Cara y ceca del hábitat popular en el Conurbano Bonaerense Entre la inquilinización y la institucionalización Marcela Vio
Universidad Nacional de Avellaneda / CONICET, Argentina
marcelavio@gmail.com / ORCID: 0009-0003-6348-820X

Recibido: 4 de noviembre de 2024. Aceptado: 5 de marzo de 2025. Resumen El artículo tiene por objetivo actualizar la comprensión de la cuestión que atañe al hábitat popular del aglomerado más poblado y complejo de la jerarquía urbana argentina: el Conurbano Bonaerense. El interés principal está puesto en el análisis de los procesos recientes que definen condiciones de vida de los hogares populares que lo habitan. De la investigación territorial emergen dos fenómenos específicos de los años recientes. Uno observable de manera directa con herramientas metodológicas de investigación territorial y el segundo requiere otras mediaciones para la comprensión de las implicancias que tiene para esos hogares. El primero de estos procesos es el del crecimiento de la inquilinización y el segundo la institucionalización del hábitat popular a partir de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El análisis de ambos fenómenos implica capturar las complejidades propias de los procesos sociales, ya que mientras que el primero conlleva un empeoramiento de las condiciones de vida, el segundo significa una forma de reconocimiento de un modo de habitar de las clases populares que ha sido analizado como provisorio muchas veces, pero que ha demostrado su condición de permanente. Metodológicamente el artículo presenta datos primarios –resultantes de un relevamiento territorial realizado en el barrio Villa Jardín (Lanús) en el año 2023 que aplicó herramientas cuantitativas y cualitativas– que complementa con datos de fuentes secundarias. Conceptualmente recorre cada uno de los procesos desde una perspectiva teórica que articula categorías del campo de los estudios del hábitat y de la economía popular. Se espera que los resultados de la investigación que aquí se presentan contribuyan a la formulación de preguntas y a la apertura de nuevos prismas que permitan profundizar el análisis de los fenómenos que constituyen el objeto de la misma. Palabras clave: hábitat popular | economía popular | conurbano | hogares inquilinos | RENABAP

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Heads and tails of the popular habitat in the Conurbano Bonaerense Between tenancy and institutionalization Abstract The article aims to update the understanding of the issue that concerns the popular habitat of the most populated and complex agglomerate of the Argentine urban hierarchy: the Buenos Aires suburbs. The main interest is placed on the analysis of recent processes that define living conditions of the popular households that inhabit it. Two specific phenomena of recent years emerge from territorial research. One is directly observable with methodological tools of territorial research and the second requires other mediations to understand the implications it has for those households. The first of these processes is the growth of tenancy and the second the institutionalization of the popular habitat from the creation of the National Registry of Popular Neighborhoods (RENABAP). The analysis of both phenomena implies capturing the complexities of social processes, since while the first entails a worsening of living conditions, the second means a form of recognition of a way of living of the popular classes that has been analyzed. as temporary many times, but which has demonstrated its permanent status. Methodologically, the article presents primary data –resulting from a territorial survey carried out in the Villa Jardin neighborhood (Lanús) in 2023 that applied quantitative and qualitative tools– which it complements with data from secondary sources. Conceptually, it covers each of the processes from a theoretical perspective that articulates categories from the field of habitat studies and popular economy. It is expected that the results of the research presented here will contribute to the formulation of questions and the opening of new prisms that allow for a deeper analysis of the phenomena that constitute the object of the research. Keywords: popular habitat | popular economy | conurbano | tenant households | RENABAP

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1. Introducción El análisis que propone el artículo responde a la preocupación por actualizar la comprensión de los escenarios recientes que se configuraron en torno del hábitat popular en el conurbano y que definen condiciones de vida de los hogares populares que habitan ese territorio. Es uno de los resultados que ofrece una investigación territorial1 que se sostiene sin solución de continuidad desde el año 2011, cuyo objeto son las condiciones de vida y las estrategias de reproducción social de un grupo de hogares2 de las clases populares. Sus resultados contribuyen, teórica y empíricamente, al estudio de la economía popular que se articula en los territorios del conurbano (Cabrera y Vio, 2014). En el marco de esta investigación la cuestión del hábitat constituye una línea de indagación central, en particular por su potencial explicativo de las condiciones de vida de los hogares que se estudian. Del mismo modo, el estudio de las formas de acceso al suelo y a la vivienda son terreno fértil para comprender sus estrategias de reproducción social ya que organizan y condicionan de manera fundamental a la matriz3 en la que se combinan con otras para el logro de dicha reproducción (Cabrera y Vio, 2014). A lo largo de más de diez años de investigación territorial en barrios populares del Conurbano Bonaerense se observaron cambios que fueron imprimiendo matices epocales tanto en las condiciones de vida como en la matriz referida. En este artículo pretendemos dar cuenta de dos recientes en el tiempo, atinentes al hábitat popular que configuran nuevos escenarios e implican transformaciones significativas para los hogares en cuestión. Uno de estos escenarios se configura con la participación creciente que experimenta el alquiler entre las formas de acceso al suelo y a la vivienda que adoptan los hogares que habitan en barrios populares. El otro escenario, da cuenta de un nuevo estatus institucional del hábitat popular que se sustanció con el ingreso particularizado de las villas y los asentamientos del conurbano al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), apuntalado por los movimientos sociales y organizaciones políticas que confluyen en la representación de los sectores de economía popular. Estos escenarios novedosos y simultáneos en el tiempo presentan puntos de encuentro y desencuentro que serán materia de reflexión en las conclusiones de este trabajo. El trabajo postula a modo de hipótesis general que la incipiente inquilinización en los barrios populares y la institucionalización referida son cara y ceca de una misma moneda. Por un lado, el proceso de inquilinización pone de manifiesto las crecientes dificultades para acceder al suelo y a la vivienda y el consecuente empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares (inquilinos); por el otro, la creación e implementación del RENABAP constituye un intento de reparación histórica que pone paño frío a la inseguridad de la tenencia de la vivienda y significa una forma de reconocimiento de un modo de habitar de las clases populares que ha consolidado su condición de permanente. Para cumplir con el objetivo trazado, el artículo utiliza fuentes primarias propias y secundarias. Las primeras resultan de un relevamiento de campo que articuló el uso de una metodología cuantitativa y cualitativa. Conceptualmente recorre cada uno los escenarios planteados desde una perspectiva teórica que articula categorías del campo de los estudios del hábitat y de la economía popular. El desarrollo del artículo se organiza en cuatro apartados. El primero describe los aspectos metodológicos; el segundo caracteriza el proceso de inquilinización y utiliza evidencia empírica que se desprende de un relevamiento propio realizado en Villa Jardín (Lanús), aquí el artículo desarrolla una caracterización de los hogares de inquilinos y establece comparaciones con el resto de los hogares del mismo barrio para observar sus condiciones de vida; el tercero presenta una reflexión conceptual sobre las implicancias que trae aparejadas el proceso de institucionalización del hábitat popular que atribuimos a la creación e implementación del RENABAP; el artículo finaliza con las conclusiones. 2. Consideraciones metodológicas El diseño metodológico combina el uso de técnicas de recolección cuantitativas y cualitativas con fuentes secundarias y primarias. Estas últimas son producto de la información relevada durante los días 22, 23 y 24 de agosto y 5 de septiembre de 2023 en el contexto del Proyecto PICT,4 en el marco del cual, se firmó un convenio específico de cooperación entre el Ministerio Público de la Defensa y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) para el estudio de las condiciones de vida de los hogares que habitan el sector “0” de Villa Jardín, en el partido de Lanús. La elección de Villa Jardín respondió al interés de la Defensoría que actúa patrocinando a los vecinos del sector del barrio ya mencionado (Res. DGN Nº 730/2018) dado que el mismo se encuentra excluido de los procesos de urbanización y relocalización que se disponen en el marco de la ejecución de la sentencia de la Causa “Mendoza”.5 En este caso los datos del relevamiento fueron aportados a la Causa para sumar fundamentos que sostengan la inseparabilidad de un sector del barrio del resto y solicitar la incorporación del sector relevado a las intervenciones de mejoras urbanas planificadas. Utilizamos como insumo los datos recabados a través de la aplicación de una encuesta representativa del barrio cuya unidad de observación fueron las viviendas y las unidades de análisis: viviendas, hogares e integrantes. También se realizó un relevamiento cualitativo que recabó seis entrevistas semiestructuradas que se realizaron los días 21 de septiembre y 16 de noviembre de 2023. La encuesta se efectuó por muestreo con base en un diseño probabilístico por etapas. El marco muestral se construyó a partir de la identificación y conteo de lotes-viviendas y la posterior restitución e identificación en el terreno. Se identificaron un total de 439 lotes (a partir de una propuesta de loteo del RENABAP). Se determinó un tamaño de muestra de n=147 viviendas (corregido por el tamaño de universo-población conocido) de modo tal de obtener estimaciones de variables categóricas referidas a viviendas y a hogares con un margen de error no mayor a 6 puntos porcentuales y con un nivel de confianza del 90%. La ponderación de los casos relevados brinda información representativa de 714 viviendas y 733 hogares. La unidad de observación delimitada para los objetivos de este artículo corresponde a los hogares inquilinos y se identificaron a partir de la respuesta de los hogares encuestados frente a la pregunta incluida en la encuesta: “En relación a su situación de tenencia: ¿Cuál es la situación del hogar?”, de modo que se estimaron en función de los que optaron por la categoría “inquilino o subinquilino” en sus respuestas. Se contabilizaron 32 hogares inquilinos (dato ponderado). Entre las fuentes secundarias se utilizaron los resultados publicados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por INDEC en el 2022. Asimismo, se incluyeron datos del Registro Nacional de Barrios Populares radicado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Finalmente, el artículo hizo uso de los datos de la Encuesta Inquilina en Barrios Populares realizada con la articulación de varias instituciones para analizar las condiciones sociales, económicas y habitacionales de los hogares inquilinos (ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES, IGEO-UBA, 2023). 3. El alquiler gana terreno en los barrios populares A grandes rasgos puede decirse que las modalidades de acceso a la tierra y la vivienda, por fuera de los intercambios mercantiles, comienzan desde muy temprano en la Ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, se extienden sobre el primer y segundo cordón del Conurbano Bonaerense confiriéndole una de las características sobresalientes al proceso de suburbanización que protagonizaron las clases populares. Hacia 1930 comienza a hilvanarse un tejido de villas que se sostendrá sin solución de continuidad,6 en el que operará una triple distinción respecto de otros sectores urbanos: i) morfológica: relativa a su carácter abigarrado y su trazado irregular; ii) urbana: carente de infraestructura, servicios públicos básicos y por fuera de las normas urbanísticas vigentes para la época y iii) social: siendo este el que aloja a las clases populares que no pudieron alcanzar el dominio jurídico de la tierra y la vivienda (Calello, 2000; Cravino, 2008; Vio, 2021). Paralelamente, las clases populares asalariadas, mayormente ocupadas en la producción manufacturera de la industria sustitutiva de importaciones, despliegan otra modalidad de acceso dominante: la compra financiada de lotes en sectores urbanos poco consolidados, modelando una ciudad metropolitana morfológicamente extendida y de baja densidad demográfica (Torres, 1993). Durante el último gobierno de facto (1976-1983), con la implementación del Decreto Ley provincial N° 8912 de regulación de uso de suelo y ordenamiento territorial –que viene a establecer la prohibición de la subdivisión del suelo no provisto de infraestructuras–, se obtura la dinámica de suburbanización popular sostenida a partir de las adquisiciones en el mercado inmobiliario formal de lotes que no cumplían con esta condición. Así, hacia el fin del período dictatorial se asiste a la emergencia de una nueva modalidad: las tomas organizadas de tierras, impulsadas por pobladores y organizaciones sociales, políticas y religiosas que alumbraron los primeros asentamientos populares en el sur del conurbano (Cravino y Vommaro, 2018). Para Oszlak (1991), se trató de la inauguración de una modalidad de autogestión en la construcción de viviendas populares, dando lugar protagónico al fenómeno de los asentamientos como una alternativa para acceder a la tierra en áreas urbanas. A mediados de la década siguiente, a este fenómeno se le unió el de la mercantilización informal de las tierras (CELS, 2016). La demanda creciente de las clases populares pauperizadas, que permanecieron imposibilitadas de acceder a tierras a través de intercambios formales, encontró su oferta en las tomas llevadas a cabo por unos pocos, para su comercialización en un incipiente mercado informal. Puede decirse que ambas estrategias –las tomas organizadas y las adquisiciones en el mercado informal– dominaron la escena del acceso al suelo de las mayorías populares urbanas desde ese momento hasta la actualidad.7 Es abundante la literatura que ha tomado a estas estrategias particulares del proceso de suburbanización del conurbano como objeto de sus investigaciones (Cravino, 2008; Cravino, Del Río y Duarte, 2008; Pírez, 2016; CELS, 2016; Rodríguez, 2018), en cambio, es poco lo que se sabe de los cambios recientes que se observan en estas modalidades. Nos referimos particularmente al incremento de los alquileres de piezas, departamentos y casas en los barrios populares del aglomerado. Según el relevamiento realizado entre abril de 2022 y diciembre de 2023 (en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano) para estudiar las condiciones sociales de los hogares inquilinos, se estima que el 3,45% (9.645 viviendas) de las 279.245 viviendas8 encuestadas en los barrios de los 24 partidos del aglomerado, se encuentran alquiladas (ACIJ, CELS, CEUR-CONICET, EIDAES, IGEO-UBA, 2023). Postulamos que se trata de una nueva modalidad de acceso al hábitat en barrios ya consolidados que explicita, también, la creciente dificultad para acceder a la propiedad de hecho del suelo y la vivienda. En este marco, el proceso de inquilinización establece una nueva distinción, un nuevo piso de ciudadanía, con la aparición de inquilinas/os que recomponen el universo de ocupantes que hasta poco tiempo atrás, contaba con la participación casi exclusiva de propietarias/os de hecho. En este apartado aportamos algunos datos y consideraciones para actualizar la comprensión de las estrategias de acceso al suelo y la vivienda que están teniendo lugar en un sector de las clases populares. A la vez, presentamos rasgos de los hogares inquilinos de Villa Jardín en pos de caracterizar sus condiciones de vida. Nos servimos de los resultados de un trabajo de campo realizado entre agosto y septiembre del 2023. En particular, nos interesa recuperar la perspectiva histórica que planteamos al inicio para desentrañar los rasgos emergentes en las estrategias de reproducción social de las clases populares y cómo estos se traducen, específicamente, en las maniobras desplegadas para dar satisfacción a sus necesidades habitacionales durante la posconvertibilidad.9 Asimismo, por tratarse de estrategias situadas hacemos notar que el caso de Villa Jardín sirve para ilustrar en particular lo que acontece en el primer cordón del conurbano. Por motivos de extensión, no nos detendremos aquí en justificar la afirmación en la que, también, se sostiene nuestro análisis de la economía popular y que refiere a la pertinencia de adoptar la subdivisión del territorio del conurbano en primer y segundo cordón, para establecer distinciones entre las estrategias de reproducción de los hogares que componen a esta economía (incluidas las habitacionales).10 Sostenemos a modo de hipótesis metodológica que el tiempo histórico en el que se inscribe el arribo de los pobladores a sus viviendas es una primera clave para analizar estas estrategias. De modo que, primeramente, nos proponemos observar la consistencia de nuestra hipótesis agrupando a los hogares de Villa Jardín según el año de arribo a sus viviendas. Para luego observar las modalidades de acceso al suelo y a la vivienda a partir de las diversas situaciones que manifestaron los hogares con relación al tipo de tenencia. En segundo lugar, seleccionamos algunos indicadores para dar cuenta de las condiciones de vida los hogares inquilinos y establecemos contrapuntos con el resto de los hogares en pos de reconocer particularidades del grupo que nos interesa. A continuación, y, a modo de introducción, presentamos una breve caracterización del partido de Lanús y de Villa Jardín para contextualizar el análisis que desarrollaremos luego. El Municipio de Lanús fue fundado en 1944 y limita con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes. Se ubica en el primer cordón del Conurbano Bonaerense y su densidad de población se ubica entre las más altas de los 24 partidos que lo componen (9.556 habitantes por km2). Ocupa un área que representa el 1,35% de la superficie del conurbano y una parte de ella se inscribe en el territorio de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Como otros partidos del primer cordón, su desarrollo territorial cobró impulso con el proceso de suburbanización de las clases populares que tuvo lugar durante la etapa del desarrollo de la industria sustitutiva (Torres, 1993). En este contexto, Lanús alojó a las clases trabajadoras asalariadas en el sector industrial y, también, a quienes arribaron con la expectativa de lograr una inserción laboral en este mismo sector.11 Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2022), su población se estima en 462.051 habitantes y se distribuye en 167.953 hogares que residen en viviendas particulares.12 La situación de los hogares con relación a la tenencia de sus viviendas evidencia que menos de la mitad posee una vivienda propia con escritura. En cuanto al proceso de inquilinización que nos atañe, los hogares inquilinos en Lanús registraron un incremento del 6% en el período intercensal 2010-2022. Para el año del último Censo, un poco más del 20% de los hogares de Lanús alquilaba la vivienda que habitaba. El RENABAP contabiliza 26 barrios populares en este partido, entre ellos Villa Jardín, localizada en el extremo norte del partido, en la localidad de Lanús Oeste, próxima a la localidad de Valentín Alsina y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una villa antigua, de más de noventa años, cuyo origen guarda relación con el fin del modelo agroexportador y con la expansión y consolidación de la actividad industrial como motor del desarrollo argentino (Vio y Cabrera, 2015). Originalmente convivían allí migrantes internos con inmigrantes europeos: rusos, españoles, italianos. Según el relato de vecinos, el barrio debe su nombre a los jardines de los inmigrantes europeos, que eran vistosos y muy cuidados. En un breve recorrido por la historia de Villa Jardín, se observa la presencia significativa de organizaciones vecinales que en la década de 1960 conformaron la “Junta coordinadora de entidades de bien público”, según cuentan sus vecinos. En un principio la Junta aunó esfuerzos para enfrentar las consecuencias de inundaciones que asolaban el barrio y, posteriormente, para resistir las amenazas de reubicación de los vecinos. Los terrenos en los que se asienta el barrio eran privados y fueron expropiados en el año 1961. Actualmente en Villa Jardín habitan 4.950 familias, según los datos recuperados del RENABAP. El sector “0” del barrio, en el que realizamos el relevamiento, contabilizamos 714 viviendas, 733 hogares y 2.536 personas. En la composición demográfica de este mismo sector se destaca la presencia de población joven. El 33% de los habitantes se concentra en el rango de edad de 25 a 49 años. El 28,4% es menor de 18 años y casi el 40% es menor de 24 años. La población es en su mayoría de origen argentino. Casi el 90% de los habitantes declaran esa condición. En segundo lugar, se registran los de nacionalidad paraguaya, y en tercero los de nacionalidad boliviana. 3.1. Principales características de los hogares inquilinos de Villa Jardín Para identificar el universo de inquilinos en el sector relevado, observamos la situación de la tenencia de los hogares encuestados. El 80% manifiesta ser dueño de su vivienda y cerca del 10% afirma ser dueño de la vivienda y del terreno, aunque no cuenta con escritura legal que corrobore esta afirmación. El porcentaje de los no propietarios alcanza el 10% y se distribuye del siguiente modo: el 4,3% corresponde a hogares inquilinos o subinquilinos, el 2,7% a los que le prestaron una vivienda y el 3,4% a los que vive con un familiar. Cabe aclarar que a partir de entrevistas que se realizaron para la misma época, se concluye que el barrio nunca logró regularizar la situación de dominio de los terrenos, de origen privado y expropiados en la década de 1960. Se relatan diversos proyectos e intentos en ese sentido, que hasta el momento del relevamiento no habían prosperado. Tabla 1. Situación de la tenencia de las viviendas de los hogares del sector “0” de Villa Jardín según año de llegada a sus viviendas.

Año de arribo a la vivienda	Dueño de la vivienda y terreno	Dueño de la vivienda solamente	Inquilino / Subinquilino	Se la prestaron	Vive en casa de un familiar
Hasta 1970	18	142	0	0	0
De 1971 a 1980	7	102	0	0	0
De 1981 a 1990	0	64	0	0	7
De 1991 a 2000	5	47	0	4	5
De 2001 a 2010	18	111	0	0	9
De 2011 a 2020	19	64	23	16	5
De 2021 a 2023	0	21	9	0	0
Total casos	67	551	32	20	26

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 696 hogares.13 Se desprende de los datos presentados en la tabla 1 que la cantidad de hogares en el sector “0” de Villa Jardín creció mayormente durante dos períodos: desde los orígenes del barrio y hasta 1980 y durante la posconvertibilidad, cuyo inicio situamos en el 2002. Hasta este segundo período la modalidad dominante de tenencia remitía a la categoría “dueño de la vivienda solamente” y, en segundo lugar, asomaba tímidamente la categoría “dueño de la vivienda y el terreno”. A partir de este último intervalo el tipo de tenencia se diversifica e incorpora la categoría “inquilinos” que representan el 4,3% (32 casos) del total de hogares de este sector del barrio. Este dato puede contextualizarse en el análisis más general que aporta Labiano (2018) sobre el cambio de tendencia en los regímenes de tenencia que se dieron en el país. Señala la autora que durante el período intercensal 2001-2010 ya se asiste a la reducción relativa y absoluta de los hogares propietarios que puede ser explicada por el incremento de los hogares inquilinos. Tabla 2. Año de arribo a la vivienda de los hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín.

Año de arribo a la vivienda	Porcentaje de hogares
2018	60,0
2020	12,5
2022	12,5
2023	15,0
Total	100,0

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. Cuando observamos este período en particular, la modalidad de acceso a través del alquiler emerge en el 2018 y alcanza su máximo valor: el 60% del total de hogares inquilinos relevado. Luego, en 2020 se registra la llegada del 12,5%, cifra que se repetirá luego en 2022 y, finalmente, en el año de recolección de los datos (2023) se observa el arribo del 15% de este universo de hogares. Tabla 3. Lugares de procedencia de los hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín.

Lugar de procedencia	Porcentaje de hogares
Siempre vivió en el barrio	37,5
En otro lugar del municipio	15,6
En otro lugar del GBA	12,5
En otro lugar de Argentina	0
En otro país	34,4
Total	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. Cuando indagamos en los lugares donde habitaron los hogares inquilinos con anterioridad a su actual residencia advertimos que, un porcentaje mayoritario siempre vivió en el barrio –inferimos que puede tratarse de hogares de reciente conformación o crecimiento que hasta ese momento vivieron junto a su familia de origen en el mismo barrio– y de otro tanto que procede de otros países. El resto se distribuye en porcentajes similares entre aquellos que residieron fuera de Jardín y dentro de Lanús y en otros partidos del conurbano. En una comparación entre los hogares inquilinos y los hogares de este mismo sector de Jardín, que declararon otro tipo de tenencia del suelo y la vivienda (propietarios, viven en viviendas prestadas y en casa de un familiar), observamos con relación a los últimos que un poco más de dos tercios del total (76%) siempre vivió en el barrio y que un porcentaje significativo procede de otras provincias, cabe recordar que no encontramos casos de inmigración interna entre los inquilinos. Por otro lado, baja significativamente el porcentaje de hogares procedentes de otros países y en términos absolutos iguala a la cantidad de hogares extranjeros inquilinos. De modo que los hogares extranjeros se distribuyen en partes iguales entre hogares inquilinos y el resto de los hogares con otra situación de tenencia. Tabla 4. Hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín según tamaño del hogar.

Cantidad de miembros	Porcentaje de hogares
Dos	12,5
Tres	72,5
Cinco	15,0
Total	100

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. En cuanto a la distribución de los hogares inquilinos según tamaño, todos presentan más de un integrante y la mayor frecuencia, 7 de cada 10, corresponde a los conformados por tres. Los dos tercios restantes con leves diferencias corresponden a hogares con dos y cinco miembros. La distribución según tipo de hogar expresa la predominancia de la categoría “nuclear completo con hijos” que alcanza a un poco más de la mitad de los hogares inquilinos, seguidamente se ubica el tipo “nuclear incompleto con hijos” que alcanza al tercio del universo y por último el de “parejas solas” que alcanza una participación del 12%. Tabla 5. Hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín según NBI.

Hogares	Porcentaje de hogares
Con NBI	12,5%
Sin NBI	87,5%
Total	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. La situación de los hogares relevados considerando el nivel de satisfacción de sus necesidades básicas a partir del indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) señala que el 12,5% padece una o más necesidades sin que puedan ser satisfechas, de acuerdo a las cinco que contempla el indicador.

Tabla 6. Situación de pobreza de los hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín.

Situación de pobreza	Porcentaje de hogares
Indigente	50,0%
Pobre	35,0%
No pobre	15,0%
Total	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. La situación de carencia se modifica cuando se mide la pobreza por ingresos. En este caso, estamos frente a un 50% de hogares que se encuentra por debajo de la línea de indigencia y un 35% por debajo de la línea de pobreza. La comparación con el resto de los hogares (propietarios, viven en viviendas prestadas y en casa de un familiar) de este sector de Jardín arroja que las condiciones de vida de los inquilinos son más precarias. Esta afirmación se corrobora especialmente con la caída del NBI y el descenso significativo de la pobreza e indigencia entre los hogares no inquilinos. De igual modo, esta afirmación encuentra ecos en el análisis de Labiano (2018): el desigual acceso a la vivienda produce diferencias radicales entre hogares locatarios y locadores, pero también entre hogares propietarios (no locadores) e inquilinos, al condicionar el flujo de ingresos corrientes del que pueden disfrutar. Análogamente al lugar que ha ocupado la relación con los medios de producción, la propiedad de la vivienda, en un contexto de polarización de los regímenes de tenencia, en tanto que medio de reproducción de los hogares, puede tener importantes consecuencias sobre la distribución de ventajas y desventajas estructurales (Labiano, 2018: 1). Tabla 7. Hogares inquilinos del sector “0”de Villa Jardín según tipo de vivienda y casa que habitan.

Tipo de vivienda	Porcentaje de hogares	Porcentaje de hogares
Casa	84,4%
Departamento	15,6%
Tipo de casa
Casa Tipo A		34,4%
Casa Tipo B		50,0%
Total	100%	84,4%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. En cuanto al tipo de vivienda, la mayoría de los hogares inquilinos vive en casas y solo el 15% en departamentos. En cuanto al tipo de casa, distinguiendo entre no deficitaria y deficitaria conforme el nivel de consolidación que presenta, se observa que la mitad de los hogares inquilinos vive en casas “Tipo B” (deficitarias pero recuperables mediante mejoras) y el 35% restante, en casas que presentan adecuadas condiciones de habitabilidad (“Tipo A”). La situación habitacional de los hogares inquilinos, también, es más precaria que la del resto de los hogares. Seis de cada diez hogares propietarios viven en casas “Tipo A”, el 24% en viviendas deficitarias recuperables (“Tipo B”) y un poco menos del 9% en departamentos. El resto, apenas un poco más del 1%, se distribuye en casillas y locales no construidos para viviendas. Tabla 8. Fuente de ingreso más alta de los hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín.

Fuente del mayor ingreso	Porcentaje de hogares
Laboral (sueldo, changa, trabajos eventuales, etc.)	65,0%
Planes y programas sociales	22,5%
Préstamos de familiares/amigos	12,5%
Total	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. Por último, nos detenemos en las características de época que moldearon la reproducción social de los hogares, que conforman la base empírica de la economía popular en los términos definidos por Cabrera y Vio (2014). Como mencionan otros trabajos (Cabrera, 2020, 2023; Silva Mariños, 2021), las políticas sociales de transferencia monetaria que se masificaron durante la posconvertibilidad cobraron peso entre las fuentes de ingresos de los hogares. El análisis de las fuentes los hogares inquilinos arroja que el trabajo remunerado sigue aportando el principal ingreso para dos tercios del universo; también adquieren peso las políticas señaladas, ya que constituyen la fuente de ingresos más significativa para el 22,5% de los hogares estudiados. Por último, un porcentaje menor afirmó que su fuente más significativa proviene de la ayuda de familiares y amigos. La comparación de cómo gravitan las diversas fuentes de ingresos en los hogares inquilinos y los que revisten otra situación de tenencia de sus viviendas revela que para los segundos el trabajo remunerado, también, se ubica como fuente más significativa, aunque en términos relativos representa un porcentaje menor que el hallado entre los inquilinos. De igual modo, entre los hogares no inquilinos pierden preponderancia los ingresos procedentes de las políticas de transferencias, los que son superados por los procedentes de las jubilaciones y pensiones. Esta preeminencia de las jubilaciones y pensiones puede relacionarse con el hecho de que, entre los habitantes de Villa Jardín, a diferencia de lo hallado entre la población de los asentamientos populares del segundo cordón, se identifican trayectorias laborales que contaron con las protecciones del trabajo asalariado.

Tabla 9. Cantidad de políticas sin transferencia monetaria y con transferencia monetaria que perciben los hogares inquilinos del sector “0” de Villa Jardín.

Cantidad de políticas	Porcentaje de hogares perceptores de políticas s/ transferencias	Porcentaje de hogares perceptores c/ transferencias monetarias
Ninguna	50,0%	47,4%
Una	35,0%	–
Dos	15,0%	–
Tres	–	37,5%
Cuatro	–	15,0%
Total	100%	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023. Base: 32 hogares. En cuanto a las políticas que moldearon las estrategias de reproducción en la posconvertibilidad, distinguimos entre aquellas que se implementaron a partir del 2009 e implicaron transferencias de ingresos y aquellas que no. En la tabla 9 se presenta la cantidad de políticas que llega a los hogares inquilinos según su tipo. En la distribución observamos que predomina levemente la recepción de políticas que incluyen transferencias monetarias por sobre las que no las incluyen. Asimismo, la cantidad de políticas recibidas por cada hogar inquilino aumenta para este tipo. Un poco más del 50% del universo bajo estudio recibe entre tres y cuatro políticas de transferencias monetarias. La comparación entre los hogares inquilinos y no inquilinos arroja un porcentaje similar en cuanto a la participación en la percepción de ingresos a través de estas, si bien para los segundos se observa una disminución en la cantidad de políticas recibidas, con una frecuencia que aumenta entre los que reciben una y dos políticas. De modo que podemos concluir que el nivel de cobertura crece entre los hogares inquilinos. El ranking de las políticas de transferencias monetarias que más perciben los inquilinos se compone de la siguiente manera: en primer lugar, se ubican la Asignación Universal por Hijo (AUH)14 y el programa Alimentar15 que alcanzan al 52% de estos hogares; luego, con porcentajes también idénticos, se ubican el Potenciar16 y el Progresar17 que alcanzan al 37,5%. Entre los hogares no inquilinos se modifica dicho ranking, tanto la AUH como el Potenciar presentan la mayor cobertura y como rasgo novedoso emerge el programa Remediar18 (entre las políticas que no implican transferencias monetarias). Se infiere que la gravitación de este Programa se relaciona con la presencia de hogares con miembros jubilados en este universo. 4. La institucionalización del hábitat popular a partir de la creación del RENABAP El segundo de los fenómenos que refiere este artículo: el proceso de institucionalización del hábitat popular asociado a la conformación del RENABAP y a la estructuración de un área específica dentro del Estado para gestionar las demandas vinculadas,19 tiene lugar, paradójicamente, en el contexto de una nueva oleada de políticas neoliberales que impulsa el Estado bajo la presidencia de Mauricio Macri a partir del 2016; y se vincula con un proceso más amplio de institucionalización de la economía popular realmente existente. El corolario de este proceso de institucionalización de la economía popular es la irrupción en 2011 de un nuevo actor en la política nacional: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) (Forni, 2020). Desde nuestro punto de vista, se produce un fenómeno de formalización, organización y nominación –“economía popular”– de una zona de cohesión social preexistente, siguiendo los términos propuestos por Castel (2004). Más específicamente, postulamos que esta zona de cohesión se compone de la clase popular plebeya que distinguieron Kessler, Svampa y González Bombal (2010), caracterizada por sus inserciones laborales frágiles e inestables y/o en zonas más desprotegidas, pivotando entre el mundo asistencial y las actividades más precarias. Cuyos bordes quedaron mejor delineados durante la posconvertibilidad, en el marco del proceso reconfiguración que experimentaron las clases populares. Cabrera y Vio (2014), también, se refieren a esta clase plebeya cuando delimitan conceptualmente a la economía popular del conurbano como al conjunto de las estrategias de reproducción social que despliega un sector de las clases populares y suman una distinción a las establecidas por los autores citados arriba: se caracteriza, fundamentalmente, por su estrategia de acceso a la ciudad. Dicha estrategia incluye, para las autoras, modalidades que abarcan tanto a la ocupación, compra y/o alquiler de tierra y vivienda como a la percepción de ambos bienes a través de las políticas habitacionales, pero excluye a toda otra modalidad que responda a intercambios en el ámbito del mercado inmobiliario formal. En esta línea, proponen una operacionalización de la categoría “economía popular realmente existente” que remite al universo de hogares que satisfacen su necesidad habitacional en villas, asentamientos y barrios construidos por la política pública. La CTEP, entonces, emerge como sujeto político que devendrá portavoz de las demandas y actor fundamental en la lucha por los derechos de este sector de las clases populares, en particular el derecho a la tierra, el techo y el trabajo. Como señala Acunzo (2023), la aprobación de la Ley de Emergencia Social el 14 de diciembre del año 2016 implica la primera institucionalización formal del reclamo a nivel legislativo: Uno de los principales beneficios fue crear un millón de nuevos puestos laborales para quienes se encontraban bajo el programa de Ingreso Social con trabajo en el país. Asimismo, la creación de un salario social complementario. En este sentido se expresan Natalucci y Mate (2016): “La LEPS supuso para la CTEP la construcción de una nueva modalidad de redistribución orientada a garantiza la reproducción de sectores de la población con pocas posibilidades de ingresar al mercado de trabajo” (Acunzo, 2023: 11). Este actor logra otra conquista significativa en la reivindicación del derecho al hábitat del sector representado con la creación por decreto del RENABAP en 2017, recuperando el relevamiento20 realizado con el aporte de diversas organizaciones en 2016, que contabilizó a todos los sectores urbanos que podían ingresar en la clasificación: “barrios populares”. De modo que se produjo el ingreso del hábitat popular a la agenda pública con un impulso inédito. Siguiendo a Di Virgilio (2024): Desde hace ya más de cuatro décadas, el mejoramiento integral de barrios en Argentina ha sido reconocido como un abordaje idóneo para enfrentar el desafío de los asentamientos informales. Sin embargo, no es hasta 2018 cuando estas iniciativas –impulsadas por las organizaciones sectoriales de base territorial– alcanzan el estatus de política de Estado. La sanción de la Ley 27453/18 que establece el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y su decreto reglamentario 819/ 2019, declararon de interés público el régimen de integración socio urbana de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) –creado por el Decreto N° 358/17–. Asimismo, suspende desalojos de barrios RENABAP y declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los barrios RENABAP (Di Virgilio, 2024: 82). 4.1. Giros institucionales, políticos y semánticos en torno del hábitat popular En este apartado nos mueve la intención de iluminar las innovaciones contenidas en los dispositivos institucionales emergentes que atañen al hábitat popular. Y de abordar los giros políticos y semánticos que trae aparejados. Asimismo, nos proponemos reflexionar sobre las implicancias epistemológicas que conllevan estos giros para el estudio del acceso al hábitat de las clases populares o, en términos más generales, de la relación entre hábitat y clases populares. En términos políticos la creación del RENABAP logró reinscribir en el campo de las luchas populares –ahora territorializadas y encarnadas en un nuevo actor–, la histórica demanda de reconocimiento de los pobladores-propietarios de hecho –núcleo duro de la clase plebeya a la que ya aludimos–, junto a la lucha por la tierra y el trabajo. Todo ello le confirió centralidad a la cuestión del hábitat, abandonando una mirada sectorial y problematizando las condiciones de la reproducción social de los hogares que conforman la economía popular. En este punto, advertimos en este proceso de institucionalización una innovación que tensiona los modos tradicionales de abordar las demandas vinculadas a las urbanizaciones populares. Reconocemos, particularmente, un movimiento “desde abajo hacia arriba” que introdujo cambios en las estructuras del Estado nacional y provincial con la creación de áreas específicas de gestión21 y la incorporación de referentes de las organizaciones que integran la CTEP en lugares claves de decisión. Esto supuso un quiebre con una larga tradición en la gestión de las políticas públicas de mejoramiento de barrios populares, que operaba al son de la voluntad política y la capacidad de negociación de los intendentes distritales –aquellos del Conurbano Bonaerense como ejemplo cabal– con el gobierno nacional, en pos de obtener los fondos implicados en estas. Es decir que se produjo un desplazamiento del poder desde los gobiernos locales hacia las propias organizaciones, para atender y dar respuesta a estas demandas, priorizando territorios populares y asignando obras y fondos, sin ignorar las lógicas de acumulación política que intervinieron en el accionar de los referentes de dichas organizaciones. El RENABAP puede leerse como un modo nuevo de componer el hábitat popular; es decir, es hábitat popular aquello plasmado en el registro, y podrá serlo aquello susceptible de ser ingresado en él. El hábitat popular queda constituido como totalidad territorial popular inscripta e institucionalizada en un Registro Nacional; y, más aún, se halla cartografiada confiriéndole un reconocimiento público que revierte una prolongada invisibilización en los registros oficiales, no exentos de complicidad. El hábitat popular salió del closet y se repuso como un territorio con límites precisos, con superficies medibles, con un stock de viviendas susceptible de ser cuantificado y por sobre todo con una nueva soberanía, que desplaza a la categoría “informalidad” para cualificar a la urbanización popular. Ahora, esta totalidad territorial da cuerpo a una nueva geografía, se la concibe a partir de otras categorías –barrios populares–, posee estructuras de gestión estatal creadas ad hoc (con sus correspondientes partidas presupuestarias) con vistas a atender su demanda, así como una nueva legislación que le atribuye el potencial de restituir su propiedad a sus propietarios de hecho, entre otras cuestiones. Otro dispositivo (nuevo) que retrata esta institucionalización es el Certificado de Vivienda Familiar (CVF), que cubre a los hogares habitantes de estos barrios. Siguiendo a Miranda Gasull (2022) El RENABAP promovió como resultado un dispositivo fundamental denominado Certificado de Vivienda Familiar (CVF), mediante el Decreto 358/2017, que habilita a acreditar domicilio legal o fiscal, solicitar acceso a servicios públicos (agua corriente, cloaca, energía eléctrica y red de gas natural) y gestionar el CUIT-CUIL (Miranda Gasull, 2022: 8). En el mismo sentido, Lorza (2019) señala que el CVF “funciona como un marco intermedio sobre la seguridad de la tenencia, es decir, el congelamiento de los desalojos y la protección del suelo donde se ubican los barrios”. Postulamos que se trata de un nuevo mojón en el proceso de innovaciones institucionales implicadas porque admite una lectura en clave de certificación del derecho de posesión y permanencia de los pobladores, eludiendo, a priori, la distinción del carácter informal bajo el cual se posee el bien o los bienes (suelo y vivienda). De modo que la propiedad de las tierras por parte de los sectores estudiados es objeto de una formalización de facto. Como ya expusimos, coincidimos con Lorza (2019) cuando señala que no son sometidas a discusión cuestiones medulares, como la propiedad del suelo y los procesos que inciden en el origen y persistencia de los asentamientos. No obstante, sí abre una fisura en los modos de comprender y actuar sobre la cuestión del hábitat popular que a futuro puede amplificarse para introducir respuestas, incluso, respecto de las cuestiones medulares. Asimismo, debe ponderarse que la gestión del CVF se asocia, además, a un organismo (ANSES) que ya había cobrado protagonismo durante la posconvertibilidad a partir de las políticas que ampliaron los marcos de la seguridad social (por ejemplo, la moratoria jubilatoria y la AUH) reforzando una continuidad en términos de ampliación de derechos para esta clase plebeya. Por último, para establecer algún contrapunto con el enunciado que minimiza los alcances con relación a las trasformaciones materiales que puede promover el CVF (Gasull, 2022) recuperamos la evidencia empírica recogida en el sector “0”de Villa Jardín. Tabla 10. Hogares del sector “0” de Villa Jardín que tienen Certificado de Vivienda Familiar según tipo de uso que hacen del mismo.

Tipo de uso	Porcentaje de hogares
Nada	71,4%
Gestionar préstamos o subsidios	21,7%
Hacer trámites en el Estado	5,6%
Pedir servicios públicos	1,3%
Total	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos de la encuesta realizada en barrio Villa Jardín, Lanús. Agosto y septiembre de 2023 Base: 296 respuestas. En la tabla 10 observamos la cantidad de hogares que han obtenido el Certificado y el tipo de uso que le han conferido. En este caso el 40% de los hogares del sector “0” de Villa Jardín cuenta con el CVF, vale señalar que en ningún caso se trata de hogares inquilinos. Poco menos del 30% de los mismos respondieron haberlo utilizado frente a la pregunta acerca de qué tipo de uso le dieron. Dentro de este universo dos tercios comentaron haberlo utilizado para gestionar préstamos o subsidios, siguiendo el testimonio de una vecina: Bueno, nosotros hace poco cobramos lo que es “Mi Pieza” [...] Y este año me llegó… como que había salido sorteada, no sé, me depositaron. Me pidieron algunos requisitos, los mandé y dije, bueno, y sí lo cobré. Ya lo usé, ya lo tengo hecho arriba. Hicimos las piezas de las nenas arriba y un bañito. No alcanzó, pero bueno, pudimos poner la otra parte. Sí, sí, sí. Ahora tengo que mandar las cosas de la obra terminada (Vecina del sector “0” de Villa Jardín). El resto lo utilizó para hacer trámites en el Estado y un porcentaje un poco por encima del 1% para tramitar servicios públicos. En cuanto al giro semántico que señalamos en el comienzo de este apartado, aludimos específicamente a la sustitución de las categorías “villas” y “asentamientos” por la categoría “barrios populares” que propone el RENABAP. De modo que asistimos al abandono de la denominación sostenida en una clasificación tipológica tradicional (amparada en los aspectos morfológicos de las urbanizaciones) con sus connotaciones vinculadas principalmente a la pobreza, a la informalidad e ilegalidad, para recomponer un significado que remite al carácter social de estos territorios urbanos. La operacionalización que hace RENABAP de la categoría “barrios populares” establece que se trata de “donde viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”. En esta definición de barrio popular se aprecia una ruptura con respecto a las operacionalizaciones que más se reprodujeron en la literatura académica para caracterizar a las villas y los asentamientos. A modo de ejemplo, citamos la recuperada por Cravino (2006) para el caso de las villas: urbanizaciones autoproducidas a partir de ocupaciones de tierra vacante, mediante prácticas individuales y diferidas en el tiempo, con particularidades en su conformación (trama urbana irregular, en áreas con buena localización sobre tierras fiscales; poseen alta densidad poblacional; cuyos pobladores poseen bajo nivel educativo y alto nivel de precarización laboral (Cravino, 2006: 36-37). Con este ejemplo, se evidencia que el carácter “popular” de las villas queda significado en torno del bajo nivel educativo y precarización laboral que portan sus pobladores. Por último, en cuanto a las implicancias epistemológicas, nos referimos específicamente a la trabazón entre hábitat popular y economía popular como resultado de este proceso de institucionalización y, en consecuencia, a la recomposición del objeto hábitat popular en las investigaciones académicas. Se impone, entonces, la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de adoptar una perspectiva teórica de economía popular (Coraggio, 1999; Cabrera y Vio, 2014; Gago, 2016; Chena, 2017; Maldován Bonelli, 2018). Ya se cuentan antecedentes en este sentido (D’Angelo, 2017; Martinelli, 2018; Vio, 2018, 2021), aquí solo proponemos mencionar algunas aristas de esta implicancia epistemológica que retomaremos en futuras investigaciones. En particular, adoptar una perspectiva de economía popular, implica conferirle centralidad al hogar como unidad indivisible frente a la resolución de la necesidad habitacional. Cuando se ubica el hogar en el centro, ocurre que el estudio de cómo satisface su necesidad habitacional se reinscribe en el estudio de las modalidades de satisfacción del resto de sus necesidades prioritarias: acceso a alimentos, ingresos, trabajo, salud, educación. De modo que lo que se pone en juego es el estudio de una matriz de estrategias de reproducción social que es específica de la economía popular en la que el acceso al hábitat asume un papel central, incluso para delimitar al propio universo de economía popular. Volviendo a la definición de Cabrera y Vio (2014), entonces, la economía popular se puede entender como una matriz específica de estrategias de reproducción social que se distingue especialmente por el modo en que los hogares resuelven su necesidad habitacional (bajo múltiples modalidades que no incluye la compra en el mercado inmobiliario formal). Es claro en esta definición el esfuerzo por dar cuenta de esta ligazón entre hábitat popular y economía popular. Por otro lado, la adopción de una perspectiva de economía popular pone de manifiesto la inseparabilidad del estudio del hábitat popular y el territorio, o en términos más específicos de los hogares en relación con los barrios populares que habitan y sus entramados sociales y políticos (Zucchiatti, 2024). En particular, durante la posconvertibilidad los barrios tensionaron la concepción ontológica que se construyó en torno de ellos, como lugares de residencia de las clases populares, y comenzaron a ser individualizados como matrices de asignación de las políticas sociales de transferencia de ingresos y locus de ejecución de las contraprestaciones que estas aparejaron (Cabrera, 2023). Gago (2021) también da cuenta de esta ligazón entre hábitat y economía popular y alerta sobre la necesidad de abandonar miradas que tendieron a retratar a estos barrios como lugares descartables. Por el contrario, la autora llama la atención sobre el potencial creativo de la economía popular (que se despliega en estos ámbitos) “para reinventar modos de ganarse la vida en contextos de precariedad y de transformar en productivos aquellos territorios que históricamente fueron pensados como relegados”. Abona a este enunciado lo observado en una investigación anterior a este trabajo, que estudió en profundidad el modo en que los hogares de barrios populares del partido de San Martín tejieron una economía local popular con base en diversas prácticas de recuperación y comercialización de residuos (Vio, 2018) que garantiza la reproducción de cientos de hogares. Por último, advertimos otra implicancia epistemológica en la pérdida de centralidad de la categoría “informal” para actualizar las discusiones en el campo del hábitat popular que se emparenta con las objeciones que hace Gago (2021) acerca de la vigencia de esta categoría para problematizar a las economías populares: La noción de economías populares buscar abrir otro espacio epistémico, económico y político que desborda y a la vez problematiza el corset de la informalidad. Primero por la definición por la afirmativa de lo que efectivamente son, lo que nos sitúa en otro lugar para incluso debatir el trabajo formal e informal, sus marcos regulatorios y sus horizontes temporales. No se trata, como muchas veces se insinúa de romantizar lo que efectivamente hacen las economías populares. Sino de desplazar la enunciación de una informalidad asentada en una serie de coordenadas que limitan los modos de pensar los ingresos, las formas organizativas, la conquista de derechos y la productividad de enormes contingentes de trabajadorxs (Gago, 2021: 220).

Coincidimos con este enfoque y en la necesidad de introducir un desplazamiento de las coordenadas en las que se asienta la informalidad para romper los límites que impone a los modos de pensar, interpretar y actuar en los procesos de urbanización popular. 5. Conclusiones En este artículo nos centramos en el análisis de dos escenarios recientes que se configuraron en torno del hábitat popular y que como indica su título pueden leerse en clave de cara y ceca de una misma moneda. El primero de ellos refiere al proceso de inquilinización que emergió en los barrios populares del conurbano, estableciendo un nuevo mojón en las estrategias de acceso a la ciudad de las clases populares y profundizando las históricas diferencias en el acceso al hábitat. Nuestro análisis priorizó la evidencia empírica y aportó lo observado, en el relevamiento llevado a cabo entre los meses de agosto y septiembre de 2023 en un sector de Villa Jardín, en el partido de Lanús, y en el marco de un convenio de cooperación mutua entre el Ministerio Público de La Defensa y la Universidad Nacional de Avellaneda. Con los resultados obtenidos estamos en condiciones de afirmar que se trata de un fenómeno reciente cuyo origen situamos en el año 2018 (para el caso de Villa Jardín) y se sostuvo sin solución de continuidad hasta el año 2023, fecha de realización del relevamiento. Tomando en cuenta lo referido por Labiano (2018), pensamos que se trata de un proceso que acompaña el cambio de tendencia en el régimen de tenencia de la vivienda que tiene alcance nacional y cuyas primeras manifestaciones datan del año 2001. La particularidad de nuestro escenario atañe a que este proceso emerge como novedad en los barrios populares que históricamente se conformaron con base en estrategias que, por un lado, apuntaron a la autoproducción de la vivienda y, por otro, delimitaron modalidades de tenencia entre las cuáles cobró protagonismo la propiedad de hecho. Por lo tanto, estamos frente a un nuevo panorama del hábitat que trae aparejadas dos reconfiguraciones: i) un cambio en la matriz de estrategias de los hogares de las clases populares, específicamente vinculado al modo en que acceden al suelo y a la vivienda en los barrios populares y ii) el empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares inquilinos de barrios populares si se las compara con las de los hogares que revisten otros tipos de tenencia sobre sus viviendas. Postulamos, entonces, que se asiste a un nuevo piso de ciudadanía que no se dirime ya en el acceso a la “ciudad formal” o la “ciudad informal” sino en el núcleo mismo de los barrios populares. Este piso establece una nueva diferencia y habilita una nueva distinción entre los habitantes de estos barrios, es decir entre los propietarios de hecho y los inquilinos. Coincidimos con Labiano (2018) en que esta diferencia condiciona el flujo de ingresos corrientes para el pago del alquiler y, en consecuencia, implica que los hogares inquilinos deban asumir un mayor costo para su reproducción. El segundo escenario al que nos abocamos en este artículo refiere al proceso de institucionalización del hábitat popular, que queda sustanciado en la creación del RENABAP por decreto, en el 2017. Nuestra hipótesis sostiene que se trata de un proceso inscripto en otro, más amplio, que remite a la conformación de un actor que irrumpe en la escena política nacional y que queda cristalizado en la CETEP, creada en el 2011. Respecto de este escenario, un primer hallazgo remite al reconocimiento del carácter innovador de los dispositivos institucionales emergentes que confieren un nuevo estatus al hábitat popular. Destacamos, específicamente, el CVF que pueden solicitar los hogares de los barrios populares ya ingresados al RENABAP, el que actúa como resguardo frente al desalojo, permite acreditar domicilio y solicitar la conexión a servicios básicos. Así la coyuntura del hábitat popular en el conurbano actualiza sus coordenadas. Por un lado, los propietarios de hecho pueden disponer de un certificado de propiedad de facto con la adquisición del CVF. Por otro lado, el universo del hábitat popular queda repuesto como una totalidad territorial cartografiada en un Registro público y sus villas y asentamientos son objeto de una nueva denominación: barrios populares. Un segundo hallazgo alumbra las implicancias políticas, semánticas y epistemológicas que arrastra este proceso de institucionalización. Respecto de las primeras, nos referimos especialmente al rol de la CTEP y su capacidad de negociación con el Poder Legislativo y Ejecutivo para conquistar nuevos derechos y recursos para los hogares que habitan los barrios populares. En la misma línea, reconocemos la capacidad de este actor para marcar la agenda del hábitat popular que, hasta entonces, fue potestad de los intendentes distritales en el caso de los barrios populares situados en el Conurbano Bonaerense. Otra reconfiguración política remite a la ligazón entre hábitat y economía popular que, equivale a decir que la lucha por reivindicar el derecho a la vivienda confluyó con la del acceso a la tierra y al trabajo. De estas implicancias se desprende otra semántica que tiene derivaciones epistemológicas. Una fundamental tiene que ver con la ligazón que queda establecida entre los términos hábitat popular y economía popular que cuestiona la necesidad de adoptar otros prismas para los objetos de investigación que se configuran en el campo de los estudios del hábitat. Se trata de incorporar coordenadas teóricas que articulen una problematización entre ambos términos, lo que conlleva poner en el centro del análisis a los hogares y sus estrategias de reproducción, confiriéndole centralidad a las estrategias de acceso al hábitat. De igual modo implica el abandono o desplazamiento de viejos prismas y categorías que dirimieron las discusiones en este campo. Por último, pretendemos esbozar las intersecciones que identificamos entre ambos escenarios, sobre las que continuaremos profundizando en un próximo trabajo. Postulamos que la cuestión de la tenencia cobra centralidad tanto en el proceso de inquilinización como en el de institucionalización y, en consecuencia, asistimos a la delimitación un nuevo objeto de investigación si se propone avanzar en la comprensión de la actualidad del hábitat popular en el conurbano. Coincidimos con Labiano (2018) cuando señala que incluso la situación de tenencia puede ser sostén de los análisis orientados a problematizar las desigualdades sociales por el peso que tiene en la determinación de las condiciones de vida de los hogares. Una segunda intersección queda establecida en torno de la obsolescencia que manifiesta la categoría “informal” como condensadora de la coyuntura que atañe al hábitat popular. El caso de la inquilinización incipiente invita a producir un desplazamiento en el debate: ya no solo se trata de cómo acceden los hogares populares al suelo y a la vivienda en la ciudad sino cómo acceden a los propios barrios populares que por definición son informales. Es decir que la histórica dicotomía entre formal e informal debe reformularse para dar cuenta de las barreras que se imponen en el seno mismo de la ciudad informal para que los hogares satisfagan sus necesidades habitacionales. En el caso de la institucionalización que promueve el RENABAP la informalidad queda matizada por la legitimidad que cobran los barrios populares en su ingreso al Registro y por el atenuante que significa la posesión del CVF frente a la situación de informalidad dominial que revisten sus ocupantes. Finalmente, otro punto atañe a la reconfiguración que ambos escenarios inducen en las estrategias de reproducción de los hogares de barrios populares que, a priori, se manifiestan opuestas. En el caso de los hogares inquilinos se asiste a la reconfiguración del menú de opciones para la reproducción, la propiedad de hecho deja de ser una opción y una parte de sus ingresos debe asignarse mensualmente para garantizar la permanencia residencial. Por el contrario, la institucionalización del hábitat popular introduce un cambio en la matriz de estrategias abriendo un horizonte de estabilidad y permanencia para los hogares, así como de oportunidades para la reproducción en la medida en que estas quedan ancladas al nuevo estatus que asumen sus condiciones residenciales. 6. Referencias bibliográficas

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