Editorial Gabriel Ignacio Anitua
CONICET/UNPAZ/UBA, Argentina
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Adrián Norberto Martín
UNPAZ/UBA, Argentina
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Nos congratula en esta nota editorial dar la bienvenida a las y a los lectores de esta nueva revista. Estudios sobre el derecho y sistema penal es una publicación científica que tiene como objeto explícito el de contribuir al desarrollo de investigaciones locales y regionales, tanto teóricas como empíricas, que indaguen en los aspectos del sistema penal. Y se señala la noción de sistema para dar cuenta de una amplia concepción del fenómeno que incluye las indagaciones sobre la ley penal y procesal penal, sus sistematizaciones dogmáticas, pero también la comprensión del fenómeno penal en su aplicación práctica, a partir del análisis de las instituciones que lo componen (las fuerzas de seguridad, el sistema de justicia penal y quienes lo integran, la prisión y otras agencias de control penal). A su vez, y de este modo se promueve desde aquí trabajos que reflejen especialmente el estudio del derecho, comprendiendo tanto la legislación, en lo que hace a los procesos de criminalización primaria, como lo que hace a su aplicación, en la criminalización secundaria, lo que incluye el análisis de la jurisprudencia de los tribunales penales. Es por todo ello que se trata de una revista que necesitábamos, principalmente en tanto profesores de estas materias en el marco regional, argentino y del Conurbano Bonaerense. Nosotros, además de emprender esta tarea de editar la revista, desarrollamos la actividad docente y de investigación en la Universidad Nacional de José C. Paz. Una Universidad que está transitando su segunda década de existencia, creada en el marco de políticas educativas caracterizadas por la ampliación de la cobertura del nivel superior universitario a través de la creación de las denominadas “Universidades del Bicentenario”. El centro en el que trabajamos y que lanza esta publicación es una orgullosa Universidad del Bicentenario, que se caracteriza por su cercanía con los sectores populares y tiene una altísima proporción de sus estudiantes que son primera generación de universitarios. En tal sentido, el lema de la Universidad es “Excelencia académica e inclusión social”, y así se definen los marcos para objetivos generales, tanto de la carrera de Derecho y de su forma de enseñanza y aprendizaje, como dentro de esta la importante labor de investigación y de extensión. En ese contexto, la Universidad ha generado estudios específicos de posgrado en el área del derecho penal, procesal penal y de la ejecución de la pena. Recientemente ellos se han ampliado con la creación del Doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos, la Maestría en Derecho Procesal Penal y la Diplomatura en Derechos de Inclusión y Reinserción Social. Esos estudios de posgrado continúan el lugar privilegiado de la disciplina dentro de la enseñanza en el grado de Derecho, y asimismo en las múltiples tareas de investigación y extensión que se emprenden. Es por ello que, como extensión de esas actividades, se necesitaba de una publicación como la presente para poder lograr alcances comunicativos y hacia una comunidad más amplia. Así, en base a nuestra propuesta, la revista fue impulsada por el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales (IIEC) de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), que la sostiene desde la creación de la revista mediante la Resolución N° 689 del 7 de noviembre de 2023. Creemos que difundir contenidos jurídico-políticos sobre los asuntos penales es fundamental para la propia formación individual de académicos y operadores, y para que ello repercuta en la sociedad toda. Tanto en la misma función de abogados y abogadas penalistas como en la de investigadores e investigadoras sobre la realidad penal en la que nos toca intervenir, la formación técnica de excelencia deberá ir acompañada de una especial sensibilidad para mediar o intervenir en los delicados conflictos con consecuencias punitivas, y la violencia que comprenden. Esta será una de las características de esta nueva publicación, que surge en un difícil contexto para la tarea universitaria pública en la Argentina. Así como las Universidades del Bicentenario nacieron y crecieron al amparo de políticas educativas inclusivas, también atravesaron períodos dominados por políticas restrictivas en términos presupuestarios y reactivos en términos de la democratización. El momento en que nace esta publicación puede ser caracterizado como uno de esos contextos, pero además en el que se están produciendo graves atentados contra otros derechos relacionados con la inclusión social. De los más graves de los últimos años en Argentina. Ello pone en peligro toda la convivencia pacífica, y nos hace ser más conscientes de la impronta social y, con ello, de la responsabilidad en los análisis de esta materia en forma integral, comprendiendo tanto las herramientas jurídicas penales como, especialmente, las político-criminales. Las materias de derecho penal, procesal penal, ejecución, criminología y política criminal tienen una aparente heterogeneidad en sus contenidos pero poseen una línea común, señalada desde antaño y particularmente en los textos constitucionales, que las presenta siempre como un límite al poder salvaje (público o privado), así como una obligación por la promoción del bien común y de políticas incluyentes y reductoras de las violencias. En efecto, las mismas reglas que constituyen los límites son también las condiciones de posibilidad del ejercicio de una función estatal que debe tener aquella finalidad. Esta función estatal, al mismo tiempo que estructura y regula un programa de criminalización de ciertos comportamientos, solo en la medida en que sean lesivos de derechos, también consagra garantías. Estas no son otra cosa que límites a la función estatal de castigar y están constituidas por una serie de supuestos de orden penal y de orden procesal, bajo de los cuales no es posible una sanción, o esta debe ser limitada o reducida, o no es posible concretar procesalmente una imputación. Sin embargo, esos límites en el papel deben ser analizados en sus prácticas reales. Las características estructurales del sistema penal han dado cuenta de sus improntas selectivas y excluyentes. Es ineludible, sobre todo en una Universidad nacida a partir de políticas de inclusión social, abrir espacios en los que la mirada crítica al formalismo jurídico tenga un espacio central. Esa perspectiva crítica, que priorice mostrar la tensión entre los derechos consagrados y las realidades de los sistemas penales, en especial en nuestra región latinoamericana, es una necesidad impostergable. Debemos pensar esas prácticas, de manera situada, en base a estudios empíricos que den insumos suficientes para procurar modificar las características tradicionales del ejercicio del poder punitivo. Como podrán observar, los trabajos incluidos en este número dan cuenta de una gran variedad de intereses, pero enmarcados en una perspectiva común. Contamos también con un artículo enviado a nosotros por el profesor Raúl Zaffaroni (doctor honoris causa de la Universidad Nacional de José C. Paz) el mismo día en que se expuso como clase inaugural del mencionado Doctorado en Derecho Penal y Derechos Humanos de nuestra Universidad. Es un doble honor contar en este primer número con este artículo. Por un lado porque se trata de la inauguración y nos habla del Doctorado en la Universidad Nacional de José C. Paz, en que se intenta formar un perfil de penalista adecuado al contexto de nuestra región, y con la capacidad técnica para formular respuestas y la necesaria sensibilidad para sentir “pena”, como herramientas para articular propuestas en lo que hace a la limitación de las violencias. Por el otro, por la altísima calidad técnica del mismo artículo que permite sistematizar, a la vez, los devenires históricos de las ciencias penales y las posibilidades de futuro en concreto para nuestra región americana. Como nos ha enseñado Zaffaroni, el proyecto político penal es el que está en nuestras constituciones republicanas y en los pactos internacionales de derechos humanos así como en las obligaciones regionales como las de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si los datos de nuestro contexto revelan que esos mandatos son violados, la tarea de las disciplinas penales es advertirlo y contener los excesos de violencia, conforme a los límites fijados en las constituciones y en los mencionados tratados internacionales. Solo de esa forma podremos acercarnos a un Estado de derecho (y de bienestar) y alejarnos de un Estado represivo o incluso de uno fallido, ineficaz, y donde se imponga quien es más fuerte. En suma, con esas intenciones y orientaciones hacia las ciencias penales como objeto de análisis nos hemos puesto a trabajar en este proyecto editorial. Para ello, la revista cuenta con un excelente equipo de redacción y un prestigioso panel de investigadores e investigadoras de diversas partes del mundo que nos asesora. Además, queremos agradecer muy especialmente a todas aquellas personas que desde una inicial convocatoria han enviado colaboraciones para ser publicadas. También queremos destacar la difícil y no remunerada tarea emprendida seriamente por quienes han realizado los referatos preceptivos para esta publicación, tendientes a garantizar el nivel de las contribuciones. La revista será de publicación semestral, digital, en idioma castellano, de acceso abierto e indexada. Ella se compone, en principio, de tres secciones donde se publicarán artículos, ensayos, avances de investigación, comentarios jurisprudenciales y recensiones que no hayan sido sometidos a consideración de otras publicaciones. En la sección Artículos, ensayos y avances de investigación se reciben contribuciones originales e inéditas vinculadas con el objetivo de la revista, las cuales son sometidas al proceso de admisión establecido de acuerdo a las normas editoriales. Estas secciones recibirán propuestas con una extensión mínima de 6.000 palabras y una máxima de 10.000, incluidas notas a pie de página, bibliografía y apéndices (si son incluidos en el texto puesto a consideración). La sección Comentarios jurisprudenciales espera recibir contribuciones originales e inéditas que den cuenta de decisiones judiciales, tanto locales, nacionales como regionales, vinculadas con el objetivo de la revista y un análisis crítico de ellas. Este tipo de publicaciones también será sometido al proceso de revisión por pares. Los comentarios no podrán tener una extensión menor a 4.000 ni superior a 6.000 palabras, incluidas notas a pie de página y apéndices (si son incluidos en el texto puesto a consideración). Como se puede observar, no hemos recibido aún contribuciones para esta sección, que nos parece fundamental también para saber lo que efectivamente realiza la agencia judicial en casos concretos y aplicando ideas penales y criminológicas. En la sección Recensiones se recibirán comentarios originales e inéditos breves sobre publicaciones bibliográficas de los últimos cinco años vinculadas con la temática de la revista. Su extensión no podrá ser superior a 5.000 palabras, incluidas notas a pie de página y apéndices (si son incluidos en el texto puesto a consideración). Con estas indicaciones, reiteramos la invitación a todas y todos quienes deseen dar a publicidad sus estudios e investigaciones en una revista radicada en una Universidad del Conurbano Bonaerense, creada al amparo de políticas educativas inclusivas, y destinada a promover el pensamiento científico crítico en torno a las manifestaciones cada vez más selectivas y excluyentes del fenómeno penal. Dejamos así abierta la puerta a este nuevo espacio de información, difusión y debate, que tiene como objetivo sumar esfuerzos en pos de transformar el sistema penal en una práctica de reducción de la violencia y también del arbitrio, que lamentablemente están tan presentes en nuestras realidades. Ese esfuerzo, que siempre ha sido necesario, es hoy imprescindible, ya que el creciente debilitamiento de estos mecanismos de control sobre el ejercicio del poder punitivo, nos hace avizorar que tendremos que enfrentar formas aún más salvajes y desenfrenadas de convivencia (o “conmorencia”) social.