SOCIEDAD Y
DESIGUALDADES
AÑO I | NÚMERO 1
NOVIEMBRE 2024
ABRIL 2025
XXXX-XXXX
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES EN CONTEXTOS DE DESIGUALDADES (IESCODE)
Las desigualdades de género en el cambio climático Fabio Heredia
Universidad Nacional de José C. Paz, Argentina
fabio_heredia@hotmail.com / ORCID: 0009-0000-2069-0203

Recibido: 9 de marzo de 2024. Aceptado: 18 de julio de 2024. Resumen El cambio climático emerge como un factor crucial que influye en la distribución desigual de los impactos ambientales y socioeconómicos, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, potenciando las brechas existentes y creando nuevas formas de desigualdad. En este contexto, el presente trabajo de investigación se centra en explorar el rol del cambio climático y su incidencia en las desigualdades de género y los derechos humanos, analizando sus múltiples dimensiones y manifestaciones. El cambio climático actúa como un multiplicador de riesgos que agrava las condiciones de vida de las poblaciones menos protegidas, limitando su acceso a recursos vitales como agua potable, alimentos, vivienda adecuada y servicios de salud. Las comunidades con menos recursos económicos suelen habitar en zonas vulnerables a fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor, lo que aumenta su exposición a peligros ambientales y reduce su capacidad de adaptación. Además, el cambio climático puede desencadenar procesos de desplazamiento y migración forzada, especialmente en áreas propensas a eventos climáticos extremos y degradación ambiental. Estos movimientos poblacionales pueden generar tensiones socioeconómicas y conflictos. En este contexto, es fundamental adoptar enfoques integrados y equitativos para abordar las desigualdades ambientales promoviendo la justicia climática y la resiliencia comunitaria. Esto implica la implementación de políticas y medidas de adaptación y mitigación que tengan en cuenta las necesidades y preocupaciones de las poblaciones más vulnerables, así como la redistribución equitativa de los beneficios y cargas asociados con la acción climática. Palabras clave: cambio climático | desigualdades| desigualdades | derechos humanos
Gender inequalities in climate change Abstract Climate change emerges as a crucial factor influencing the uneven distribution of environmental and socioeconomic impacts, disproportionately affecting the most vulnerable communities, exacerbating existing gaps, and creating new forms of inequality. In this context, this research focuses on exploring the role of climate change and its impact on gender inequalities and human rights, analyzing its multiple dimensions and manifestations. Climate change acts as a risk multiplier exacerbating living conditions for the least protected populations, limiting their access to vital resources such as clean water, food, adequate housing, and health services. Communities with fewer economic resources often inhabit areas vulnerable to extreme weather events, such as floods, droughts, storms, and heatwaves, increasing their exposure to environmental hazards and reducing their capacity for adaptation. Furthermore, climate change can trigger processes of displacement and forced migration, especially in areas prone to extreme weather events and environmental degradation. These population movements can generate socioeconomic tensions and conflicts. In this context, it is essential to adopt integrated and equitable approaches to address environmental inequalities, promoting climate justice and community resilience. This entails implementing adaptation and mitigation policies and measures that take into account the needs and concerns of the most vulnerable populations, as well as the equitable redistribution of benefits and burdens associated with climate action.
1. Introducción El cambio climático se ha consolidado como uno de los desafíos globales a combatir de la actualidad, con repercusiones mundiales que afectan a todos los aspectos de la vida, produciendo fuertes desequilibrios naturales. Sin embargo, sus impactos no se distribuyen de manera equitativa, profundizando las desigualdades existentes. En esta investigación, me centro en el contexto de América Latina y el Caribe en general con un enfoque particular de nuestro país, para examinar las intersecciones entre el cambio climático y las desigualdades ambientales, destacando particularmente los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los derechos humanos y las perspectivas de género. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas ofrecen un marco global para abordar los desafíos interrelacionados del desarrollo humano, la sostenibilidad ambiental y la justicia social. En el contexto argentino, los ODS proporcionan una hoja de ruta para orientar las políticas y acciones hacia un futuro más equitativo y sostenible. Los ODS más relevantes para esta investigación son el ODS 5 (Igualdad de Género) y el ODS 13 (Acción por el Clima). Estos objetivos están estrechamente interconectados y requieren enfoques integrados que aborden las desigualdades y promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible para todos. Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental abordar las desigualdades ambientales en Argentina, para garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. El Estado argentino tiene la obligación de proteger y promover el derecho a un medio ambiente sano y seguro. Sin embargo, las políticas y prácticas actuales no siempre reflejan estos compromisos, lo que profundiza las desigualdades existentes y deja a muchas comunidades marginadas sin protección frente a los impactos del cambio climático. La perspectiva de género ofrece una lente analítica destacada para comprender cómo el cambio climático afecta de manera diferente a las mujeres y a los hombres, así como a otros grupos de nuestra sociedad. En Argentina, las mujeres enfrentan desafíos adicionales derivados de las desigualdades de género arraigadas, que se ven por los impactos del cambio climático. El objetivo de esta investigación es analizar y visibilizar las desigualdades ambientales derivadas del cambio climático en América Latina y el Caribe, con un enfoque particular en Argentina. Se explorarán las intersecciones entre el cambio climático, las desigualdades ambientales, los derechos humanos y las perspectivas de género, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se busca proporcionar conocimiento y orientación para promover políticas y acciones que fomenten un desarrollo más equitativo y sostenible, asegurando el cumplimiento de los derechos de todas las personas, especialmente de las comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático. 2. Metodologías y fuentes de análisis del estudio La metodología utilizada fue el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para analizar la relación entre el cambio climático y las desigualdades ambientales, por una parte; y por la otra, el análisis de políticas gubernamentales para evaluar su efectividad y su impacto en la mitigación de las desigualdades. Con respecto a las fuentes de análisis se destacan los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dependientes de las Naciones Unidas, que proporcionan datos y análisis sobre los impactos del cambio climático y las desigualdades. Además, los estudios académicos e investigaciones en el campo de la ecología, sociología, economía y geografía que abordan la confluencia entre el cambio climático y las desigualdades de género y ambientales. Al combinar diferentes metodologías y fuentes de análisis, se puede obtener una comprensión más completa de las desigualdades ambientales y el papel del cambio climático. 3. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) En el año 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas suscribieron en la Asamblea General la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, considerada un plan de acción a favor de las personas y del planeta. Su mayor desafío es la erradicación de la pobreza como eje central de la propuesta. Contiene 17 objetivos con 169 metas claramente identificadas, siendo integrador e indivisible, abarcando las esferas económica, social y ambiental. Los Estados firmantes se comprometieron con el aporte de los medios necesarios para trabajar en este sentido, concentrando los esfuerzos en los sectores más pobres y vulnerables (Heredia, 2022).
Los Estados señalaron en la resolución: Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales (Resolución ONU, 2015). Los ODS son una serie de metas globales establecidas por las Naciones Unidas para abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales más apremiantes que enfrenta el mundo. Para esta investigación voy a abordar: a) ODS 5: Igualdad de Género. Este objetivo busca alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La desigualdad de género está estrechamente relacionada con las desigualdades ambientales y el cambio climático, ya que las mujeres suelen enfrentar mayores riesgos y desafíos en situaciones de crisis ambiental. Es fundamental garantizar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, así como asegurar su acceso a recursos y oportunidades para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático. Promover la igualdad de género no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia efectiva para abordar los desafíos ambientales de manera más equitativa y sostenible. Las mujeres, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas, enfrentan barreras adicionales en el contexto del cambio climático, ya que son responsables de actividades como la agricultura y la gestión de recursos naturales, y a menudo tienen menos acceso a recursos y oportunidades para adaptarse a los cambios ambientales. b) ODS 13: Acción por el Clima. Este objetivo se centra en tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Reconoce la importancia de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático, así como movilizar recursos financieros y tecnológicos para apoyar acciones climáticas a nivel global. Para lograr este objetivo, es necesario adoptar enfoques integrados que aborden tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, así como promover la colaboración entre gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad científica. Además, es crucial garantizar que estas acciones climáticas sean inclusivas y equitativas, teniendo en cuenta las necesidades y preocupaciones de las poblaciones más vulnerables y marginadas. Toda América Latina y el Caribe es vulnerable a una serie de impactos del cambio climático, que van desde el aumento de las temperaturas extremas y la variabilidad de las precipitaciones como inundaciones y sequías sufridas recientemente. Estos fenómenos pueden tener consecuencias devastadoras para la agricultura, la seguridad alimentaria, la infraestructura y la salud pública de la región. La acción climática en Argentina es crucial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la resiliencia de las comunidades y proteger los ecosistemas naturales que sustentan la vida en el país. Los ODS 5 y 13 son fundamentales para abordar las desigualdades ambientales y el cambio climático, ya que se centran en erradicar la pobreza, promover la igualdad de género y tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Estos objetivos proporcionan un marco integral para guiar las acciones a nivel mundial hacia un desarrollo más sostenible, inclusivo y resiliente frente a los desafíos ambientales y socioeconómicos. La realidad argentina enfrenta desafíos claves relacionados con la pobreza, la igualdad de género y el cambio climático que afectan a las comunidades en todo el país. Abordar estas cuestiones de manera integral y coordinada es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en nuestro territorio, es parte de nuestra democracia. La democracia ambiental según las instituciones World Resources Institute y Environmental Democracy destacan la comprensión de los derechos de: acceder libremente a la información sobre la calidad y los problemas ambientales; participar de manera significativa en la toma de decisiones y solicitar la ejecución de las leyes ambientales o la compensación por daños. La protección de estos derechos, en el caso de la población marginada y vulnerable, es el eje central para promover la equidad y la justicia en el desarrollo sostenible. Una base jurídica firme es el punto de partida para reconocer, proteger y aplicar la democracia ambiental (Heredia, 2023). 4. Desigualdad de género y crisis climática La disparidad de género ha sido una característica marcada en América Latina y el Caribe a lo largo de la historia, provocando décadas de acumulación de riqueza desigual, degradación ambiental y marginalización de las condiciones de vida de las mujeres. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región, la desigualdad de género se manifiesta en varios aspectos estructurales: la brecha socioeconómica y la persistencia de la pobreza en un contexto de crecimiento económico excluyente; los arraigados patrones culturales patriarcales, que perpetúan la discriminación y la violencia de género; la división sexual del trabajo y la injusta distribución de responsabilidades de cuidado, y la concentración desproporcionada de poder y relaciones de dominación en el ámbito público. Estos elementos se entrelazan y refuerzan mutuamente, dando lugar a sistemas socioeconómicos, culturales y de valores complejos que obstaculizan y limitan la efectividad de las políticas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (CEPAL, 2017). Conforme al marco normativo internacional sobre derechos humanos, los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna, incluyendo la discriminación basada en género y otros factores como la etnia, el idioma, la religión, las capacidades diferentes y cualquier otra condición. Los instrumentos de derechos humanos, particularmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificada por todos los Estados de América Latina y el Caribe, imponen a los Estados la obligación de asegurar la igualdad sustantiva y la plena realización de los derechos de las mujeres, así como adoptar medidas para erradicar todas las formas de discriminación contra ellas. A comienzo de la década de los noventa y hasta la actualidad, la evolución de la política ambiental ha reconocido la importancia de los derechos humanos y la igualdad de género en los marcos de desarrollo sostenible. Este reconocimiento es resultado de los acuerdos alcanzados en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, junto con los esfuerzos y contribuciones de organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos y ambientales, así como de la sociedad civil, los organismos públicos e instituciones de investigación. Todos ellos trabajan para garantizar que los desafíos del desarrollo y la promoción de los derechos humanos y la igualdad se aborden en las políticas ambientales. La CEPAL promueve una Agenda Regional de Género que busca garantizar todos los derechos de las mujeres, incluidos los derechos colectivos y ambientales para promover estilos de desarrollo sostenible que fomenten la autonomía económica y la toma de decisiones de las mujeres en la región, según lo acordado en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Destacan en este ámbito el Consenso de Brasilia (2010), la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2017) y el Compromiso de Santiago (2020). Las desigualdades de género continúan siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y se manifiestan en diversos ámbitos y sectores, incluidas las iniciativas relacionadas con la adaptación y la mitigación del cambio climático. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, emerge como un hito de importancia crítica para la región. Este tratado regional vinculante sobre el medio ambiente tiene como objetivo primordial avanzar hacia la plena implementación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos y decisiones ambientales. El contexto mundial demanda recursos naturales en aumento y el tema ambiental se posiciona como un tema relevante para acordar un consumo sustentable. “En todo el mundo, diversas comunidades y activistas han alzado la voz para prevenir el daño irreversible al medio ambiente y promover alternativas a través de un desarrollo más sostenible” (Forst, 2018). Como señala Picard (2021): bajo el marco del Objetivo de Desarrollo 5 en relación con el cambio climático, los desastres y el riesgo ambiental, se evidencia que las desigualdades de género en el acceso a los recursos socioeconómicos y la marginación de las mujeres en la gobernanza nacional y local son factores de riesgo construidos socialmente. Esto cambia la narrativa sobre cómo abordar los resultados de la desigualdad de género, pasando de la antigua historia de ayudar a los vulnerables a la nueva historia de abordar la desigualdad de género como un factor subyacente del riesgo y empoderar a las mujeres mediante una mayor presencia, voz, agencia y recursos en el proceso de formulación de políticas e instituciones ejecutoras. Por lo tanto, la acción climática puede generar nuevas desigualdades, o bien dirigirse intencionalmente a superarlas y acelerar el avance hacia la igualdad de género. A medida que los países y las comunidades revisan sus estructuras normativas, económicas y socioculturales en respuesta al cambio climático, se hace posible identificar y abordar las desigualdades de género que se mantienen en la sociedad actual. 5. Género y calentamiento global: explorando las raíces de la desigualdad La discusión sobre el cambio climático ha estado dominada por aspectos económicos y ambientales, descuidando la consideración de los derechos humanos, la situación de las mujeres y las desigualdades de género. Esta falta de enfoque de género en el debate deja fuera de análisis las implicaciones del cambio climático en diferentes poblaciones y cómo afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Las actividades económicas que sustentan la economía mundial generan emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que afectan al cambio climático. Sin embargo, los países que más emiten GEI no asumen completamente los costos de las consecuencias, que se distribuyen de manera desigual entre los países y también entre hombres y mujeres. Los países más desarrollados, que emiten la mayor cantidad de GEI, son también los mejor equipados para adaptarse a los efectos del cambio climático, mientras que los países con menores emisiones están más expuestos a sus consecuencias y tienen menos recursos para adaptarse. Esta injusta dinámica afecta especialmente a América Latina y el Caribe, que contribuye con menos del 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2), pero es altamente sensible a los efectos del cambio climático, especialmente en el Caribe y América Central. Factores como la situación geográfica y climática, las condiciones socioeconómicas y demográficas, y la alta sensibilidad al clima de sus recursos naturales contribuyen a esta vulnerabilidad. Ante esta situación, la región ha expresado la necesidad de centrarse en la resiliencia y en medidas de adaptación para hacer frente a los efectos del cambio climático. Según el Grupo Intergubernamental de Personas Expertas sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), si se mantiene la trayectoria actual, es probable que la temperatura media mundial aumente más de 1,5 grados centígrados entre 2030 y 2052. Este aumento tendría efectos devastadores, incluyendo cambios en los patrones climáticos, intensificación de desastres naturales y pérdida de ecosistemas, lo que dificultaría la superación de la pobreza y la desigualdad, así como el logro del desarrollo sostenible. Los efectos del calentamiento global afectarán desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, provocando inseguridad alimentaria, aumento de precios de los alimentos, pérdida de ingresos, impactos en la salud y desplazamientos, especialmente en poblaciones agrícolas y costeras, mujeres, pueblos indígenas, niños, niñas, personas mayores y poblaciones de países insulares como los del Caribe. Al respecto, el IPCC destaca que: Las diferencias en vulnerabilidad y exposición surgen de factores no climáticos y de desigualdades multidimensionales a menudo producidas por procesos de desarrollo desiguales. Estas diferencias dan forma a los riesgos diferenciales del cambio climático [...] Las personas que están marginadas social, económica, cultural, política, institucional o de otra manera son especialmente vulnerables al cambio climático y también a algunas respuestas de adaptación y mitigación [...] Esta vulnerabilidad aumentada rara vez se debe a una sola causa. Más bien, es el producto de la intersección de procesos sociales que dan como resultado desigualdades en el estado socioeconómico y los ingresos, así como en la exposición. Dichos procesos sociales incluyen, por ejemplo, la discriminación basada en el género, la clase, el origen étnico, la edad y la (dis)capacidad (IPCC, 2014). En América Latina y el Caribe, las encuestas de uso del tiempo realizadas en diversos países confirman la persistente y desequilibrada división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado. Según estos datos, las mujeres dedican aproximadamente dos tercios de su tiempo al trabajo no remunerado y un tercio al trabajo remunerado, mientras que en los hombres esta tendencia se invierte (CEPAL, 2021). El cambio climático impacta directamente en recursos naturales esenciales para la vida cotidiana, como el agua, los recursos pesqueros, la energía y la biodiversidad. La escasez o dificultad de acceso a estos recursos puede tener serias implicaciones desde una perspectiva de género, agravando la situación descripta anteriormente. Las mujeres, especialmente las rurales, indígenas y afrodescendientes, son las principales encargadas de la alimentación familiar y de recolectar recursos básicos para la subsistencia, como el agua y la leña. Por otro lado, la cultura patriarcal y el predominio de la cultura del privilegio continúan manifestándose en América Latina y el Caribe, también en relación con el cambio climático. Aunque las mujeres han sido guardianas de la biodiversidad y poseen conocimientos valiosos que pueden contribuir a soluciones sostenibles frente al cambio climático, los patrones culturales patriarcales tienden a ignorar sus conocimientos, especialmente en el caso de mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes (CEPAL, 2017a). Frente a la estructura desigual y en un contexto que amenaza la sostenibilidad de la vida, un desafío clave es garantizar que las acciones de respuesta generen las condiciones necesarias para la igualdad, y que las mujeres, en particular, no queden excluidas de la búsqueda de soluciones y la participación en los procesos de respuesta a este desafío global. 6. Interseccionalidad de género para la sostenibilidad La interseccionalidad de género es un concepto fundamental para comprender y abordar de manera efectiva los desafíos de la sostenibilidad y el cambio climático, siendo esencial para desarrollar políticas inclusivas que aborden las necesidades de todas las comunidades afectadas. El concepto fue desarrollado por Kimberlé Crenshaw en 1980, y examina cómo diferentes categorías de identidad (género, raza, clase, orientación sexual, discapacidad, etc.) se superponen, creando experiencias únicas de opresión y privilegio. Este enfoque reconoce que las personas tienen múltiples identidades que interactúan y no pueden separarse en compartimentos individuales. La interseccionalidad subraya que las experiencias de opresión y privilegio no son uniformes, y cada individuo puede enfrentar diversas formas y grados de discriminación. Se señala la necesidad de incorporar la interseccionalidad de género en el análisis de las estrategias territoriales y en el ciclo de las políticas públicas, incluyendo su diseño, elaboración, implementación, evaluación, monitoreo y redefinición (Echegoyemberry, 2018). El cambio climático no impacta a todas las personas de la misma manera. Las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, suelen ser las más afectadas por los efectos adversos del cambio climático. Esto se debe a una serie de factores interrelacionados, incluidos los roles de género, las responsabilidades familiares y las limitaciones en el acceso a recursos y oportunidades. Suelen tener menos acceso a recursos financieros, tierra y educación, lo que limita su capacidad para adaptarse y recuperarse de eventos climáticos extremos. Las mujeres en situaciones desfavorables afrontan múltiples episodios de vulnerabilidad como lo son las ambientales, sociales y económicos, por una parte; y por la otra, están expuestas a múltiples situaciones de discriminación como lo son de género, clases, etnias y nacionalidades. Por todas estas características, la desigualdad de género es considerada uno de los factores más importantes que incrementa la vulnerabilidad social de las mujeres frente al cambio climático. Estas desigualdades no pueden ser abordadas eficazmente sin un enfoque interseccional que considere las múltiples y superpuestas formas de opresión que enfrentan, por lo tanto, es necesario no solo analizar las consecuencias, sino también indagar sobre los procesos que generan las exclusiones y restricciones. La incorporación de la perspectiva de género, en particular la interseccionalidad de género, en el análisis de derechos humanos, ambiente y territorio, implica poder profundizar en las dinámicas que generan las desigualdades o exclusiones, y comprender las desigualdades sociales como emergentes de esas interrelaciones. El conocimiento sobre los procesos de gestión, cambio climático y la situación de las mujeres en materia de sustentabilidad y el peso que tienen las relaciones de género en estos procesos es insuficiente, sumado a la carencia de información estadística que muestre el impacto diferenciado y las asimetrías de género en el acceso y uso de los recursos naturales y los impactos diferenciados por sexo de las problemáticas ambientales. La articulación entre género y ambiente ha tenido poca importancia en la formulación de planes y programas públicos y esta vinculación aún se mantiene en las políticas de desarrollo. Las mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, ven limitada su autonomía, con menor o escasa participación en los espacios de decisión y gestión, desigual acceso a un trabajo formal, contrataciones precarias, sin protección de la seguridad social, sin acceso a la propiedad de la tierra, menor acceso a la educación formal (Kimberle, 1989). La interseccionalidad de género es importante para diseñar y aplicar políticas de sostenibilidad que sean verdaderamente inclusivas. Las iniciativas que incorporan un enfoque interseccional pueden empoderar a las mujeres y a otras comunidades marginalizadas, promoviendo una participación equitativa y beneficios compartidos. Además, la participación de mujeres en la toma de decisiones ambientales asegura que sus perspectivas y necesidades sean consideradas, resultando en soluciones más equitativas y efectivas. La interseccionalidad de género para la sostenibilidad con vistas al cambio climático también implica reconocer y valorar los conocimientos tradicionales y locales, que las mujeres y otras comunidades marginadas poseen. Estos conocimientos a menudo son clave para desarrollar estrategias de adaptación y mitigación que sean culturalmente apropiadas y efectivas. Abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad requiere un enfoque interseccional de género que reconozca y aborde las múltiples dimensiones de desigualdad. Este enfoque no solo es justo, sino que también es esencial para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles. Las políticas y prácticas que integran la interseccionalidad de género pueden empoderar a las comunidades marginadas, asegurar una distribución equitativa de recursos y beneficios, y crear un futuro más favorable y sostenible para todos. 7. Enfoque de género en la legislación ambiental ante el cambio climático En 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la Cumbre de la Tierra, se estableció como requisito fundamental para el desarrollo sostenible la participación plena e igualitaria de las mujeres en los asuntos ambientales. Previamente, en 1991, tuvo lugar el Congreso Mundial de Mujeres por un Planeta Saludable en Miami, donde se reunieron 1.500 mujeres de 83 países, en una movilización histórica del movimiento feminista internacional sobre temas ambientales. Este congreso resultó en el documento de política “Agenda 21 de Acción de la Mujer”, que sirvió como base para las negociaciones en las reuniones preparatorias de la CNUMAD y en la propia Cumbre de la Tierra (WEDO, 2011). El capítulo 24 de la Agenda 21, “Acción Global para las Mujeres hacia el Desarrollo Sostenible y Equitativo”, se desarrolló sobre la base de este proceso y estableció objetivos como aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones ambientales, evaluar el impacto de las políticas y programas ambientales en las mujeres, y adoptar medidas para promover la igualdad de género y prevenir la violencia contra las mujeres. Como resultado de la CNUMAD, surgieron tres Acuerdos Ambientales Multilaterales: 1. Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),
2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y
3. Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).
 La CNULD, desde su inicio, ha destacado la importancia de la participación de las mujeres en todos sus aspectos de acción. Es la primera convención ambiental en contar con un punto focal de género, que ayuda a los países a integrar la perspectiva de género en sus planes nacionales de lucha contra la desertificación. En 2011, desarrolló su marco de política y en septiembre de 2017 aprobó su primer Plan de Acción de Género (PAG) en la Conferencia de las Partes sobre diversidad biológica (COP13). Otro hito importante en esta materia fue la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, producto de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995. La Plataforma, en el objetivo estratégico K, aborda el ámbito de las mujeres y el ambiente. Bajo este objetivo se exhorta a los gobiernos a: integrar a las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, sus perspectivas y conocimientos, en igualdad de condiciones con los hombres, en la adopción de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos y el desarrollo de políticas y programas para el desarrollo sostenible, incluidos en particular los diseñados para abordar y prevenir la degradación ambiental de la tierra; y a desarrollar una estrategia de cambio para eliminar todos los obstáculos a la participación plena y equitativa de la mujer en el desarrollo sostenible y al acceso igualitario a los recursos y al control de los mismos (Naciones Unidas, 1995). La Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1979 ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), siendo el primer tratado internacional específico sobre los derechos de las mujeres. La CMNUCC reconoció abordar los temas de género a partir del año 2008, como consecuencia de la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático (GGCA). Al presente, todas las Conferencias de las Partes de la CMNUCC han incorporado la perspectiva de igualdad de género en amplias áreas temáticas y su fortalecimiento institucional se da en el año 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que buscan construir un mundo más justo, equitativo, seguro, sostenible y socialmente inclusivo, asegurando que nadie quede rezagado. La CMNUCC destaca los siguientes mandatos: a. COP 16 (2010), se adoptó por primera vez texto relacionado a consideraciones de género en uno de los mecanismos asociados a la mitigación, Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal (REDD+). b. COP 17 (2011), mediante la Decisión 3/CP.17 se aprobó la creación del Fondo Verde para el Clima (FVC o GCF por su sigla en inglés). Esta decisión contiene una serie de referencias de género en las reglas y procedimientos donde se establece que el fondo debe adoptar un enfoque sensible al género. c. COP 18 (2012), mediante la Decisión 23/CP.18, se logra que la igualdad de género se convierta en un ítem permanente en la Agenda de la COP, quitándola del apartado de “Otros asuntos”. d. COP 20 (2014), se aprueba el Programa de Trabajo de Lima sobre el Género (PTLG) (CMNUCC, 2014). Si bien la idea original de varios Estados era desarrollar el primer PAG, esto no se logró al no contar con el apoyo unánime de las Partes. e. COP 21 (2015), se firma el Acuerdo de París donde se incluye un principio rector (párr. 11, preámbulo) en el texto del acuerdo, el cual plantea un enfoque de interseccionalidad, que exhorta a las Partes a respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional (ONU, 2015). f. Primer Plan de Acción de Género (COP 23-2017) y Segundo Plan de Acción de Género (COP 25-2019) bajo la CMNUCC. El principal valor de los PAG es la operacionalización de los mandatos y decisiones con acciones concretas, responsables y tiempos de ejecución. Durante la COP 26 realizada en Glasgow en el año 2021, se aprueban un mandato destacado: Invita a las Partes y a los observadores a que presenten a través del portal destinado a las comunicaciones, hasta el 31 de marzo de 2022, información sobre los progresos realizados en la aplicación de las actividades previstas en el plan de acción sobre el género, las mejoras necesarias y la labor ulterior que proceda, incluida, según corresponda, información sobre las repercusiones multidimensionales de la pandemia de enfermedad por el coronavirus de 2019 en los progresos y sobre otras dificultades diversas que puedan repercutir en la ejecución del plan de acción sobre el género a todos los niveles en el futuro. La actualidad refleja esfuerzos a nivel internacional para abordar el vínculo entre la construcción de la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la respuesta a los efectos del cambio climático. La Cumbre sobre la Acción Climática de septiembre de 2019 trazó compromisos para una acción climática en beneficio a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y las niñas. El compromiso de los países al año 2025 son: a. Adoptar e implementar planes de acción, políticas o estrategias de cambio climático con perspectiva de género. b. Mejorar la base empírica apoyando las plataformas de conocimiento de las mujeres y cuantificando los beneficios y la efectividad de involucrar a mujeres y niñas en acciones climáticas y otras iniciativas. c. Hacer un seguimiento del progreso al incluir en sus informes regulares a los organismos de las Naciones Unidas y otros foros relacionados con esfuerzos, acciones, iniciativas que apoyan la implementación de políticas y programas climáticos con perspectiva de género. d. Promover y mejorar herramientas innovadoras que demuestren y midan el poder transformador del liderazgo de mujeres y niñas en la modificación de patrones de consumo para reducir las emisiones de carbono. e. Apoyar y promover iniciativas que fomenten la participación plena y el liderazgo de mujeres y niñas en las medidas de mitigación y adaptación, incluyendo en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo. 8. Progresos regionales en equidad de género frente al cambio climático En el marco normativo regional, esta agenda ha ganado relevancia, siendo incorporada en iniciativas como el Consenso de Brasilia y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030. El Consenso de Brasilia, emanado de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en 2010, reconoce la importancia de considerar los impactos negativos del cambio climático y los desastres en el desarrollo productivo, el uso del tiempo y el acceso al empleo de las mujeres, especialmente en áreas rurales. Esta perspectiva resalta la necesidad de abordar los desafíos climáticos desde una mirada de género, reconociendo las distintas formas en que afecta a mujeres, adolescentes y niñas, así como a otros grupos en situación de vulnerabilidad. Por su parte, la Estrategia de Montevideo enfatiza la integración de los derechos y la autonomía de las mujeres en las políticas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Reconoce que esto no solo es esencial para cumplir los compromisos globales en materia de derechos humanos y la igualdad de género, sino que también maximiza la efectividad de las políticas climáticas y los recursos disponibles. Dentro de las acciones propuestas en la Agenda Regional de Género se incluye la integración de la perspectiva de género en las políticas nacionales de adaptación y mitigación del cambio climático, considerando los impactos diferenciados en mujeres, adolescentes, niñas y otros grupos vulnerables. Además, se promueve activamente la participación de organizaciones y movimientos de mujeres en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas climáticas, así como la protección de los conocimientos tradicionales de las mujeres indígenas y afrodescendientes en la región. Estas medidas reflejan un compromiso integral con igualdad de género y la acción climática en América Latina y el Caribe. Por otra parte, el Acuerdo de Escazú, que se hizo efectivo el 22 de abril de 2021, representa un avance significativo hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Este acuerdo se destaca como un instrumento pionero y visionario, considerado uno de los más importantes en el sector ambiental y de derechos humanos de las últimas dos décadas. En esencia, el Acuerdo convierte en tratado vinculante los derechos consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El objetivo fundamental del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esta iniciativa se basa en una premisa esencial, compartida también por el Principio 10 y el Principio 20 de la Declaración de Río: para asegurar la protección del medio ambiente, el cumplimiento de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible, los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en temas ambientales. Estos tres pilares, son fundamentales para asegurar el cumplimiento de otros derechos humanos. No solo se trata del derecho a la libre asociación y a participar en el gobierno de cada país, sino también del derecho a un ambiente saludable, al acceso al agua, a la salud, a una alimentación adecuada y al derecho a vivir en paz y con dignidad. En este sentido, el Acuerdo de Escazú representa un hito crucial en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la protección de los derechos humanos en la región, donde se destaca: a. Derecho de las mujeres de acceso a la información.
b. Toma de decisiones de las mujeres en asuntos ambientales.
c. Defensa del medio ambiente y acceso a la justicia de las mujeres.
d. La protección de las mujeres defensoras del territorio y los recursos naturales.
 9. Avances en la integración del enfoque de género en acuerdos ambientales a nivel regional Se evidencian acuerdos internacionales sobre el cambio climático a nivel regional y nacional que coexisten con otros acuerdos, convenciones, tratados y compromisos, vinculando los temas de género, ambiente y cambio climático. A continuación, se hará un repaso de los más relevantes en la región. La Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en su Plan de Acción 2018-2022 contempló seis principios de los cuales dos de ellos abordan el enfoque de género: a. Transversalidad, intersectorialidad e interculturalidad; uno de los ejes transversales más importantes es la equidad e igualdad de género.
b. Coherencia de políticas de gobernabilidad y solidaridad, equidad, igualdad de género y justicia social.
Adicionalmente en su sección cinco reconoce que las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos y vulnerabilidades asociados al cambio climático. Las desventajas históricas de las mujeres, su limitado acceso a recursos, las restricciones a sus derechos y su escasa participación en los espacios de toma de decisiones son factores determinantes para hacerlas altamente vulnerables, y probablemente acrecentarán los patrones ya existentes de inequidad (ERCC, 2019). Se reconoce en este documento la importancia de incorporar el enfoque de género para abordar las condiciones de desigualdad que enfrentan especialmente las mujeres ante los efectos del cambio climático. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) incorpora un apartado dedicado a la equidad de género, donde se enfoca en la importancia de asegurar un modelo de producción y consumo sostenible. Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (2019), se ratificó la aprobación de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Esta agenda tiene como objetivo fortalecer sistemas de protección social que sean integrales y universales, teniendo en cuenta enfoques basados en derechos, género, etnia y raza. Tal como expresó la XXII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (2021), se comprometieron a promover la igualdad de género exhortando a “todos los países de la región a desarrollar acciones afirmativas en el marco de políticas públicas ambientales, de modo que se reconozcan los aportes de las mujeres al desarrollo sostenible, así como las disparidades existentes en el acceso a los recursos naturales y los efectos negativos que su explotación insostenible tiene en las mujeres y niñas”, enumerando una serie de requisitos para lograr los ODS: generar información desagregada por sexo; integrar enfoques sensibles al género en las políticas públicas; lograr un equilibrio de género en los mecanismos de participación y toma de decisiones; y diseñar políticas que permitan eliminar cualquier obstáculo legal o social a los derechos de la mujer (PNUMA, 2021a). Otros países, con planificación nacional, estrategias, hojas de ruta y planes de acción, abordaron los temas de género y cambio climático, como es el caso de Uruguay, con una Estrategia de Género y Cambio Climático (2020-2025); Paraguay, con una Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático (2017); México y Costa Rica, con enfoques relacionados con la reducción de emisiones derivadas de la deforestación; Nicaragua, con enfoque en derechos equitativos de género y acceso a los recursos forestales. En otros países del Caribe se trabaja en el programa de recuperación ante desastres con perspectiva de género, la resiliencia climática y ambiental. Se nota un avance significativo, pero no relevante, lo que implica seguir trabajando regionalmente los temas de desigualdades teniendo en cuenta áreas prioritarias en las perspectivas de género. Es necesario diseñar una estrategia de las necesidades y prioridades identificadas en la agenda regional de género y de derechos de las mujeres de América Latina y el Caribe y que se vean reflejadas en los espacios de toma de decisión a nivel internacional. Se debe fortalecer y desarrollar nuevas formas de competencias y capacidades relacionadas con la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y las acciones para enfrentar el cambio climático. Complementar con temas de resiliencia, urbanismo, soluciones basadas en la naturaleza y reducción de emisiones de GEI. Fomentar la participación y representación de las mujeres en toda su diversidad en las negociaciones y toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. La generación de conocimiento, datos y estadísticas relacionados con el cambio climático y la igualdad de género es necesaria en el análisis de los diferentes indicadores. Como señala CEPAL: la producción, el análisis y el uso de estadísticas son y deben ser parte de las políticas de igualdad de género en los países, y una prioridad entre los productores oficiales de estadísticas en los países de la región. El eje de implementación número 9 de la Estrategia de Montevideo establece que es clave generar sistemas de información para transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política. Medir y recopilar datos desde la perspectiva de género en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible abona hacia la formulación de políticas más sólidas, basadas en la evidencia, y permite evaluar la eficacia de las políticas, facilitando así un mejor desarrollo de estas (CEPAL, 2017). Es necesario trabajar en el financiamiento público y privado para dar soluciones especialmente al tema de género y cambio climático con un enfoque sostenible e igualitario. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, fijó su posición “sobre la necesidad de implementar una reforma a la arquitectura financiera internacional que, entre otras medidas, permita ampliar el apoyo financiero a los países pequeños de ingresos medianos altamente endeudados y vulnerables al cambio climático” (CEPAL, 2020). 10. Reflexiones finales América Latina y el Caribe enfrentan tanto una crisis climática como de desigualdad de género que se entrelazan y se nutren mutuamente. La región mantiene una desigualdad marcada con respecto a otras regiones del mundo que se manifiesta en su población. Los impactos del cambio climático se suman a estas desigualdades y los patrones culturales patriarcales no contribuyen con los esfuerzos por abordar la crisis climática y promover la igualdad de género. Aunque, como se ha visto a lo largo del trabajo, existen marcos normativos internacionales y regionales que se esfuerzan para eliminar las desigualdades estructurales, que se encuentran en nuestra sociedad en forma relevante. La igualdad de género en la región cuenta con una Agenda Regional de Género ambiciosa y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, que brindan oportunidades que debemos aprovechar en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la igualdad de género. Integrar la perspectiva de género en la adaptación y mitigación al cambio climático, y fortalecer la participación de las mujeres en todos los niveles es fundamental. Este camino iniciado involucra un trabajo coordinado entre todos los niveles del Estado y las organizaciones no gubernamentales ambientales que abarcan los temas propuestos. La igualdad de género junto a los temas del cambio climático deben visibilizar el nuevo paradigma de una protección profunda por la naturaleza y las propuestas ambientales. Este trabajo destaca la importancia de la implementación de la Agenda Regional de Género y el desarrollo de una hoja de ruta, con vistas a alcanzar la Agenda 2030 de la Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible a nivel regional, desde la perspectiva de la igualdad de género y los derechos humanos. En la región se identifican cuatro nudos estructurales que es necesario abordar de manera urgente como son: la desigualdad socioeconómica y la pobreza; los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos, y la cultura del privilegio; la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado; y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. La superación de estos problemas estructurales debe contemplar: marco normativo, participación de todos los sectores sociales, construcción y fortalecimiento de las capacidades existentes, financiamiento, comunicación y nuevas tecnologías, cooperación nacional e internacional, generación de datos y sistemas de información; y por último, monitoreo y evaluación permanente. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas con sus 17 objetivos y 169 metas es el compromiso mundial de todos para todos, donde la brecha de las desigualdades de género se iguala a cero, con una mirada transversal, de responsabilidad ambiental y el cuidado del medio ambiente presente y de las generaciones futuras. La generación presente tiene la obligación de manifestar las desigualdades de género hasta convertirlas en temas del pasado para beneficio de las nuevas generaciones. Es hora de comenzar a practicar la democracia ambiental para una sociedad más justa y equitativa en América Latina y el Caribe, por tener la oportunidad de ejercer un cambio significativo para liderar el desarrollo sostenible y sustentable hacia la igualdad de género con aportes innovadores a la comunidad internacional. 11. Referencias bibliográficas
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