Las dictaduras militares que tuvieron lugar, principalmente, en la década del setenta en Latinoamérica dejaron saldos y legados políticos, económicos y sociales de profunda intensidad. Entre estos, se destaca la temática referida a los derechos humanos, específicamente las violaciones a ellos durante las dictaduras militares. De esta manera, cobran relevancia las decisiones que, ya en democracia, se tomen sobre el tema. Los distintos países de la región han recorrido diferentes caminos una vez establecida la democracia, obteniendo resultados que varían notablemente en cada uno de los países. Dentro de este heterogéneo escenario, el caso argentino se destaca por su excepcionalidad (Acuña y Smulovitz, 2007) a partir del juzgamiento a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar que tuvo lugar en ese país entre los años 1976 y 1983. Mientras que otros países de la región existieron diferentes caminos para desembocar en la impunidad de los crímenes cometidos por las dictaduras. En esta línea, en Argentina, desde la transición misma a la democracia, la temática de las violaciones a los derechos humanos estuvo en el centro de la escena política.
En los primeros años de esta naciente democracia argentina, se impulsó activamente la búsqueda de consensos orientados a fortalecerla y consolidarla. Estos se basaron principalmente, entre otros temas, en la necesidad de sancionar a los miembros de las Fuerzas Armadas que habían llevado adelante dichas violaciones, la subordinación de dichas fuerzas al poder político y el respeto de la Constitución Nacional como límite y encuadre de toda competencia y actividad política (Canelo, 2011; Quiroga, 2005; Acuña y Smulovitz, 2007). Es en este marco en el que se lleva adelante, en el año 1985, el juicio a las tres juntas de comandantes que encabezaron la dictadura militar argentina. De este modo, esta temática se terminó consolidando como un tema ineludible en la escena política argentina.
Sin embargo, esto no significó en modo alguno que la memoria de los hechos sucedidos durante la dictadura no sea un terreno de disputa por el sentido de lo acontecido. La memoria no es algo que se construye desde el vacío, se constituye a partir de una disputa que busca establecer un sentido, en muchos casos, hegemónico sobre un tema en el cual se configuran sentidos del pasado, presente y futuro (Jelin, 2000; Calveiro, 2005, 2006). Es decir, existen diferentes visiones y conceptualización respecto a lo sucedido y al sentido que emana de ello. Algunos de estos sentidos se cristalizaron en discursos que se mantuvieron en los márgenes de la escena política mientras que otros lograron consolidarse y fijarse como hegemónicos, dando cuenta de una dinámica a partir de las disputas y confrontaciones entre las memorias. De este modo, si bien en Argentina existe un sentido fijado que emana del concepto de derechos humanos a partir de las violaciones a los mismos durante el terrorismo de Estado (Barros y Morales, 2016), el mismo comienza a ser disputado de forma consolidada a partir del año 2015 por un discurso que viene a disputar esa hegemonía y pretende desligar el concepto de derechos humanos de las violaciones a los mismos durante la última dictadura militar (Kordon, 2024). Es a partir de la llegada de Cambiemos a la presidencia de la Nación que esta disputa se instala en el centro de la escena política no solo confrontando con lo hecho en el período de las presidencias kirchneristas precedentes, sino “que también procura poner en duda los ‘usos y costumbres’ alrededor de los derechos humanos que modificaron el sentido de los mismos desde la vuelta a la democracia” (Barros, 2021). Estos discursos exceden las narrativas estatales y encuentran eco en diferentes actores de la sociedad dando lugar así a una presencia sostenida de esta temática en la esfera pública. Esto será central a la hora de una disputa que no se limita a un conjunto determinados de políticas públicas sino que abarca sentidos y creencias referidas a los derechos humanos que se posicionan de diferentes modos dentro de la sociedad.
El objetivo de este trabajo es analizar cómo una vez que ya se estableció la disputa, esta se consolida y profundiza más allá del cambio de gobierno ocurrido en diciembre de 2019. En esta línea, nos proponemos abordar qué características moldean contextos que favorecen la consolidación de dicha disputa por el sentido de los derechos humanos y de qué modo esta se cristaliza en el discurso de diferentes actores políticos. A modo de anticipo se puede afirmar que la presencia de un escenario político con un alto nivel de polarización y los efectos de la cuarentena¹ dispuesta a partir de la pandemia de COVID-19 favorecieron la consolidación de una disputa ya existente fortaleciendo y profundizándola notoriamente. Este trabajo está articulado de la siguiente manera: 1) este primer apartado introductorio, 2) un segundo apartado en donde se presenta la propuesta metodológica, 3) en tercer lugar se establecen las líneas generales del marco teórico, 4) el cuarto apartado da cuenta de la instauración de la disputa por el sentido de los derechos humanos en nuestro país, 5) un quinto apartado en donde se establecen las aproximaciones sobre la consolidación de dicha disputa y 6) finalmente se plantean unas palabras finales a modo de conclusión.

Estos serán algunos de los elementos que se articularon en un discurso que será protagonista de una disputa por los derechos humanos a partir de diciembre de 2015.
De esta manera, a partir de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, tiene lugar una disputa por el sentido de los derechos humanos en el centro de la escena política. Esta disputa se puede identificar y analizar a la luz de dos discursos que se enfrentan y que serán centrales en nuestro análisis. Uno de ellos es aquel que era hegemónico y había fijado un sentido al concepto de derechos humanos desde la vuelta a la democracia, en tanto que otro discurso buscará desanclar esa relación e intentará ser quien logre fijar nuevos sentidos a los derechos humanos. De este modo, podemos configurar la disputa a partir de un discurso que se ve desafiado y otro que desafía. Cada uno de ellos, si bien comparten una misma matriz a partir de la cual se los puede identificar, tienen a su vez diferentes expresiones que los hacen heterogéneos en su interior. Las principales características de estos dos discursos en disputa pueden resumirse en un núcleo de ideas centrales. En primer lugar, el discurso desafiado se caracteriza por la vinculación de dicho concepto con las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, que se va a potenciar a partir del año 2003 a partir del estrecho vínculo que se establece entre los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos y las políticas oficiales. Asimismo, la adopción de una postura desde el Poder Ejecutivo que se “identifica explícitamente con la militancia juvenil peronista de los años setenta” (Montero, 2009: 318) dio mayor potencia a este discurso. En segundo lugar, el discurso desafiante busca disociar el sentido de los derechos humanos de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. De este modo, este discurso busca realizar un doble desplazamiento. En una primera instancia, relacionada con el sentido de la lucha por los derechos humanos que estos adquieren localmente desde la transición a la democracia y, en una segunda instancia, desplazar a los organismos de derechos humanos como portadores de este sentido (Bale, 2023). Mientras este discurso busca incorporar temas referidos a la agenda de organismos internacionales (Barros, 2021), se muestra como un terreno fértil para los reclamos ante los procesos judiciales de memoria, verdad y justicia, el fortalecimiento de un núcleo de ideas asociados a la “memoria completa”² y, por momentos de forma más solapada y por otros de manera más explícita, dejar atrás el pasado sin importar si ello implica la impunidad de quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
Si bien previamente se llevaron adelante políticas públicas contrapuestas sobre el tema, la novedad que se visualiza a partir de la llegada Mauricio Macri a la presidencia es el comienzo de una disputa continua que se radicalizará con el correr del tiempo. De esta manera, se disputa el sentido de los derechos humanos en una doble dimensión: el “qué hacer” con los derechos humanos y el “qué son”. En esta última dimensión radica la novedad inaugurada a partir del 2015 con la llegada de Cambiemos a la presidencia. La primera de estas dimensiones está asociada a los tipos de políticas públicas que se llevan adelante sobre el tema. En tanto que la segunda, se vincula con el sentido que el concepto de derechos humanos adquiere. En esta doble dimensión que implican los derechos humanos, es decir el “qué son” y el “qué hacer”, el discurso desafiado presentó una continuidad con relación al “qué son” en tanto que existen diferentes ideas y decisiones respecto al “qué hacer”. Mientras que el discurso desafiante busca modificar las dos dimensiones, ya no solo se busca llevar adelante determinadas acciones y políticas públicas sino también alterar el sentido hegemónico que los derechos humanos tuvieron en Argentina. Esta disputa fue posible a partir de la existencia de un contexto de alta polarización política junto a la existencia en la agenda estatal y mediática de una tematización alternativa a la que caracterizaba al discurso instalado (Kordon, 2024). Así, el discurso fijado y consolidado sobre los derechos humanos desde 1983 se ve desafiado, dando comienzo a una nueva etapa política en la que un discurso, acompañado por una variedad de elementos preexistentes y que en períodos previos se mantenían en los márgenes, ahora emerge y se encuentra en el centro de la escena política. Factores como el alto nivel de polarización lleva a que la disputa y confrontación otorgue un rédito político a los diferentes actores, en tanto que la presencia y circulación de elementos del discurso desafiante en las agendas estatales y mediáticas, permite que una multiplicidad de voces de distintos ámbitos –políticos, mediáticos, culturales, académicos, etc.– robustezcan la legitimidad del sentido que este discurso detenta. Es a partir de la presencia de estos dos factores en este período que tiene lugar una disputa que no había logrado consolidarse anteriormente.
Si bien estos factores son la clave para que se produzca esta disputa por el sentido de los derechos humanos, la llegada del Frente de Todos a la presidencia de la Nación en diciembre de 2019 produce un cambio en la agenda estatal que no va a incidir en la continuación y consolidación de esta disputa. Se abre un período en el cual dicha disputa, que ya existía, no solo sobrevive sino que se profundiza independizándose de algunos de aquellos factores que posibilitaron su emergencia, como por ejemplo la presencia de elementos del discurso desafiante en la agenda estatal. En síntesis, si para que esta disputa tuviera lugar fue necesaria la existencia de un escenario de alta polarización política y la conjunción de elementos de un discurso desafiante en las agendas estatales y mediáticas, el cambio de gestión y las modificaciones en la agenda estatal no incidió en que la disputa en cuestión se cierre sino que esta se consolidó y profundizó. Indagar cómo esa disputa se consolidó y profundizó en el período que se inicia en diciembre de 2019, a pesar de los cambios en los lineamientos estatales referidos a esta temática, es el objetivo central de este trabajo.

Como afirma Daniel Feierstein (2018), en el año 2015 se produce una nueva ofensiva sobre la construcción y conquista del sentido común respecto a lo ocurrido en la última dictadura. Esto puso en tensión ideas y narrativas, asociadas a la memoria, disputando y elevando el nivel de conflicto entre diferentes actores portadores del discurso desafiado y del desafiante. Sin embargo, las elecciones presidenciales del año 2019 se presentaban como una posibilidad de poner en jaque esa ofensiva, pero, como se desarrollará en este apartado, el proceso de disputa por el sentido se consolidará y profundizará.
El 10 de diciembre de 2019, luego de triunfar en las elecciones del mes de octubre, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumen la presidencia y vicepresidencia de la Nación, respectivamente, por el Frente de Todos. Este nuevo escenario implica, en materia de derechos humanos, el intento de retomar la dirección que se había interrumpido al asumir la presidencia Mauricio Macri en diciembre de 2015. Sin embargo, a los tres meses de iniciada la nueva gestión, la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo, trajo aparejada una serie de medidas –que exceden por mucho los objetivos de este trabajo– que serán determinantes para el nuevo gobierno. El 20 de marzo de 2020 el Poder Ejecutivo ordenó una serie de medidas que fueron comúnmente conocidas como cuarenta que, entre otras disposiciones, restringía la circulación de la población, modificando las modalidades de trabajo, estudio y básicamente la vida de todos los ciudadanos. Este nuevo contexto implicó un impacto a toda la sociedad en su conjunto y acarreó mayores dificultades a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta medida originalmente tenía un breve período de duración pero se continuó extendiendo a lo largo de todo el año 2020 y, en menor medida, parte del año 2021. La aparición de esta situación excepcional traerá relevantes consecuencias políticas en general y en particular en la disputa por el sentido de los derechos humanos que ya se había iniciado en el período anterior.
Los factores ya mencionados que posibilitaron que se establezca la disputa sufrirán una modificación sustancial, la agenda estatal buscará retomar la senda que la asocia con el discurso desafiado en un intento por dejar relegados a los elementos del discurso desafiante. Si bien este movimiento no restituye una situación previa, busca retomar los lineamientos y las prácticas de la agenda estatal de derechos humanos que habían estado presentes durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, el escenario de alta polarización política no solo se mantiene sino que se acentúa de manera considerable a medida que avanza la gestión de la pandemia de COVID-19 (Ariza et al, 2024). A este contexto de polarización se suma la aparición de figuras que condensaron y cristalizaron una situación de descontento y enojo con la política tradicional que produce que una naciente identidad “anti todo”, que no rechaza a la política en sí misma, sea reconducida a adherir a una extrema derecha radical (Brusco, 2023). Esto da lugar y promueve que todo pueda ser parte de una disputa en pos de fortalecer a los sectores políticos enfrentados y desfavoreciendo a aquellos que no se sumen a dicho conflicto en donde no solo entra en juego una cuestión específica, en este caso el sentido de los derechos humanos, sino que, también, fortalece espacios y consolida identidades políticas como parte del rédito que otorga ser parte de esa lógica política. Los derechos humanos no son esquivos a esa realidad y son puestos en disputa no solo desde su particularidad sino también como objeto de confrontación más amplio de un escenario político altamente polarizado y a partir de la configuración de disputas en torno a las medidas llevada adelante para mitigar los efectos de la pandemia que en muchas ocasiones serán realizadas en clave de derechos humanos. Esta articulación entre demandas surgidas al calor de las medidas sanitarias tomadas y la temática de los derechos humanos será clave a la hora de pensar cómo se consolidó la disputa por el sentido.
De esta manera, el factor central que entra en juego y se muestra, por un lado, novedoso y, por otro lado, central a la hora de consolidar, robustecer y profundizar la disputa, es la cuarentena implantada como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La irrupción de dicha pandemia en todo el mundo generó un impacto que afectó la vida en sociedad y a muchas de las dimensiones que la componen. En Argentina, y en lo relativo a los objetivos de este trabajo, la temática de los derechos humanos no estará exenta del impacto. Como plantean Lvovich y Grinchpun (2022), las medidas sanitarias llevadas adelante, que tenían como objetivo matizar el impacto del COVID-19, generarán la oportunidad y el espacio para establecer determinadas narrativas e ideas que confrontaron con el sentido de derechos humanos por el que el gobierno nacional bregaba; es decir, asociadas al discurso desafiado. Estos autores explicitan que uno de los factores que influyó en esta situación se relaciona con la atención que lograron determinados actores sociales, políticos y mediáticos ante “una población que pasaba cada vez más tiempo frente a las pantallas de sus teléfonos, computadoras y televisores, voceros de estos grupos les dieron creciente visibilidad y aceptabilidad a sus planteos desde las redes sociales y el prime time (Lvovich y Grinchpun, 2022:11). La pandemia también generó una disputa a la hora de su propia definición y que también implicó una vinculación a cuestiones asociadas a los derechos humanos y específicamente al concepto de dictadura. En este sentido, Montero (2022) aborda cómo este nuevo contexto pandémico y las políticas implementadas fueron objeto de un acto nominativo en disputa a partir de ser un acto instituyente. Así es como surge desde sectores que cuestionaron las medidas sanitarias “el término de infectadura, una creación léxica que engarza el universo semántico de la pandemia con el de los regímenes políticos: en Argentina habría, desde esta perspectiva, una dictadura de la infección o una dictadura de la salud” (Montero, 2022: 122). Esta disputa en torno al modo de nominar la pandemia dio lugar a que el cuestionamiento implique la puesta en cuestión del mismo régimen democrático y como tal la idea de los derechos humanos.
La cuarentena va a tener una implicancia sustancial a partir de ser un eje central con relación al corrimiento que va a suceder, producto de las restricciones que estableció la misma, desde la calle, es decir, desde el espacio público al espacio virtual y especialmente al entorno digital. Este corrimiento implica la imposibilidad de utilizar los espacios públicos para la realización de actividades políticas y sociales. Esto va a favorecer que se afiance la posición del discurso desafiante, cuando con el cambio de gestión en el Poder Ejecutivo se avizoraba y presuponía su debilitamiento. Si la ausencia de elementos en la agenda estatal de dicho discurso significa un debilitamiento del mismo, este corrimiento desde la calle al espacio virtual y a los diferentes ámbitos del entorno digital lo favorece con creces. La irrupción del COVID-19 y las medidas tomadas en consecuencia de ello resultan ser centrales para comprender porque, a pesar del debilitamiento que sufre la posición del discurso desafiante, esta disputa se robustece. Asimismo, pone en relevancia cómo afectan a las estrategias políticas los marcos de acción en su relación con los ámbitos en los cuales se desarrollan. De esta manera, los organismos de derechos humanos ‒referencia central de los principales actores que sostienen el discurso desafiado‒, ante un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura llamaban a “que toda acción conmemorativa se lleve adelante con los máximos recaudos y siguiendo los protocolos del Distanciamientos Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)”.³ Estas medidas implicaban un duro golpe en relación con los tradicionales marcos de acción de los organismos de derechos humanos y planteaba la necesidad de pensar nuevas estrategias. Durante toda su historia habían realizado manifestaciones, actos, conmemoraciones, etc. en espacios públicos tradicionales, que contaban con el acompañamiento de una gran parte de la sociedad y de numerosas organizaciones sociales, políticas y partidarias, pero ahora debían implementar nuevas estrategias en el campo de la virtualidad y en un sentido más general en el entorno digital y, principalmente, en las redes sociales, espacio que si bien no les era desconocido no era el eje central de sus acciones. Lo opuesto va a ocurrir con aquellos sectores que promueven el discurso desafiado, para quiénes el campo de lo virtual y el entorno digital, y especialmente el de las redes sociales, es un ámbito que no solo les resulta familiar sino que es donde mejor desenvolvimiento y notoriedad han conseguido. En pocas palabras, mientras que para el discurso desafiado se abre un momento en donde deben actuar en un terreno en el que no muestran su mejor forma a la hora de desenvolverse, para el discurso desafiante esta nueva situación los sitúa en el ámbito en el que mejor se desenvuelven y más cómodos se sienten. Esto se muestra como la cristalización de un momento en el cual el gobierno de Alberto Fernández produjo, ante las medidas tomadas, que se “cediera espacio y margen de maniobra a sus adversarios. Entre ellos, se encontraban integrantes de la ‘memoria antisubversiva’ así como sectores que, sin militar en esas filas, compartían su discurso, ideario y meta” (Lvovich y Grinchpun, 2022: 11).
Ante este nuevo contexto, los organismos de derechos humanos impulsaron campañas en redes sociales que promovieron la reivindicación de la lucha por la memoria, verdad y justicia. Un ejemplo de esto fue la campaña #ConstruimosMemoria y #MesDeLaMemoria en donde se solicitaba realizar publicaciones en redes sociales referidas al tema utilizando los hashtags recién mencionados. De este modo, por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo manifestaba en un comunicado que “ante la imposibilidad de marchar como todos los años por motivos de público conocimiento, las Abuelas llamamos a la sociedad a poblar las redes de posteos que nos ayuden a visibilizar que la Memoria sigue viva, que continuamos la búsqueda de los nietos y nietas”.⁴ Este tipo de estrategias buscaba no perder presencia en la esfera pública y sostener sus demandas históricas al mismo tiempo que, a partir de esto, se intentaba continuar detentando el sentido hegemónico de los derechos humanos. Sin embargo, la complejidad del contexto implicaba que, aunque se implementaban estrategias en redes sociales, el respaldo a las medidas del gobierno convertía al discurso desafiado en objeto de críticas provenientes de un espectro más amplio que aquel vinculado exclusivamente a la temática de los derechos humanos. Al mismo tiempo que se desplegaban estas estrategias, persistía el apoyo a las políticas oficiales y se profundizaba el desplazamiento del espacio de disputa desde la calle hacia el ámbito virtual. Así es como desde los organismos afirmaba su compromiso con las medidas sanitarias al afirmar que “nosotras creemos en lo que se está haciendo, que es este control de los que violan la veda de salir a la calle, y que están siendo castigados con la ley” (Carlotto, 2020). El intento de adaptarse a un contexto nuevo y complejo quedó atrapado en narrativas tradicionales, aunque en un formato renovado. Esto dificultó dotar de fuerza y efectividad a las nuevas estrategias vinculadas al entorno digital. Así, desde los sectores que sostenían el discurso desafiado se procuraba reforzar su posición; sin embargo, el intento de reconstruir un escenario similar al de los años previos a 2015 no solo se enfrentaba a la realidad impuesta por la pandemia, sino que también tropezaba con un nuevo obstáculo: la articulación de demandas al gobierno nacional relacionadas con la pandemia en clave de derechos humanos.
Mientras tanto, desde el sector que sostenía el discurso desafiante cobraban cada vez mayor notoriedad figuras que en base a sus apariciones mediáticas y en redes sociales amplificaban su presencia y sus posiciones en las que se incluían elementos constitutivos de dicho discurso. Entre ellos se pueden destacar dos grupos de actores: en primer lugar, aquellos novedosos y/o que se mantenían en los márgenes de la escena política y que habían comenzado a posicionarse en el centro de la misma en el período anterior, como Javier Milei⁵ y Victoria Villarruel.⁶ La manifestación más cabal de este corrimiento se constituye a partir de los buenos resultados electorales en las elecciones legislativas de noviembre de 2021. En esa ocasión, Javier Milei y Victoria Villarruel logran obtener sus bancas como diputados de la Nación con el partido recién formado La Libertad Avanza. Estos actores articularon muchas de sus críticas a la cuarentena con su posicionamiento en temas de derechos humanos vinculados al discurso desafiante. Javier Milei afirmaba que “este gobierno es un gobierno genocida, que por no dejar de robar mató a 70.000 personas” (Milei, 2021). Muy acorde a este tipo de declaraciones, Victoria Villaruel decía en la red social X (ex Twitter) que “La cuarentena fue la excusa ideal para que desde el oficialismo y la oposición nos restringieran nuestros derechos humanos”.⁷ En estas declaraciones, se puede dar cuenta de cómo a la hora de presentar críticas a las medidas tomadas por el gobierno nacional, surgen conceptos e ideas que resignifican un sentido original asociado a los derechos humanos, y al discurso desafiado, para ser reinterpretados de modo tal que se vinculen al discurso desafiante. La utilización del concepto “genocidio” es un ejemplo de esta acción de resignificación.
En segundo lugar, se encuentra el grupo de actores que había formado parte de la gestión del gobierno de Cambiemos que radicaliza y expone sin atenuantes su posiciones referidas a los derechos humanos, entre los cuales se destacan Mauricio Macri y Patricia Bullrich.⁸ Tanto el ex presidente como su ex ministra de seguridad fueron destacados opositores a las medidas tomadas durante la pandemia de COVID-19. A la hora de manifestar las críticas a la cuarentena, en muchas ocasiones apelaron a los derechos humanos desde su propia visión. Por ejemplo Patricia Bullrich manifestó que “hubo centenares de violaciones a los derechos humanos y civiles en todo el país. Abusos de autoridad, detenidos, torturados y muertos por incumplimiento de la cuarentena” (Bullrich, 2021). Por su parte, el ex presidente Macri firmó junto con otros referentes asociados a las ideas de derecha a nivel internacional un documento llamado “Que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”,⁹ en donde se afirmaba que “muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos […] Han suspendido el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia”. En ambos casos, nuevamente, se hace presente la noción derechos humanos como así también de conceptos asociados a dichos derechos: Estado de derecho y libertades, por ejemplo.
En esta línea, tanto el primer grupo de actores como el segundo coincidieron en utilizar para sus críticas un discurso que no solo afianzaba al discurso desafiante en la disputa ya establecida por el sentido de los derechos humanos, sino que también se usaba para confrontar ante las medidas dispuestas por el gobierno nacional, esencialmente ante el establecimiento de la cuarentena. Esta doble acción potencia la presencia, y su lugar en la disputa, al lograr articular un tema que era de debate actual y cotidiano en todos los ámbitos –la cuarentena– con otro debate configurado como un conflicto en el presente pero a partir de hechos del pasado. Esta articulación resulta efectiva en tanto activa posicionamientos sobre la disputa referida al sentido de los derechos humanos, a partir de las posturas asumidas sobre hechos y acciones del presente, en un contexto y una coyuntura especialmente singular. El modo en que estas críticas se articularon provocó que, además de los cuestionamientos a la cuarentena, tuviera lugar la consolidación de los supuestos del discurso desafiante y de la disputa de la que damos cuenta. De este modo, la conjunción de los cuestionamientos de estos dos grupos de actores puede verse cristalizada a partir de declaraciones de quien asumirá la presidencia en diciembre de 2023 y de quien ya había sido presidente. Así se puede identificar a Javier Milei afirmando que “Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad” (Milei, 2020). Como así también lo manifestado por el ex presidente Mauricio Macri sosteniendo que “la democracia en Argentina está amenazada por un comportamiento que busca debilitar la independencia del Poder Judicial, violando la Constitución y los derechos humanos” (Macri, 2021). Esta posibilidad de unificar críticas a las acciones tomadas a causa de la pandemia, que permite a su vez cuestionar el sentido de los derechos humanos en relación con la disputa instalada, se nutre, entre otras cosas, de dos dimensiones centrales. Por un lado, como plantea Estévez, pueden invocar los derechos humanos en relación con cuestionamientos de otros temas sin perder su identidad propia, en tanto pueden consolidar y fortalecer dichos cuestionamientos (Estévez, 2017). En tanto que, por otro lado y en estricta relación a lo anterior, posicionarse como defensores de los derechos humanos tiene valor en tanto que estas disputas