ESTUDIOS SOBRE DERECHO
Y SISTEMA PENAL
AÑO I | NÚMERO 1
JUNIO 2025
NOVIEMBRE 2025
ISSN 3072-8088
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (IIEC)
Recensión a Gabriel Ignacio Anitua e Iñaki Rivera Berias (coordinadores), Muertes evitables: Violencia institucional y masacres en cárceles sudamericanas (EDUNPAZ, 2023) Pablo Pinochet Ábalos
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile / Universidad de Barcelona, Barcelona
papinochet@uc.cl | ORCID: 0009-0005-4936-2461

Recibido: 6 de mayo de 2024. Aceptado: 14 de mayo de 2024.
Muertes evitables: Violencia institucional y masacres en cárceles sudamericanas Review of Gabriel Ignacio Anitua and Iñaki Rivera Berias (coordinators), Preventable deaths. Institutional violence and massacres in South American prisons (EDUNPAZ, 2023)
Anitua, G. I. y Rivera Berias, I. (coords.) (2023). Muertes evitables: Violencia institucional y masacres en cárceles sudamericanas. José C. Paz: Edunpaz.

El libro Muertes evitables. Violencia institucional y masacre en cárceles sudamericanas, coordinado por Gabriel Ignacio Anitua1 e Iñaki Rivera Beiras2 cuenta con la presentación de Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz. En esta, se augura el espíritu del libro y sus focos en la preocupación por la vida y en la cárcel como materialización de la imposición de un castigo que va más allá de la aplicación de un dolor. La introducción del libro elaborada por ambos coordinadores comienza con una primera alerta sobre la situación carcelaria en América Latina. En los últimos años, han aumentado en intensidad y número las muertes en las cárceles de la región, lo que es un resultado directo de la hiperencarcelación o encarcelación masiva. Anitua y Rivera, citando a Raúl E. Zaffaroni, nos adelantan el peso de la situación, la cual correspondería a una “forma particular de genocidio” (21). Los países latinoamericanos están encarcelando más y más rápido, aun cuando en otras latitudes la encarcelación ha ido disminuyendo (27), lo que también levanta preguntas sobre esta especificidad latinoamericana y la normalización de las muertes como consecuencia de esto. Ante este panorama, es que se muestra el ímpetu por parte de los coordinadores de tener una perspectiva vitalista al respecto, que se caracteriza por el encuentro con aquel que sufre: con esa persona que padece una herida distinta a la nuestra, una herida que tal vez nos recuerde la propia o la de alguien conocido; el diálogo con los afectados, la inclusión e integración de esas vivencias como parte de la comprensión teórica y conceptual de una temática (Gunthmann y Rivera, 2023: 123). Y es que cada uno de los capítulos siguientes al enunciar, nominar o enumerar las muertes bajo custodia del Estado, hacen justicia con todas esas personas que murieron y a quienes dejan. Luego de la introducción, Raúl E. Zaffaroni continúa con el capítulo “El genocidio de la prisionización masiva” en el cual desarrolla en ocho puntos la situación de los sistemas penitenciarios en América Latina y la relación con los organismos internacionales. De estos, pueden destacarse el rol de los medios de comunicación, el abuso de la prisión preventiva, el encarcelamiento como tortura, el problema del sistema de penas y la escala penal, la importación de discursos político-criminales en la región, la conceptualización de instituciones totales sobrepobladas, la omisión de recomendaciones internacionales y el tardocolonialismo económico de la región. Ante ese punto de partida de Raúl E. Zaffaroni, se delimitan los distintos campos de análisis que serán descritos en los capítulos siguientes. En el siguiente capítulo, se realiza un aterrizaje metodológico y conceptual para facilitarle al lector los conceptos claves. “Muertes en prisiones de América del Sur”, de Ramiro Gual, describe la dificultad de investigar las muertes bajo custodia y, por tanto, el ejercicio comparativo entre los países de la región. Ante la dificultad de contar con información cuantitativa estandarizable y con el llamado también de que sean la academia y la sociedad civil quienes generen tal información, Gual entrega claves cualitativas para comprender el panorama regional. Define el concepto de Zaffaroni de muertes anunciadas en los sistemas penitenciarios (normalizadas e institucionalizadas) y lo subdivide en matanzas colectivas y masacres por goteo (69). Respecto al concepto de matanzas colectivas, Gual las define como aquellos episodios de muertes enmarcadas en dinámicas de alta violencia carcelaria que captan la atención pública y que son causadas tanto por acción u omisión por parte de la administración penitenciaria. Así, dentro de estas se consideran aquellas matanzas como el incendio del Pabellón Séptimo de la cárcel de Villa Devoto, en Argentina, en el que murieron 65 personas (episodio descrito en más profundidad en el capítulo de Claudia Cesaroni) o la intervención policial en la prisión de Carandirú en la que 111 detenidos sufrieron graves lesiones o perdieron su vida. Ambos ejemplos (y otros descritos en el mismo volumen) cuentan con la transversalidad de haberse gatillado desde la cotidianidad de la vida en la cárcel y, por ende, por aspectos estructurales y no aislados (71). Las masacres penitenciarias por goteo, en cambio, representan aquellas que suceden lentamente y sin llamar la atención (75). Ocurren por autoagresiones, suicidios y un surtido de enfermedades fácilmente tratables en el medio libre. Esta variedad también supone desafíos metodológicos para la comparación regional, ya que existen países que registran las muertes bajo custodia y que suelen contar con definiciones no excluyentes entre sí. De todos modos, el autor reporta que, en el caso argentino, la masacre por goteo se expresa en mayor proporción a través de muertes por enfermedades (78). Finalmente, el autor matiza la conceptualización y la perspectiva realista de la cárcel, con ambos conceptos principales (matanzas colectivas y masacres por goteo) como puntos de encuentro o de tránsito en la vida cotidiana de la cárcel. Y es que las condiciones estructurales (como el hacinamiento, falta de personal, recursos, entre otros) de las cárceles latinoamericanas, así como también las decisiones político-criminales, aportan a la germinación de matanzas colectivas, o bien permiten u omiten aquellas masacres por goteo. Estos dos conceptos centrales y sus puntos de encuentro son abordados por todos los capítulos siguientes (con sus focos o matices) en los que se ofrecen antecedentes de distintos países de la región, tales como Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Chile y Brasil. La fibra de sensibilidad, alarma política y conexión con saberes comúnmente desechados logra congeniar con el rigor y la calidad de la información y los relatos entregados por las y los autores. “Características y evolución de la muerte bajo custodia en Uruguay”, de Ana Vigna y Santiago Sosa Barón, trata sobre las cifras oficiales de muertes bajo custodia en dicho país, sus limitaciones metodológicas y tendencias. Siguiendo a Gual de este mismo volumen, ante la inexactitud de la administración penitenciaria, describe cómo la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario (OCP), en conjunto con la Universidad de la República registran y sistematizan la información sobre las vidas que se pierden en las cárceles uruguayas. Sus reflexiones finales advierten sobre la importancia de mantener un registro independiente de la masacre por goteo que se ejerce parsimoniosamente en el sistema penitenciario de Uruguay, haciendo un llamado a la academia y a los organismos de la sociedad civil para lograr información de calidad (210). “Violencia carcelaria en Colombia”, de Natalia Giraldo Cano, hace una revisión de la situación penitenciaria colombiana que tuvo como clivaje, a fines de los noventa y con la financiación de Estados Unidos, la implementación del programa “Nueva Cultura Penitenicaria” y la creación de once nuevas megacárceles (222). Se demuestra que, en base a un liberalismo autoritario, de 2006 a 2023, aumentó la tasa de prisionalización, así como la tasa de hacinamiento, lo que saturó y tensionó al sistema. En 2020, esta tensión tuvo como catalizador el 2020 una jornada masiva de manifestación en trece centros penitenciarios por las malas condiciones sociosanitarias de cara a la pandemia. Hallazgos similares son descritos en “Letalidad carcelaria en Brasil: reconfiguraciones y tendencias” de Bruno Rotta Almeida. El análisis de la intersección entre salud y muerte en el sistema penitenciario brasileño es contrastado con la tasa de prisionalización, hacinamiento y por el conjunto de políticas públicas orientadas al control y la exclusión social de una población con características específicas, lo que hace de sus muertes desconocidas y sus vidas ignoradas (297). En, “Las masacres del norte de Brasil” Sacha Darke, ofrece explicaciones realistas sobre el rol que cumplen las bandas del crimen organizado en las matanzas colectivas dentro de las prisiones de los últimos años. Alejada de explicaciones simplistas, y a diferencia de la tendencia del Estado brasilero a des-responsabilizarse de dichos sucesos, divide sus argumentos en que en primer lugar la guerra contra las drogas y su punitivismo es el causante de la conformación de las pandillas (y no al revés). En segundo lugar, las matanzas carcelarias llevadas a cabo por dichas bandas se insertan en la crisis de corto plazo de un sistema de cogobierno carcelario entre internos y administración penitenciaria ya existente en la historia penitenciaria brasilera. En línea con lo planteado por Darke, en el capítulo “Matar y dejar matar en las prisiones del Ecuador”, de Jorge Vicente Paladines, se desmitifican respuestas miopes a las macabras matanzas colectivas lideradas por bandas de crimen organizado que no tiene precedentes en la historia de Ecuador. La situación desbordó las cárceles y ha impactado en la seguridad pública en el medio libre. Las matanzas colectivas que entre febrero de 2021 y abril 2023 “machacaron” la sustancia humana se llevaron 443 vidas, acelerando la crisis del sistema de rehabilitación y relegando el rol del Estado a hacer de Cruz Roja (96). Lo anterior revierte la concepción tradicional de que las cárceles son reflejo de la sociedad: la sociedad comienza a verse afectada y reflejada desde las cárceles. Al considerar, entonces, la bidireccionalidad entre cárcel y sociedad, el autor plantea tres escenarios posibles ante esta crisis. El primero es la realización de un acuerdo con las organizaciones criminales, cimentando una pax mafiosa inestable y convirtiendo al Estado en un Narcoestado. El segundo escenario sería la adopción de políticas de (más) mano dura, haciendo improbable la reducción de la violencia. Finalmente, el tercer escenario que propone el autor, con cierto optimismo y sosteniéndose en los planteamientos de Rusche, es el cambio en la política económica. Esto no ofrece alternativas de corto plazo, pero no compromete la ética del Estado y conllevaría tan solo el riesgo de convertir al Estado en un Estado social (139). Dos capítulos centrados en Argentina hacen un ejercicio de memoria y análisis crítico de dos incendios ocurridos en prisión en los que murieron y se dejó morir a personas privadas de libertad por acción u omisión de la administración penitenciaria de entonces. El primero es “Donde hubo fuego… Los problemas del encierro en la provincia de Buenos Aires, a casi 20 años del incendio de Magdalena”, de Mariano Lanziano y Agustina Lloret. Los autores describen los casi veinte años de la muerte de 33 internos en el incendio en 2005. Los autores describen los hechos probados por largo proceso judicial, con sentencia en 2018, en el que se condenó a los agentes penitenciarios involucrados. De la misma manera, en el capítulo “La Masacre en el Pabellón Séptimo y la actuación del poder judicial. Una historia de encubrimiento y silencio”, Claudia Cesaroni relata el incendio ocurrido el año 1978 en el que 65 personas murieron por el humo, las balas, el fuego o los golpes y también relata el proceso judicial desde la audiencia solicitada por un funcionario aterrorizado por lo visto, hasta el 1 de diciembre de 1986 en el que se sobreseyó el caso por segunda vez. Habían pasado tres mundiales de fútbol de adultos y cuatro juveniles desde la masacre. Habían gobernado varias juntas militares y medio gobierno democrático. Habían intervenido un juez federal y un fiscal federal, tres jueces de instrucción y tres fiscales de instrucción, varios secretarios, otros cien funcionarios judiciales, incluida una cámara, un procurador general y una corte suprema. Habían declarado cuarenta penitenciarios y ciento veinte presos. Se habían usado mil trescientas diecinueve hojas en el expediente principal, litros de tinta, kilómetros de oficios y partes. Se habían emitido sesenta y cuatro certificados de defunción, y no se había logrado ni un poco de justicia (412). Además del ejercicio de memoria de reconstituir los hechos ocurridos en ambas tragedias, estos capítulos tienen en común estos capítulos es la reconstrucción de las acciones y actitudes tomadas por la administración penitenciaria de distintos periodos respecto a su responsabilización legal ante la muerte de personas que estaban bajo su custodia. Omisiones, tergiversaciones y la búsqueda de impunidad por parte de los funcionarios penitenciarios son detalladas a lo largo de ambos procesos judiciales. Dicha situación se compara con el incendio de la cárcel de San Miguel en Chile, que dejó 81 muertos y tuvo respuestas institucionales similares, retratadas en el documental “El cielo está rojo”, de Francina Carbonell (2020), que muestra con imágenes lo que ambos capítulos describen: registros de un proceso judicial en el que la institución penitenciaria busca eludir su responsabilidad ante las muertes que causó. Se han presentado capítulos del libro que cuentan con similitudes de enfoque y metodología. Por un lado, se enfocan en las matanzas colectivas o masacres por goteo en las cárceles a nivel nacional y, por otro lado, hacen un análisis crítico del sistema penitenciario y sus subyacentes condiciones estructurales o económicas. A continuación, se describirán tres capítulos del libro que complementan la discusión de la violencia institucional en las cárceles presentada previamente de forma distinta. El primero de ellos, “Violencia penal cotidiana y deshumanización: una mirada desde el feminismo descolonial y la clínica psicoanalítica”, de Silvana Tapia Tapia y Emilio Salao, mezcla las perspectivas de un feminismo descolonial con una mirada psicoanalítica. En dicho capítulo, se presenta el concepto de violencia penal cotidiana como “aquella opresión ejercida por los procesos judiciales y administrativos no solo sobre quienes están dentro del sistema penitenciario, sino también sobre quienes reclaman justicia a través de él” (157). Esta descripción cimienta el análisis de las matanzas colectivas y las masacres por goteo, ya que el clima o ambiente carcelario se nutre de códigos y lenguajes jurídicos, muchas veces indescifrables para sus protagonistas. Lo anterior es similar a lo que Rita Segato plantea sobre el lenguaje en la cárcel que vehiculiza una comunicación procedimental, telegráfica y rudimentaria (Segato, 2003), el cual, en su desenvolvimiento, fomenta la deshumanización y descorporalización de la sentencia y ejecución de la pena privativa de libertad. El segundo capítulo que ofrece perspectivas diferentes al grueso del libro es “Violencia, populismo y cárceles en Chile” de Silvio Cuneo. Respecto al espectro de violencia penitenciaria, se ponen en cuestión no solo las condiciones estructurales y económicas descritas en la mayoría de los capítulos, sino que la misma democracia es puesta sobre la balanza para explicar este desinterés por el sufrimiento causado en las cárceles de Chile. Según el autor, a través del soporte de una criminología mediática y funcional al statu quo, se ha propiciado en el país el encarcelamiento masivo a través de discursos políticos de representantes elegidos democráticamente. Sin importar el espectro político, el autor pone en relieve, a través de declaraciones y acciones concretas en la historia política reciente de Chile, el núcleo electoral de la democracia y, en eso, la condición de posibilidad de integrar el populismo punitivo en su seno: “El evidente desprecio por la vida de quienes sufren la prisión es, en el fondo, consecuencia del hambre de un poder que es fin en sí mismo y que desprecia la dignidad humana” (270). Es interesante cómo los representantes democráticos del poder ejecutivo y legislativo se ubican dentro de la discusión político-criminal desde una perspectiva electoral y, por lo anterior, tienden a exigir mano dura o más cárceles aun cuando son medidas ineficaces. Lo anterior no ofrece salidas fáciles; o bien los políticos del país cambian el cómo hacer política criminal diferenciándose a sus votantes, o cambia el cómo se construye la opinión pública desde los medios y encuestas de opinión, o bien, cambia la percepción de la ciudadanía sobre el poder punitivo del Estado. Ninguno de los tres cambios es sencillo de cumplir ya que todos se interrelacionan entre sí, pero el autor plantea una clara advertencia en sus últimas líneas: “Solo un cambio de dirección, un viraje hacia el respeto por la dignidad humana, puede ayudarnos a evitar una política suicida” (278). El tercer capítulo que ofrece un enfoque y metodología innovadora es “El poder de lastimar. La violencia penitenciaria de mayor lesividad en las cárceles federales de Argentina” de Mauricio D. Balbachan. El autor construye un análisis de la violencia penitenciaria desde los contextos, actividades y actores involucrados en el complejo entramado de relaciones cotidianas que ocurren en la cárcel (420). Se seleccionaron 83 casos de violencia penitenciaria de mayor lesividad (pérdida de órganos, de extremidades o de funciones corporales, fracturas, esguinces o desgarros, quemaduras de tercer grado, pérdida de la movilidad y perforación de los tímpanos) entre los años 2011 y 2016 en el régimen federal de Argentina desde expedientes de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Dentro de los hallazgos, destaca el carácter contraintuitivo del dónde y cuándo se genera la violencia penitenciaria de mayor lesividad, ya que, en la mayoría de los casos, ocurre en lugares “públicos” o visibles y en horarios de alta circulación y concurrencia de personas (455). También se señala que, en 90% de los casos, los agresores son los agentes de requisa, parte del “Área de Seguridad”, lo que nutre la discusión sobre cómo se ecualizan las relaciones de poder al interior de la cárcel y cómo se distribuyen los recursos y personas propios del poder de lastimar de la administración penitenciaria. Al acercarse al final del libro, y como si se quisiera evitar que la muerte tenga la última palabra, sino quienes quedan en vida, aparece la entrevista transcrita de Andrea Casamento; fundadora y presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Detenidas y miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. “Morir por cárcel: para el Estado no existen, pero para nosotras son todo” es el nombre del capítulo, que contiene el contenido y las contradicciones que hay cuando se reflexiona sobre la cárcel y sus muertes. Con palabras habladas desde la experiencia, Andrea cuenta cómo la violencia cotidiana de la cárcel excede a definiciones técnicas o administrativas de, por ejemplo, la “muerte no violenta” o “morir en la cárcel”. La violencia sobre los cuerpos de las personas privadas de libertad es desparramada en la totalidad de la intervención penitenciaria, por lo que toda muerte que ocurra al interior de estas instituciones ocurre por ella y no en ella (468). Adicionalmente, la entrevista entrega valor a la incansable labor de las familiares de las personas privadas de libertad. En su gran mayoría, madres, parejas, abuelas, las que constantemente solicitan o reclaman por la condición de sus familiares recluidos. Aun con la hipervigilancia de la cárcel, son las familias las que deben exigir el tratamiento de padecimientos mentales, de enfermedades, lesiones, entre otros, a la administración penitenciaria, sin recibir respuesta en la mayoría de los casos. El libro cierra con un epílogo epistolar que muestra el Informe Pericial ofrecido por Raúl E. Zaffaroni al Comité Permanente de los Derechos Humanos de Ecuador respecto a la crisis penitenciaria que está atravesando Ecuador. La crisis carcelaria que menciona el autor pone de manifiesto la irrefutabilidad de la violación a leyes nacionales y tratados internacionales en, por ejemplo, las resoluciones judiciales que sentencian una pena privativa de libertad. Sin extremar mucho los argumentos jurídicos, conforme a la dogmática del delito más tradicional, podría afirmarse que de cada resolución judicial que dispone una privación de libertad en las actuales condiciones importa aceptar el resultado eventual de muerte, o sea, si resultaría encuadrada en la tipicidad de un homicidio con dolo eventual como autor mediato o, de rechazarse esa calificación, sin duda, en una tipicidad de homicidio por culpa con representación (493). Ante ese escenario, el autor separa dos vías de responsabilización estatal. La primera es la demanda de reparación, en la cual aún no se agotan las instancias nacionales, por lo que el autor insta a seguir ese proceso. La segunda refiere a las medidas de no reparación que sí podrían ser acogidas en tribunales internacionales ya que se estaría violando el acuerdo por la abolición de la pena de muerte contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos. En este libro con preocupación por la vida, se retrata la realidad penitenciaria latinoamericana y las muertes ocurridas por su custodia. En dicho retrato, se hace uso de ciertos conceptos transversales que oscilan en descripciones de matanzas colectivas como incendios, acciones del crimen organizado o masacres por goteo, menos llamativas pero consistentes en el tiempo. En el libro, abundan los argumentos y vinculaciones de que esta forma particular de castigar responde a las condiciones estructurales de cada país (Rusche y Kirchheimer, 1939), expresadas en políticas criminales que encarcelan más y más rápido en la región. A través de estadísticas difíciles de construir, conseguir o comparar, los autores logran mostrar aquello que debiese ser intolerable, recordando a la fundación del Grupo de Información de las Prisiones con su manifiesto escrito por Foucault, “Intolerable”, en Francia de los años 70 (Anitua, 2023). Ahora bien, haciendo un rescate al enfoque latinoamericano de este libro, se levantan ciertas preguntas sobre aquellos aspectos específicos de nuestra región que sostienen la crisis penitenciaria y el sufrimiento que esta está causando: “No existe dolor en el vacío, el sufrimiento tiene lugar en contextos determinados” (Madrid, 2010: 30). En primer lugar, de acuerdo con lo planteado por Rosa del Olmo en “América Latina y su Criminología” (1981), una de las características del territorio es la dependencia de discursos criminológicos de países hegemónicos. Por ejemplo, en la posguerra, la doctrina de la “defensa social” fue fuertemente impulsada por técnicos norteamericanos en los años 50, influyendo en las políticas penitenciarias y criminales. Mismo hilo conductor se muestra explícitamente en la guerra contra las drogas de los capítulos de “Las masacres del norte de Brasil” y “Violencia carcelaria en Colombia” e implícitamente en el resto de los capítulos que mencionan al encarcelamiento masivo como eje de análisis. En la misma línea, a nivel latinoamericano la encarcelación masiva femenina ha aumentado drásticamente debido a la adopción de leyes punitivas sobre drogas que afectan desproporcionadamente a mujeres (Coletta et al, 2020). Desde el inicio de los dos mil, hasta 2018 aproximadamente la mayoría de los países de la región aumentaron entre un 38,2% y hasta un 672.8% la encarcelación femenina. Considerando lo anterior, surgen preguntas sobre las características institucionales de los sistemas penitenciarios en América Latina y la propia identidad de nuestra región. Si se asume la constante histórica de la integración de discursos externos y hegemónicos en una región con características propias y distintas (como la adopción de códigos penales europeos u orientaciones político-criminales estadounidenses), el resultado de ese sincretismo no sería otra cosa que una institucionalización mestiza ni completamente apegada a los territorios hegemónicos de referencia, ni al territorio en donde se aplica; sino ligada, tal como plantea Montecinos (1996), al mestizaje como nodo fundacional y ethos de la identidad latinoamericana: “Huella actual de representaciones, palabras y sentimientos que nos delatan en lo que no queremos ser: mestizos, sujetos de un tercer mundo embebido de una historia particular” (20). Con lo anterior, continúa apareciendo el campo de los significantes culturales o la historia de América Latina como fértil para futuras investigaciones sobre la crisis penitenciaria que está viviendo la región. Finalmente, para quienes tengan interés en profundizar más sobre la temática de la muerte bajo custodia, otra obra similar es Morir en Prisión: Estudios sobre fallecimientos en cárceles, coordinada por Juan Vío Vargas (2023) que tiene una perspectiva orientada al caso chileno y a la evidencia comparada más allá de Latinoamérica y que entrega no solo antecedentes sobre muertes bajo custodia a nivel general, sino que también contextualiza más sobre los suicidios situados en las cárceles chilenas. 1. Referencias bibliográficas
  • Anitua, Gabriel (2023). Intolerable. El grito de Michel Foucault y la realidad político penal de Latinoamérica en 2022. En Estudios sociales sobre derecho y pena. Revista del Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal, (1), 8-25.
  • Anitua, Gabriel y Rivera, Iñaki (coords.) (2023). Muertes evitables. Violencia institucional y masacres en cárceles sudamericanas. José C. Paz: EDUNPAZ. Recuperado de https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/view/100/113/404-2
  • Carbonell, Francina (dir.) (2020). El cielo está rojo. [Largometraje documental]. Santiago de Chile.
  • Youngers, Coletta, A.; García, Teresa y Manzur, María (2020). Mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Recuperado de https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Spanish-Women-Behind-Bars-Report.pdf
  • Del Olmo, Rosa (1981). América Latina y su criminología. México: Siglo XXI.
  • Gunthmann, Yanina y Rivera, Iñaki (2023). La Creación de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona. La institucionalización académica de una nueva mirada sobre el control social y punitivo (1980-2022). Barcelona: Tirant lo Blanch.
  • Madrid, Antonio (2010). La política y la justicia del sufrimiento. Madrid: Mínima Trotta.
  • Montecino, Sonia (1996). Madres y Huachos. Alegorías del mestizaje chileno. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.
  • Rusche, Georg y Kirchheimer, Otto (1939). Punishment and Social Structure. Nueva York: Columbia University Press.
  • Segato, Rita (2003). El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad y el proyecto habla preso: el derecho humano a la palabra en la cárcel. En Congreso Culture and Peace: Violence, Politics, and Representation in the Americas. Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies at the University of Texas at Austin. Recuperado de http://www.lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/cpa/spring03/culturaypaz/segato.pdf
  • Vío, Juan (coord.) (2023). Morir en Prisión: Estudio sobre fallecimientos en cárceles. Santiago de Chile: DER Ediciones Limitada.

    1. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB). Profesor titular de Derecho Penal y Política Criminal en la UNPAZ y profesor adjunto de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires. Director del Doctorado en Derechos Humanos, UNLa.↩︎
    2. Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB). Profesor titular de Derecho Penal y Derecho Penitenciario en la UB. Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, UB.↩︎

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