Estas brechas pueden ser explicadas por elementos estructurales como la desigual división del trabajo de cuidados no remunerado entre varones y mujeres, la segregación ocupacional horizontal y vertical, la discriminación de género, entre otras cuestiones (Rodríguez Enríquez, 2015; Micha y Pereyra, 2019; OSST, 2021; INDEC, 2022; Paz, 2023). Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo mostró cómo las mujeres dedicaron cada día 7 horas 47 minutos al trabajo de cuidados frente a las 3 horas 38 minutos de los varones, en hogares con demandantes de cuidado.⁷ En consecuencia las mujeres tienden a tener una menor disponibilidad horaria para actividades remuneradas. De hecho, en el período considerado, las ocupadas trabajaron en promedio 31,5 horas semanales frente a las 40,1 de los ocupados. En el caso de las trabajadoras domésticas el promedio fue aún menor, de 21,6 horas semanales en los años 2019-2023. Por otra parte, una de cada dos mujeres ocupadas (50,7%) trabajaron de forma remunerada menos de 35 horas semanales (voluntaria e involuntariamente) frente a solo el 27,6% de los varones.⁸
En términos de segregación horizontal, el empleo femenino se concentró en algunos sectores altamente precarizados:⁹ por ejemplo, el trabajo doméstico –altamente feminizado– representó entre 2019 y 2023 el 14,3% de las ocupadas, con una tasa de no registro del 73,6% (e. p. de bases EPH-INDEC). En términos de segregación vertical, el denominado “techo de cristal” impide a las mujeres acceder en mayor medida a cargos jerárquicos: los datos disponibles muestran que en las empresas los puestos directivos son cubiertos por mujeres solo en el 37,2% de los casos y los puestos de jefatura solo en el 24,4% de los casos (OSST, 2022).
Las brechas estructurales de género que caracterizan al mercado laboral argentino, además de contribuir de manera decisiva a las desigualdades económicas y sociales entre mujeres y varones, también explican su acceso desigual a la protección social. Este concepto hace referencia a los mecanismos institucionales que ordenan las transferencias monetarias del Estado para hacer frente a determinados riesgos sociales, que significan una menor capacidad laboral y un desequilibrio entre ingresos y gastos del hogar (como enfermedades, vejez, desempleo o la presencia de personas dependientes). También abarca a las políticas que garantizan la provisión pública de un conjunto de bienes y servicios básicos, como educación, salud y vivienda. En otras palabras, la protección social es uno de los mecanismos clave para lograr la satisfacción plena de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Por lo tanto, las desigualdades en el acceso a estas prestaciones pueden mitigar o reforzar las desigualdades que surgen de otros ámbitos de la vida social, como, por ejemplo, el mercado laboral y la distribución de ingresos.
En concreto, la protección social se organiza en las modalidades contributivas, vinculadas al empleo formal asalariado, y en las modalidades no contributivas, desvinculadas de las relaciones laborales formales. En este sentido, el estatus laboral de las personas es uno de los factores clave que explican el tipo y grado de cobertura de la protección social. En otras palabras, la seguridad social de tipo contributivo garantiza prestaciones que reflejan los aportes de los trabajadores/as formales, mientras que los programas no contributivos constituyen un piso mínimo de ingresos y servicios básicos, con el objetivo de garantizar un nivel de vida adecuado para todas las personas que viven en un determinado territorio. Entre estas dos lógicas existe una tensión permanente. En primer lugar, en los criterios de elegibilidad que determinan qué personas acceden a una prestación (aportes y contribuciones, estado de necesidad, ciudadanía, localización, etc.). En segundo lugar, en los efectos de desmercantilización que una política social produce, es decir, el grado en que logra desligar el bienestar de las personas de su inserción laboral y de su capacidad económica. Por último, en la estratificación social que genera y consolida, otorgando por ejemplo prestaciones segmentadas por ocupación, como en el caso de la cobertura de salud de las obras sociales (Esping-Andersen, 1993).
Desde un punto de vista de género, el sistema de protección social contributivo se apoyó tradicionalmente en la figura del trabajador varón formal proveedor del hogar. Este esquema está en crisis por el fuerte incremento de la participación laboral femenina y la transformación de los hogares.¹⁰ Pese a estas transformaciones, no se ha avanzado consistentemente hacia una reformulación de la división sexual del trabajo, una reducción de las desigualdades de género en el mercado laboral, una mayor desfamiliarización de las políticas sociales¹¹ y un reconocimiento de la función social del cuidado (Pautassi y Rodríguez Enríquez, 2022). De hecho, la denominada crisis del cuidado sigue sin recibir una adecuada solución de parte del Estado, por la ausencia de políticas de conciliación entre familia y trabajo. Por ejemplo, siguen sin ampliarse las licencias para abarcar tanto a mujeres como a varones más equitativamente. Tampoco se ha incrementado significativamente la inversión en la provisión pública de servicios de cuidado para niños y niñas, adultos mayores dependientes, personas con discapacidad, etc. Desde el regreso de la democracia se ha intensificado el proceso contrario de desestatización y delegación de la provisión de bienestar hacia las familias para satisfacer las necesidades fundamentales de cuidado de los hogares (Gherardi y Zibecchi, 2011).¹²
Por otra parte, luego de la mejora observada en los años 2003-2008, se registró un estancamiento de la creación de empleo privado formal y una persistente precariedad e informalidad de amplios sectores de los ocupados a causa, entre otros factores, de la heterogeneidad de la estructura productiva en sectores de alta y baja productividad, con reflejo en las brechas salariales y en la calidad del empleo. A esto se le sumaron los efectos de las crisis mencionadas con anterioridad, que golpearon en mayor medida a los/as trabajadores/as informales y a los/as cuenta propia (Donza, 2024).¹³ En los hogares de bajos ingresos, son las mujeres de baja calificación y con mayores cargas de trabajo de cuidado quienes fueron afectadas progresivamente por el crecimiento de la informalidad y la precarización del mercado laboral, la caída de salarios reales y la pérdida de acceso a los derechos sociales de tipo tradicional (Brown, Giosa Zuazúa y Rodríguez Enríquez, 2024).
Es en este contexto que han tomado protagonismo en la región latinoamericana las políticas sociales no contributivas (Cecchini et al, 2015). En Argentina, en particular, las prestaciones no contributivas han ayudado a la expansión del sistema previsional gracias a la moratoria previsional; del sistema de asignaciones familiares, gracias a la asignación universal por hijo/por embarazo (AUH/AUE); y de la protección de la población en edad de trabajar, gracias a la expansión de los programas de empleo, popularmente conocidos como “planes sociales” (Danani y Hintze, 2011; Cetrángolo y Curcio, 2017; Arcidiácono y Gamallo, 2023).¹⁴
Esta ampliación de la protección social fue acompañada, en términos generales, por una sobrerrepresentación de las mujeres en todas las prestaciones de tipo no contributivo (Paura y Zibecchi, 2022), consolidando las brechas de género respecto a la modalidad contributiva tradicional. El ejemplo más evidente es en el sistema previsional, en el que el 58% de las mujeres que perciben una prestación previsional benefició de la moratoria previsional, mientras que en el caso de los varones el porcentaje es del 41%. Además, a las primeras se les otorgó un haber previsional promedio que fue menos de la mitad del haber sin moratoria de los varones (tomado aquí como parámetro de comparación). En el caso de las mujeres sin moratoria, la prestación promedio fue inferior en aproximadamente un 20% respecto a sus pares varones (MTEySS, 2023a). Estas brechas reflejan las desigualdades laborales que han sufrido las mujeres en los aportes acumulados en su historia laboral, a causa de las disparidades salariales, las interrupciones en el empleo debido a las tareas reproductivas, la mayor precariedad e informalidad, etc. (Alonso, Marzonetto, Rodríguez Enríquez, 2022).¹⁵ Pero también en las otras áreas de la política social no contributiva se observa el fenómeno de la feminización. En el caso de la AUH, el 95,7% de las personas titulares de una prestación son mujeres (datos de diciembre de 2023, ANSES, 2024). Por lo que respecta a los programas de empleo, fueron mujeres un 63,3% de los 1,3 millones de titulares del Potenciar Trabajo, el programa más significativo de este período (dato SIEMPRO, 2022).¹⁶
En los años de la pandemia y de la pospandemia (2020-2022), en estas áreas de la protección social se implementaron un conjunto de medidas que incrementaron la cobertura y los montos transferidos (Messina, 2024). Se recordarán en particular las medidas que constituyeron una transferencia de ingresos a los hogares, ya que en una sección posterior se estimará su efecto sobre la condición de indigencia y pobreza de estos. Entre las principales medidas del período 2019-2023, deben recordarse:
●       Los bonos extraordinarios otorgados de forma no periódica a titulares de asignaciones familiares/universales en 2020 y 2021. A partir de 2022, se otorgaron “refuerzos de ingresos” a las asignaciones familiares de mayor duración y monto creciente. Esto compensó solo parcialmente la caída en términos reales de las prestaciones que se venía dando desde el año 2018, por los cambios en los mecanismos de actualización.¹⁷ Por ejemplo, tomando como parámetro la AUH, se observa que, si durante los primeros dos años del mandato de Alberto Fernández esta prestación mantuvo su poder adquisitivo, durante el tercer año perdió 11,3 p. p. en términos reales y en el último año la caída alcanzó -28,3 p. p.¹⁸
●       El Plan Nacional “Argentina contra el Hambre” - Tarjeta Alimentar, destinado a titulares de AUH (con hijos/as de hasta 6 años inclusive) y AUE, con aproximadamente 1,5 millones de hogares alcanzados en el primer año de implementación (2020). El año siguiente se amplió la medida a los niños/as y adolescentes de hasta 14 años inclusive, llegando a 2,4 millones de hogares. Dada su vinculación con la AUH, la titularidad de esta transferencia fue principalmente femenina.
●       El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000 en tres rondas de pago: abril/mayo, junio/julio y agosto/septiembre de 2020, para 8,9 millones de personas, un 55,7% de las cuales fueron mujeres (ANSES, 2021). Esta transferencia fue automática para titulares de AUH/AUE.
Estas medidas incrementaron el monto de las transferencias de tipo no contributivo, donde las mujeres están sobrerrepresentadas, especialmente en hogares con niños, niñas y adolescentes cubiertos por la AUH. Sin embargo, la aceleración inflacionaria de los años 2022-2023 impactó en el poder adquisitivo de los montos otorgados. En las siguientes secciones se indagará en cómo esta combinación de mejores indicadores laborales (a nivel agregado), pérdida de poder adquisitivo de los salarios y expansión de las transferencias monetarias de tipo no contributivo en la pandemia y pospandemia, con una caída progresiva del valor real de las prestaciones, impactaron en las trabajadoras argentinas y sus hogares.

En esta sección se pondrá el foco en la situación relativa del empleo y de los ingresos en las trabajadoras argentinas para el período 2019-2023, centrando el análisis en los/as trabajadores/as asalariados/as (registrados/as y no registrados/as) y por cuenta propia (ver gráfico 1).²⁰ Analizando la evolución de la ocupación durante la pandemia y en la recuperación posterior en estas categorías y desagregando por género, se pueden observar algunas tendencias principales. En primer lugar, la categoría menos afectada fue la del trabajo asalariado registrado, con caídas inferiores a 10 p. p.,²¹  mientras que las más afectadas fueron el trabajo asalariado no registrado (-45 p. p.) y, en menor medida, el cuentapropismo (entre 30 y 35 p.p. menos). En segundo lugar, en estas dos últimas categorías, la crisis afectó en mayor medida a las mujeres respecto de los varones y su recuperación posterior también fue más lenta. Por ejemplo, el empleo de las mujeres asalariadas no registradas se situaba en un nivel 20 p. p. por debajo del 4º T 2019 al final del primer año de la pandemia (1º T 2021). En términos generales, los/as asalariados/as no registrados/as superaron los niveles de empleo prepandemia solo a principios de 2022, mientras los trabajadores por cuenta propia varones, por ejemplo, habían superado ese umbral ya a finales de 2020. Finalmente, se observa cómo a finales del año 2023 todas las categorías bajo análisis se situaban entre 8 y 15 p. p. por arriba del nivel de empleo registrado en el 4º T de 2019.

Otro aspecto para considerar es el impacto heterogéneo de la crisis en cada sector de actividad. Si se compara el 2º T 2020 (pandemia) con el 4º T 2019, la caída del empleo fue más fuerte en la actividad de hoteles y restaurantes (-45,9%), otros servicios comunitarios, sociales y personales (-40,1%), construcción (-40%) y servicio doméstico (37,4%). En estos sectores, en el 4º T de 2019, se concentraba el 54,5% de las asalariadas no registradas y el 39,9% de los no registrados varones y solo el 15,3% de las registradas y el 12,8% de los registrados. En cambio, en los sectores menos afectados por la crisis, como servicios financieros, de alquiler y empresariales (-16,9% ocupados/as); servicios sociales y de salud (-12,8%); industria manufacturera (-12,1%); enseñanza (-3,6%); administración pública, defensa y seguridad social (-2,6%), se concentraba el 37,7% de los varones asalariados registrados y el 69,6% de las mujeres asalariadas registradas, además del 16,1% de los no registrados y el 29,8% de las no registradas. El cuentapropismo estaba concentrado en sectores cuya pérdida de puestos de trabajo tuvo un grado intermedio entre esos dos grupos de actividades, como el comercio (-25,6%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-24,9%) y las actividades primarias (-28,5%). En estos sectores se concentraban en el 4º T de 2019 el 40,1% de los varones por cuenta propia y el 37,2% de las mujeres.²²
En los años pospandemia, se observó un incremento del empleo femenino del 11% (4º T de 2023 respecto al 4º T de 2019), respecto a un incremento del 10% en el caso de los varones. Este crecimiento de la ocupación femenina se distribuyó en casi todos los sectores, con la notable excepción del servicio doméstico (-3,4%) y de otros servicios comunitarios, sociales y personales (-2,5%). Esto produjo una reducción del peso del trabajo doméstico en el empleo femenino del 16,2% al 14% del total (-2,1 p. p. de participación) entre 2019 y 2023, mientras creció y se consolidó la importancia de sectores como los servicios financieros, de alquiler y empresariales (+1,2 p. p. hasta el 11,4%), la industria manufacturera (+0,6 p. p. hasta el 8,1% del total), el comercio (+0,5 p. p. hasta el 17,7% del total), la enseñanza (+0,3 p. p. hasta el 14,2% del total) y los servicios sociales y de salud (+0,2 p. p. hasta el 10,4% del total). Esta caída de un sector altamente informal como el trabajo doméstico, con una tasa de no registro del 75,8% en el 4º T de 2023, explicaría una ligera reducción de las asalariadas no registradas sobre el total, del 38,2% al 37,2% entre 2019 y 2023 (datos 4º T), mientras que en el caso de los varones se registró un ligero incremento del 33,9% al 34,4%.²³

Si bien el crecimiento económico de los años 2021 y 2022 permitió revertir el impacto de la pandemia en los niveles de empleo, el problema más acuciante para los sectores trabajadores, en particular para las trabajadoras, fue la falta de recuperación de los ingresos reales, después de la fuerte caída registrada en el período de la crisis de la deuda externa (2018-2019), como se puede ver en el gráfico 2 (datos del 4º T de cada año).²⁴ Una primera fuerte caída de los ingresos reales se produjo efectivamente en esos dos años para todas las categorías laborales, mientras que en el año de la pandemia la caída se concentró en los/as asalariados/as no registrados/as y en los/as trabajadores/as por cuenta propia. En particular, las más afectadas fueron las mujeres en puestos de trabajo precarizados, con las trabajadoras por cuenta propia que, después de una caída de 23,7 p. p. en su poder adquisitivo entre 2016 y 2019, en el año 2020 perdieron 10,7 p. p. más, mientras que las asalariadas no registradas sufrieron una reducción de 17,2 p. p y 2,8 p. p. respectivamente. En cambio, las asalariadas registradas perdieron 12,6 p. p. entre 2016 y 2019 y 2,3 p. p. en 2020.
Ya en la pospandemia, se observa una recuperación de los ingresos reales solo en el año 2021, que se interrumpe en 2022 y se convierte en una fuerte caída de poder adquisitivo en el año 2023 a causa de la fuerte aceleración de la tasa de inflación. Se concluye el período por lo tanto en niveles similares a los de la pandemia en el caso de las asalariadas no registradas, 2 p. p. por debajo en el caso de las cuentapropistas y hasta 7,3 p. p. por debajo en el caso de las registradas. En el caso de los varones, sus ingresos reales mostraron una evolución similar o más favorable al de sus pares femeninos al final del período considerado. Resumiendo, en el período bajo análisis, los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras no pudieron recuperarse de la caída registrada en los años 2018-2019 y, de hecho, continuaron perdiendo poder adquisitivo, especialmente en el año de la pandemia (2020) y en el último año del gobierno de Fernández (2023), con un impacto diferencial según género y categoría ocupacional, siendo las más perjudicadas las trabajadoras por cuenta propia y, en segundo lugar, las no registradas.

Naturalmente junto a este análisis de las tendencias negativas en los ingresos reales, debe tenerse en cuenta la persistencia de las desigualdades relativas en los ingresos mensuales de estos grupos de trabajadores/as. Como se observa en el gráfico 3, las mujeres sufren una desventaja en términos de ingreso mensual que es de 16,3 p. p. entre mujeres y varones registrados; de 18,9 entre los no registrados/as y de y de 19,2 entre los/as cuenta propia. Además, los ingresos de las trabajadoras por cuenta propia se sitúan a una distancia de 60,8 p. p. respecto al parámetro de comparación (varones asalariados registrados) y en el caso de las no registradas la brecha se amplía hasta 69,5 p. p. Los pares varones en cada categoría laboral sufren de brechas relativas muy inferiores. Además, este ordenamiento es muy estable ya que reproduce lo que se podía observar en el 4º T de 2019, con pequeñas variaciones en las brechas respecto al parámetro de comparación. En otras palabras, la generalizada caída de ingresos reales no modificó, más bien consolidó, las fuertes desigualdades de género y las brechas entre puestos de trabajo formales y los no formales y precarizados.
Pasando al análisis de los ingresos no laborales, como se vio en la sección 2, este período fue caracterizado por una expansión de las principales transferencias de ingresos no contributivas como la AUH, la implementación de nuevos programas como la tarjeta Alimentar o la erogación de transferencias extraordinarias de carácter masivo como el IFE. Es posible aproximarse al efecto de estas medidas analizando el componente de “subsidios” dentro de los ingresos no laborales de los hogares. De hecho, la EPH de INDEC no permitía captar directamente a las transferencias monetarias del gobierno nacional, ya que estas eran relevadas por la variable “subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, iglesias, etc.”. El supuesto de esta investigación es que estos ingresos provenían, en su práctica totalidad, del Estado. En particular, eran captados los ingresos de programas no contributivos como la AUH, el IFE y la prestación Alimentar, aunque no era posible desagregar por programa.²⁵
Como se observa en el gráfico 4, estas transferencias tuvieron un peso superior al 2% del ingreso individual solo en el caso de las mujeres, siendo más elevado en el caso de las asalariadas no registradas respecto a las cuentapropistas, mientras que fue marginal (<1%) en el caso de las registradas. Esto es de esperar dada la feminización de la AUH y el vínculo que tiene la tarjeta Alimentar con esta prestación, además de los ingresos laborales más bajos que perciben las mujeres, que constituyen un grandísimo porcentaje del ingreso total en las personas económicamente activas. La excepción a esta tendencia se observó en el año de la pandemia (2020), cuando el IFE alcanzó una platea de destinarios generalmente excluidos de estas prestaciones no contributivas. Así, tanto los varones cuentapropistas como los asalariados no registrados se beneficiaron de transferencias que representaron hasta un 8-10% de sus ingresos totales. Sus pares mujeres alcanzaron en ese mismo momento un máximo del 18%. En la pospandemia, se nota una caída abrupta en el año 2021, cierta recuperación en el 2022 y una reducción progresiva del peso relativo de estos ingresos a lo largo de 2023, en el marco de la aceleración de la inflación.²⁶

Otro fenómeno asociado a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos laborales fue el fuerte incremento de la pobreza y la indigencia observado en las personas ocupadas, particularmente en los/as trabajadores/as no registrados/as y los/as cuentapropistas (ver gráfico 5). De hecho, a finales de 2023 casi el 50% de los/as informales y el 40% de los/as cuenta propia terminaron en situación de pobreza, con un incremento continuo que solo se vio interrumpido de forma temporal en la recuperación pospandemia. En el caso de la indigencia, el crecimiento fue aún más fuerte para estas categorías, con las mujeres asalariadas no registradas que pasaron del 6,4% al 13,6% y las cuentapropistas del 3,6% al 11,8% entre 2016 y 2023 (datos del 2º S). En promedio, esto significó que al final de este período las asalariadas no registradas sufrieron una tasa de pobreza que fue 3,2 veces más elevada que las registradas y una tasa de indigencia 9,3 veces más elevada. En el caso de las cuentapropistas, la brecha respecto a las registradas fue ligeramente menor, pero del mismo orden de magnitud, es decir 2,7 veces más alto en la tasa de pobreza y de 8,1 veces en la indigencia. Por último, debe notarse que el trabajo asalariado formal también redujo su capacidad de proteger del riesgo de pobreza, ya que en esta categoría la incidencia del fenómeno casi se multiplicó por dos entre 2016 y 2023, tanto para mujeres como para varones, aun manteniéndose muy por debajo de las otras categorías analizadas.
A la luz de la expansión de los programas de transferencia de ingresos no contributivos, es posible estimar los efectos que tuvieron a nivel de cada hogar en términos de reducción de la pobreza y la indigencia, siendo este uno de los objetivos de los mismos programas. Para ello se calcularon dos ingresos totales familiares (ITF), el relevado por la encuesta y el “contrafáctico”, construido a partir de sustraer al ITF el valor de los subsidios captados por la EPH. Estos ingresos se compararon con la canasta básica alimentaria y total de cada hogar, para establecer si llegaba a superar o no el umbral de la indigencia y la pobreza, respectivamente. Expandiendo esta estimación a todo el universo de hogares, se obtuvieron las tasas de incidencia de la pobreza y la indigencia con y sin subsidios. Comparando la diferencia entre las dos tasas (la real y la “contrafactual”), se estimó el impacto aproximado de estas medidas sobre las condiciones de vida de los hogares. Naturalmente, se trata de un análisis estático y parcial, ya que, en ausencia de las transferencias del Estado, los hogares podrían adoptar estrategias para compensar la pérdida de ingresos con otras fuentes (mayor participación laboral, mayores horas trabajadas, pluriempleo, otros ingresos no laborales, etc.). Pese a esta limitación, consideramos que se trata de un ejercicio útil para aproximarse, aún de forma exploratoria, a los efectos de las transferencias monetarias del Estado sobre la pobreza y la indigencia.²⁷
En la tabla 3 se muestran los resultados para el caso de las trabajadoras asalariadas no registradas y las trabajadoras por cuenta propia, siendo que fueron las que más sufrieron el incremento de la pobreza e indigencia y, simultáneamente, las que más dependen del flujo de transferencias de ingresos de parte del Estado. Esta estimación muestra nuevamente el fuerte crecimiento de los subsidios y su efecto mitigador de la pobreza y, sobre todo, de la indigencia durante los semestres de mayores restricciones pandémicas. Por otra parte, también se observa la pérdida de eficacia de estas medidas en los semestres posteriores, en particular en el último semestre de 2023, pese a que los niveles de pobreza e indigencia habían vuelto a niveles pandémicos.²⁸ Entre los factores que pueden explicar estos datos, está naturalmente la interrupción de programas masivos como el IFE, pero también la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones existentes frente a la aceleración inflacionaria que caracterizó al último año de gestión de Alberto Fernández.

Para finalizar este trabajo se presentará un análisis preliminar del caso específico de los hogares monomarentales, constituidos por una mujer jefa de hogar con hijos/as sin cónyuge ni otros posibles perceptores de ingresos.²⁹ Para entender la relevancia de este tema hay que tener en cuenta que, en la Argentina, la incidencia de la pobreza y de la indigencia están estrechamente vinculadas a la presencia de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el hogar. Según datos oficiales del 2º S de 2023, el 58,5% de los NNA (entre 0 y 17 años) estaban en situación de pobreza y el 18,9% en situación de indigencia (INDEC, 2024e). Esto se da por una pluralidad de factores ya mencionados. Por un lado, los NNA dependen de los ingresos laborales de otros miembros del hogar para satisfacer sus necesidades materiales. Por otro lado, el sistema de asignaciones universales otorga una protección insuficiente frente al riesgo de pobreza, pese a su reciente expansión en los últimos años. Por último, el trabajo de cuidados hacia los NNA ejerce un fuerte efecto sobre la participación laboral de los adultos, en particular de las mujeres, reduciendo su capacidad de generar ingresos en el mercado laboral. Una de las causas principales es que las horas de trabajo no remuneradas son distribuidas de forma desigual entre varones y mujeres. Otro factor es que la falta de infraestructuras, como jardines infantiles, impide la desfamiliarización del cuidado. Además, el empleo remunerado relacionado con el cuidado, como el trabajo doméstico, está feminizado y sufre peores condiciones laborales en comparación con otros sectores de actividad.

Los datos muestran que en el 2º S de 2023 la tasa de pobreza en hogares con NNA fue el 50,3% frente al 17,4% en hogares sin NNA. En el caso de la indigencia, se registró una tasa del 15% en hogares con NNA frente al 4,2% en hogares sin NNA. Estas tendencias son aún más graves en el caso de los hogares monomarentales (ver tabla 4). En el 2º S de 2023, un 15,8% de los hogares relevados por la EPH eran monomarentales y en ellos vivían el 22,2% de los NNA, con un promedio de NNA por hogar de 1,2. En términos absolutos se trató de aproximadamente 1,5 millones de hogares y 1,8 millones de NNA en las áreas relevadas por la EPH. Respecto a sus condiciones de vida, en estos hogares se registró una tasa de pobreza del 47,1% y de indigencia del 16,5%, concentrando el 23,3% del total de los hogares pobres y el 29% de los indigentes. La otra tipología de hogar con tasas similares fue la de hogares con jefa femenina, con cónyuge e hijos, mientras que los hogares con hijos/as con jefe varón registraban tasas de pobreza e indigencia inferiores. También puede estimarse cómo se agravaron las condiciones materiales de los hogares monomarentales pobres, a partir del indicador de la brecha de pobreza: en promedio el ingreso de estos hogares se situaba un -40,1% respecto a la línea de pobreza (CBT) en el 2º S 2019. Esta brecha subió hasta el -43,6% en el 2º S de 2023.³⁰ Estos resultados pueden explicarse por una caída real del ingreso per cápita familiar del -12,3% en los hogares monomarentales, mientras que el subsidio per cápita por hogar creció apenas el 0,4% en los cinco años analizados.
Si se desagregan los hogares monomarentales según las categorías laborales que se han utilizado a lo largo del texto se observa, una vez más, cómo los hogares de las asalariadas no registradas y de las cuentapropistas soportaron las peores condiciones de vida (ver tabla 5). En particular, en el 2º S de 2023 el 70,5% de hogares monomarentales con jefa no registrada estuvo en situación de pobreza y el 29,8% en situación de indigencia. En el caso de las cuentapropistas, los valores fueron del 59,4% y el 24,3% respectivamente. La tasa de pobreza de estas dos categorías fue más de dos veces superior a la de las asalariadas registradas, mientras que en el caso de la indigencia fue diez veces más alta aproximadamente. Estos hogares también registraron un número de NNA promedio más elevado, residiendo en ellos más de 750.000 personas de 17 años o menos. Por otra parte, comparando la situación de estos hogares monomarentales en el 2º S de 2023 con el 2º S de 2019, se observa un marcado empeoramiento de estos indicadores. En el caso de las jefas asalariadas no registradas, la tasa de pobreza en sus hogares subió 7,3 p. p. del 63,2% al 70,5, mientras que la tasa de indigencia pasó del 17,1% al 29,8% (+12,7 p. p.). En el caso de las cuentapropistas, la tasa de pobreza subió 13,3 p. p. del 46,2% al 59,4%, mientras que la tasa de indigencia pasó del 13,0% al 24,3% (+11,3 p. p.).