia social y se convierte en administradora del miedo, donde los fenómenos sociales complejos se regulan con el código penal, criminalizando la pobreza, la marginalidad social y la inmigración. Bajo esta lógica, donde hoy nos sentimos seguros bajo ciertas condiciones que nos protegen individualmente del riesgo de convertirnos en víctimas de conductas nocivas, la justicia penal es invocada como la solución a todos los problemas como sociedad. Tamar Pitch afirma que el lugar central que ocupa hoy la víctima en el discurso público –medios, política, instituciones, incluso movimientos sociales– es un síntoma de que el lenguaje y la lógica penal se volvieron hegemónicos, todo se piensa y expresa en términos penales, incluso cuando se intentan ampliar derechos. El concepto de víctima –a diferencia del término oprimida/o que remite a una condición estructural de desigualdad– refiere a una experiencia de daño individual causado por otro individuo, pide reconocimiento y castigo, no transformación, confundiendo muchas veces justicia con venganza. En este contexto, movimientos como el feminismo, que nacieron para combatir desigualdades y ganar derechos, terminaron asumiendo el lugar de víctimas y repitiendo muchas veces la misma lógica punitiva que critican. Este movimiento nació cuestionando al derecho penal y al control patriarcal, pero con el tiempo dio un giro y, hoy, una parte considerada “feminismo punitivista” reclama penas más duras y la creación de nuevos delitos, incluso para víctimas que no son consideradas “buenas víctimas”. La jurista analiza en particular dos ejemplos para abordar esta lectura feminista de la cultura punitiva: por un lado, la prohibición universal de la gestación subrogada y, por el otro, la lucha contra la prostitución a través de la criminalización de clientes. Estos feminismos, al querer proteger a las mujeres como víctimas, terminan pidiendo mayor intervención del sistema penal, castigo y penas más duras, reforzando la lógica neoliberal que reduce los problemas sociales a individuos “malos” a sancionar, confiando en un derecho penal que nunca resuelve las desigualdades que el propio sistema crea. Se vuelve central la víctima y la necesidad de asumir este status para tener reconocimiento. Los movimientos hablan en nombre de las víctimas, sin escuchar ni analizar en concreto sus casos o deseos, aplicando la política neoliberal de centrarse en la individualidad y no en atacar el problema social o cultural subyacente. Lo que sucede es que muchas veces la intervención del derecho penal da una sensación de efectividad, de “hacer justicia”, aunque no soluciona el problema de fondo. Para poner un ejemplo, en Argentina con la figura del femicidio, no se logró que –en los hechos– baje la tasa de mortalidad de mujeres en casos de esta índole, sino que produjo más violencia en la sociedad, hacinamiento en cárceles y mayor cantidad de presos. A ello refiere la autora con individualización y punitivismo, se busca intervención del sistema penal, en vez de abordarse el problema desde la raíz, buscando el quiebre cultural y social en el que se desarrollan estos femicidas a fin de proteger concretamente a las mujeres que sufren violencia de genero. Pero, volviendo a los dos ejemplos en particular que desarrolla la autora, sobre la gestación subrogada la jurista sostiene que cada caso es distinto y complejo, no se puede reducir automáticamente a explotación, dominación, patriarcado o considerar a las mujeres gestantes solo como víctimas sin voz, cuando incluso muchas mujeres dan testimonio de que fue satisfactorio ayudar a otras/os, más allá de que este tipo de prácticas preceden a la técnica. Sin embargo, varios sectores del feminismo impulsaron proyectos para prohibirla, incluso pidiendo a la CEDAW que la declare una forma de discriminación contra la mujer. En esa misma línea, un sector del feminismo sostiene una postura abolicionista respecto de la prostitución a través de la criminalización de los clientes. El lenguaje es similar, sostienen la cosificación del cuerpo femenino, contra la explotación y contra la esclavitud de las mujeres, reduciendo todo a violencia de género. En su libro, la autora destaca una asimetría indudable: es reduccionista y restrictivo cuando se lo compara con la vida real de las personas involucradas, se termina dando un discurso público de la persona vulnerables desprovista de libertad y capacidad de tomar decisiones. Persona vulnerable refiere a “víctima perfecta”, totalmente obligada, que no entiende, desconoce, ni acepta nada. Lo que dice Tamar Pitch es que la alternativa entre “libre elección” y “coerción”, mientras que la libertad de elección, mantra del neoliberalismo con el que se identifica una libertad abstracta sin restricciones, se contextualice respecto de las condiciones sociales económicas y culturales en las que se produce esa “elección”. Con esto no dice que la coerción, abuso, esclavitud, violencia, no son delitos, sino que existen como tales, que quizá no son perseguidos con suficiente eficacia, pero no es que hay que crear nuevos o criminalizar más. Con ello lo que se termina logrando es polarizar, por un lado, las trabajadoras sexuales víctimas y por el otro las criminales. Por un lado, el pobre bueno y por el otro, el pobre malo. El malentendido de la víctima radica en el hecho de que, si no sos vulnerable, sumiso y te colocas en el papel de víctima, sos considerada mala víctima. Y esto, explica la autora, sucede mucho con las trabajadoras sexuales por elección, cuando no quieren denunciar a un cliente y continuar realizando ese trabajo, dejan de ser buenas víctimas a las que hay que proteger y son consideradas mala víctima, entonces si denuncian un robo/abuso, no les creen y están totalmente estigmatizadas. La intervención del sistema penal y la criminalización de clientes logro que la prostitución no se ejerza en la calle, sino en ámbitos privados, creando así también el efecto perverso de lo que puede ocurrir en la clandestinidad. Y así, la solución punitiva termina siendo parte del problema, porque “mete a todos en la misma bolsa” y limita otras estrategias sociales o estructurales para abordar esas situaciones. Ello sin perjuicio de que son prácticas que muchas veces, aunque estén prohibidas, se hacen igual y de manera clandestina, a altos costos. Algo parecido sucede con el aborto legal, que la autora lo menciona y es a su vez un derecho adquirido en Argentina hace 5 años. Este fue un claro ejemplo de que –independientemente de las dificultades que puede presentar en la práctica acceder a este derecho– la prohibición solo logro clandestinidad, mayor costo, mujeres presas y muertes, pero no logro que las mujeres dejaran de interrumpir embarazos voluntariamente. A esto refiere la autora cuando habla del malentendido de la víctima y que todo se construya desde la intervención del sistema penal sin tener en cuenta alternativas que generen protección real, utilizando a las víctimas para castigar. Entonces, así es como el feminismo punitivo termina reforzando un sistema penal que ya es profundamente selectivo, clasista y racista, la respuesta penal desplaza la discusión sobre justicia social, desigualdad estructural y derechos laborales. Se reduce todo a violencia y castigo, dejando de lado que la justicia penal castiga sobre todo a los sectores más vulnerables, no resuelve los problemas de explotación, precariedad o desigualdad. El feminismo se reduce así a la mera petición de inclusión en el mundo masculino dominante, a costa de un paternalismo que niega voz y subjetividad a las mujeres que dice representar aplastadas bajo el status de víctima. Tamar Pitch reconoce que las mujeres que sufren abusos son víctimas reales y que suelen ser subestimadas y revictimizadas en la justicia. Sin embargo, critica que el feminismo punitivo confíe en el derecho penal como solución principal, alimentando la ilusión de que nuevas figuras delictivas o penas más severas resuelven los problemas sociales. Estas demandas derivan en leyes manifiesto, usadas con fines simbólicos y políticos, que rara vez abordan las causas estructurales y terminan legitimando políticas securitarias y represivas. Por lo que la autora cuestiona si realmente es necesaria la criminalización de prácticas como la gestación subrogada o la venta de servicios sexuales, advirtiendo que lo femenino se utiliza de forma instrumental como emblema de comunidad amenazada y que si la solución fuera centrarnos en la víctima, endurecer el poder punitivo y no en políticas sociales, paradójicamente, habría que encarcelar a todos los hombres y poner una policía en cada hogar para proteger a las mujeres. Por último, hace una distinción de justicia y legalidad, y como la sociedad suele confundir estos términos bajo la lógica retributiva de “hiciste algo malo, mereces castigo”. En esta lectura Tamar Pitch termina haciéndonos reflexionar hacia dónde vamos con esto y la sociedad fragmentada que estamos construyendo, la cual termina en un binarismo de buenos y malos, donde se pierden mediaciones colectivas y siempre recae sobre los más desprotegidos y vulnerables, cuando lo que se criminaliza no es siempre lo más grave y la verdadera justicia aparece en actos que salvan vidas, protegen derechos y defienden el medio ambiente, más allá de la mera represión.

ESTUDIOS SOBRE DERECHO Y SISTEMA PENAL	AÑO II \| NÚMERO 3 JUNIO 2026 NOVIEMBRE 2026 ISSN 3072-8088
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (IIEC-UNPAZ)